El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha estado en el centro de la controversia esta semana tras una serie de decisiones polémicas. La agencia, que está bajo una intensa presión para cumplir con los objetivos de deportación del gobierno de Trump, primero anunció un programa de bonificaciones y luego modificó sus políticas de contratación. Estos eventos han encendido un debate sobre las éticas y el proceso legal de las medidas tomadas para acelerar las deportaciones.
ICE retira un polémico programa de bonificaciones
El 5 de agosto, ICE anunció internamente un programa piloto de 30 días que ofrecía incentivos económicos de entre $100 y $200 a los agentes que aceleraran las deportaciones. La medida tenía como objetivo reducir la acumulación de casos y los costos de detención. Sin embargo, el programa fue cancelado abruptamente menos de cuatro horas después de que el diario The New York Times pidiera explicaciones al respecto.
De acuerdo con The New York Times, expertos en inmigración criticaron la medida, calificándola de «éticamente terrible» por el riesgo de alentar a los agentes a tomar atajos y poner en peligro el debido proceso.
El ritmo de las deportaciones
Los datos de ICE muestran que el ritmo de las deportaciones ya se ha acelerado de manera significativa. En julio, la agencia alcanzó un máximo de casi 1,300 expulsiones diarias, un aumento notable en comparación con las menos de 800 diarias del año anterior. Esto refleja la presión que enfrenta la agencia para alcanzar los ambiciosos objetivos de la administración de turno.
Nuevas políticas de contratación de ICE y campaña de reclutamiento
Un día después de la polémica, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, KRISTI NOEM, anunció un importante cambio en la política de contratación de la agencia. ICE eliminará los límites de edad para los nuevos solicitantes, buscando así atraer a más «patriotas» para reforzar el personal de la agencia. La medida es parte de una campaña de reclutamiento más extensa y agresiva, respaldada por un aumento en la financiación de la agencia, cuyo presupuesto pasó de aproximadamente 8,000 millones a 28,000 millones de dólares.
