El fiscal general del estado de Washington, Nick Brown, se unió a otros 22 fiscales generales para solicitar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que reviertan una política que elimina las investigaciones y los informes sobre personas que fallecen poco después de salir de la custodia migratoria.
La petición sostiene que la medida reduce la transparencia, limita la rendición de cuentas y dificulta conocer si las condiciones de detención pudieron influir en esos fallecimientos.
La coalición cuestiona el fin de las investigaciones
Los fiscales generales enviaron una carta dirigida al secretario del DHS y al director interino del ICE, en la que solicitan restablecer el procedimiento anterior, que permitía revisar los casos de personas que morían dentro de los 30 días posteriores a su liberación.
Según los firmantes, esa práctica ayudaba a identificar posibles fallas en la atención médica, las condiciones de alojamiento y otros factores relacionados con la custodia migratoria. La coalición sostiene que eliminar esas revisiones reduce los mecanismos de supervisión sobre el sistema de detención.
En el caso de Washington, Brown afirmó que todas las personas bajo custodia deben recibir atención adecuada y un trato digno. Agregó que, cuando ocurre un fallecimiento poco después de la liberación, las autoridades deberían investigarlo para determinar si existió alguna relación con las condiciones durante la detención.
La carta menciona preocupaciones sobre centros de detención
El documento también hace referencia a denuncias relacionadas con las condiciones dentro de algunos centros administrados por el ICE y por empresas contratistas.
Entre ellas figura el Northwest ICE Processing Center, ubicado en Tacoma y operado por GEO Group. De acuerdo con la coalición, el Departamento de Salud del Estado de Washington ha recibido miles de reportes sobre presuntas condiciones inseguras, problemas sanitarios y dificultades para acceder a atención médica.
Brown señaló que esas denuncias incluyen reportes sobre personas que no habrían recibido medicamentos recetados y otros señalamientos relacionados con la atención médica dentro de las instalaciones.
La política modifica un procedimiento vigente
Los fiscales generales explican que, hasta hace poco, los directores de ICE podían ordenar una revisión cuando una persona fallecía dentro de los 30 días posteriores a abandonar la custodia migratoria.
Como resultado de esas revisiones, la agencia elaboraba informes internos para analizar si las condiciones de detención, la atención médica u otros factores pudieron contribuir al fallecimiento.
La coalición considera que eliminar ese mecanismo reduce la capacidad de identificar posibles fallas y limita la información disponible para las autoridades y el público.
Advierten posibles consecuencias para la supervisión
En la carta, los fiscales generales sostienen que la nueva política podría disminuir la responsabilidad del gobierno federal respecto a las condiciones existentes en los centros de detención.
También expresan preocupación porque, según su argumento, la ausencia de investigaciones posteriores podría reducir el escrutinio sobre casos de personas con enfermedades graves que sean liberadas poco antes de fallecer.
Los firmantes consideran que mantener estos procedimientos fortalece la supervisión pública y permite evaluar si las normas de detención se cumplen de manera adecuada.
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Las normas del ICE contemplan estándares de atención
La coalición recuerda que el ICE mantiene Normas Nacionales de Detención que establecen requisitos sobre evaluaciones médicas iniciales, acceso a atención de salud física y mental, condiciones de higiene y medidas para proteger a las personas detenidas del uso innecesario de la fuerza.
Asimismo, señala que el Congreso de Estados Unidos ha impulsado durante años mecanismos para que la agencia investigue e informe sobre fallecimientos ocurridos bajo custodia, con el objetivo de fortalecer la supervisión pública del sistema de detención migratoria.
Señalan denuncias en el centro de Tacoma
La carta hace referencia al Northwest ICE Processing Center, en Tacoma, administrado por GEO Group.
Según los fiscales generales, el Departamento de Salud del Estado de Washington ha recibido más de 3.500 denuncias relacionadas con ese centro. Entre los reportes figuran presuntas emergencias médicas sin atención oportuna, alimentos contaminados, condiciones insalubres y denuncias de agresiones por parte de personal.
El documento agrega que algunas personas detenidas afirmaron haber encontrado materiales extraños en los alimentos suministrados dentro de las instalaciones.
Citan cifras nacionales sobre fallecimientos bajo custodia
La coalición sostiene que las preocupaciones no se limitan a un solo centro de detención.
De acuerdo con la carta, desde enero de 2025 se han registrado 51 muertes de personas bajo custodia del ICE en distintos centros del país.
Entre los casos mencionados figura el de Ismael Ayala Uribe, de 39 años. Según los fiscales generales, falleció tras desarrollar un choque séptico provocado por un absceso que no habría recibido tratamiento oportuno.
La carta añade que más de la mitad de esos fallecimientos se concentraron en nueve de los más de 220 centros de detención para inmigrantes que operan en Estados Unidos. También indica que la propia Oficina de Supervisión de Detenciones del ICE identificó deficiencias en la atención médica en cinco de esas instalaciones.
Los fiscales piden restablecer la política anterior
Los firmantes solicitaron al Departamento de Seguridad Nacional y a ICE restablecer el sistema de investigaciones. Este mecanismo se aplicaba a los fallecimientos ocurridos poco después de la liberación de personas detenidas.
A su juicio, mantener esos procedimientos contribuiría a fortalecer la transparencia y facilitar la supervisión pública. Además, permitiría una evaluación más completa de las condiciones dentro de los centros de detención migratoria.
La iniciativa fue encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y contó con la participación de los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.
¿Qué cambia con la nueva política del ICE?
La medida elimina la práctica de investigar e informar sobre personas que fallecen dentro de los 30 días posteriores a su liberación de la custodia del ICE. Anteriormente, ese procedimiento podía activarse por decisión de los directores de la agencia.
¿Por qué los fiscales generales cuestionan esta decisión?
Argumentan que la eliminación de esas investigaciones reduce la transparencia y dificulta la supervisión pública. También limita la posibilidad de identificar problemas relacionados con la atención médica o las condiciones de detención.
¿Qué estados respaldan la petición?
La solicitud fue presentada por una coalición de 23 fiscales generales, encabezada por Nueva York. También la integran Washington y otros 21 estados, además del Distrito de Columbia.
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