Más de la mitad de las denuncias salariales de trabajadores agrícolas que recibió el Departamento de Labor e Industrias de Washington (L&I) el año pasado no se resolvió dentro del límite legal de 60 días, según un informe preliminar.
El reporte, elaborado por el Comité Conjunto de Auditoría y Revisión Legislativa (Joint Legislative Audit and Review Committee JLARC), concluye que las unidades de investigación enfrentan una escasez de personal, lo que ha provocado un importante retraso en la atención de los casos.
Denuncias salariales superan la capacidad de investigación
El informe señala que el personal de L&I tiene capacidad para resolver alrededor de 5,000 reclamos salariales al año. Sin embargo, durante el año pasado la agencia recibió más de 9,000 denuncias relacionadas con salarios en todos los sectores laborales.
En 2022, la Legislatura del Estado de Washington encargó a la agencia realizar tres estudios sobre las necesidades de los trabajadores agrícolas. El más reciente evalúa qué tan eficazmente el estado hace cumplir las leyes laborales cuando estos empleados presentan reclamaciones.
Puede consultar información sobre derechos laborales en el Departamento de Labor e Industrias de Washington: L&I.
Trabajadores agrícolas enfrentan barreras para denunciar
El informe advierte que muchas infracciones en el sector agrícola probablemente nunca se reportan porque los trabajadores agrícolas suelen presentar menos denuncias ante el estado.
De acuerdo a Washington State Standard, el director ejecutivo de Worker and Farmer Labor Association, Enrique Gastelum, muchos trabajadores temen ser incluidos en listas negras, sufrir represalias o generar conflictos con sus empleadores y compañeros.
Además, explicó que algunos sienten desconfianza al interactuar con agencias gubernamentales y prefieren no denunciar posibles violaciones laborales.
Como parte de sus esfuerzos para reducir esas barreras, L&I participa en eventos comunitarios, ofrece asistencia en varios idiomas, mantiene una línea telefónica para responder consultas y financia organizaciones que ayudan a trabajadores con acceso limitado a los servicios estatales.
L&I aumenta personal para reducir el retraso
Entre 2019 y 2025, solo el 11 % de las denuncias salariales de trabajadores agrícolas terminó con una determinación de que el empleador cometió una infracción. En uno de cada cuatro casos, el empleador pagó al trabajador antes de que la agencia concluyera la investigación.
En 2025, L&I obtuvo 4.1 millones de dólares del presupuesto operativo estatal para ampliar su capacidad de investigación.
Desde entonces, la agencia contrató seis nuevos investigadores para atender reclamaciones salariales, con lo que el equipo aumentó a 31 investigadores, mientras continúa el proceso para cubrir una vacante adicional.
Asimismo, la unidad encargada de investigar represalias contra trabajadores que ejercen su derecho al salario mínimo pasó de dos investigadores en 2024 a cinco, y la agencia busca incorporar dos más.
Inspecciones agrícolas aún enfrentan limitaciones
Tras la entrada en vigor de una nueva ley en junio, L&I reorganizó parte de sus operaciones e implementó un sistema para priorizar las denuncias pendientes.
En 2023, la agencia creó una unidad especializada en salud y seguridad agrícola, impulsada por el crecimiento del número de trabajadores temporales en Washington. Esta unidad realiza en promedio 328 inspecciones al año, enfocadas en sanidad en los campos, manejo de pesticidas y seguridad de maquinaria y equipos.
El informe concluye que la unidad no logró duplicar las inspecciones como estaba previsto porque nunca contó con una plantilla completamente cubierta y capacitada. Además, la formación de un inspector agrícola requiere aproximadamente dos años.
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El informe recomienda nuevos reportes al Legislativo
El Comité Conjunto de Auditoría y Revisión Legislativa también identificó limitaciones en la legislación estatal, ya que las quejas relacionadas con periodos de comida y descanso deben resolverse a través del sistema de tribunales del condado, un proceso que la agencia utiliza con poca frecuencia debido a su costo y complejidad.
Como recomendación, el comité pidió que L&I informe a la Legislatura del Estado de Washington y al propio JLARC sobre los avances para reducir el retraso en las investigaciones y la implementación de dos nuevas leyes laborales en diciembre de este año y nuevamente en diciembre de 2027.
El informe final se publicará en septiembre.
¿Por qué hay retrasos en las denuncias salariales de trabajadores agrícolas?
El informe atribuye el retraso principalmente a la falta de investigadores. La agencia recibe muchas más denuncias de las que actualmente puede atender dentro del plazo legal.
¿Qué está haciendo L&I para reducir el atraso?
La agencia ha contratado nuevos investigadores, reorganizó sus operaciones, implementó un sistema para priorizar casos y fortalece sus programas de acercamiento con trabajadores y empleadores.
¿Por qué muchos trabajadores agrícolas no presentan denuncias?
Según el informe y representantes del sector, algunos temen represalias, ser excluidos de futuros empleos o desconfían de interactuar con agencias gubernamentales.
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