Una jueza federal ha dictaminado que el gobierno de Estados Unidos no puede suspender el financiamiento de Medicaid a clínicas afiliadas a Planned Parenthood. Este fallo bloquea una disposición que había sido incluida en la legislación fiscal del presidente Donald Trump, la cual habría afectado gravemente el acceso a servicios de salud reproductiva en el país. La decisión protege el acceso a servicios de salud reproductiva y anticonceptivos para más de un millón de pacientes en 24 estados.
La jueza de distrito Indira Talwani, con sede en Boston, consideró que la medida impulsada por la administración Trump probablemente violaba la Constitución. Por esta razón, emitió una orden judicial permanente que sustituye una suspensión temporal que había sido dictada la semana anterior.
Impacto del fallo en la salud pública
En su decisión, la jueza Talwani argumentó que interrumpir el acceso a los servicios médicos prestados por Planned Parenthood generaría consecuencias adversas para la salud pública. Su argumento se centró en la interrupción de la atención y la disponibilidad de servicios esenciales.
“Es probable que los pacientes sufran consecuencias adversas para la salud cuando la atención se interrumpe o no está disponible”, escribió Talwani. “En particular, restringir la capacidad de los miembros para brindar servicios de salud amenaza con un aumento de embarazos no deseados y complicaciones asociadas, debido al acceso reducido a anticonceptivos efectivos, y a un incremento de infecciones de transmisión sexual (ITS) sin diagnosticar ni tratar”.
Consecuencias de la medida de Trump y la demanda de Planned Parenthood
El fallo se produce después de que Planned Parenthood demandará al gobierno federal. La demanda se originó por una cláusula incluida en el llamado “Gran y Hermoso Proyecto de Ley” de impuestos y gastos impulsado por Trump. Esta cláusula pretendía excluir del financiamiento federal a clínicas que no alcanzaran cierto volumen de reembolsos de Medicaid.
La organización afirmó que, de haberse aplicado la norma, alrededor de 200 clínicas distribuidas en 24 estados se verían obligadas a cerrar. Esto habría dejado sin atención a más de un millón de pacientes, muchos de ellos de bajos ingresos, quienes dependen de programas como Medicaid.
