En las últimas hora, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la que solicita a los fiscales federales que impulsen procesos penales contra quienes quemen la bandera estadounidense, especialmente en el contexto de protestas o manifestaciones. Esto a pesar de que los actos de quema del símbolo nacional,según la Corte Suprema, están amparados por la Primera Enmienda como forma de expresión política.
Objetivo de la orden ejecutiva
De acuerdo con Axios, la orden no establece nuevas sanciones directas contra quienes quemen la bandera. Pero instruye al Departamento de Justicia y a la Fiscal General Pam Bondi a dar prioridad a la aplicación de leyes existentes. Especialmente en casos donde se violen normativas relacionadas con delitos violentos, daños a la propiedad o discriminación vinculada a la profanación del emblema nacional.
Trump declaró durante la firma: “Si quemas una bandera, hay consecuencias legales; no habrá salida anticipada ni indulgencias”. La orden también establece que los organismos federales deben remitir a las autoridades estatales o locales cualquier caso que infrinja leyes locales sobre quema de objetos al aire libre, incluyendo banderas.
Reacciones de expertos en derechos civiles
Bob Corn-Revere, asesor de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión (FIRE), señaló que la orden “no puede anular la protección constitucional de la Primera Enmienda”. Corn-Revere enfatizó que la libertad de expresión permite protestas simbólicas, aunque sean impopulares, y que el debate y la crítica son formas legítimas de participación cívica.
Antecedentes legales
En 1989, el Tribunal Supremo dictaminó que la quema de la bandera constituye expresión simbólica protegida. Posteriormente, en 1990, anuló una ley federal que penalizaba la destrucción del emblema nacional. A pesar de los repetidos llamados de Trump a penas de hasta un año de cárcel para quienes quemen banderas, la jurisprudencia ha sostenido que el gobierno no puede prohibir una idea solo por resultar ofensiva.
