La administración Trump reactivó la regla de carga pública, una política que podría negar la residencia permanente (green card) a algunos inmigrantes que utilicen beneficios públicos como cupones de alimentos (SNAP), Medicaid, vales de vivienda y otros programas de asistencia.
La medida apareció este jueves 16 en el Registro Federal, será publicada oficialmente el 20 de julio y entrará en vigor el 18 de septiembre. De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), los solicitantes deberán demostrar que no representarán una carga económica para el país.
Qué cambia con la regla de carga pública
La política fue implementada por primera vez en febrero de 2020 durante el primer mandato de Donald Trump, pero la administración del expresidente Joe Biden la revocó posteriormente.
Su restablecimiento ocurre mientras el gobierno republicano endurece su política migratoria tanto para la inmigración legal como para la irregular, en un contexto de aumento en los costos de la atención médica y los alimentos.
En un mensaje publicado en la red social X, USCIS afirmó que el gobierno busca «reafirmar el requisito de autosuficiencia, proteger los recursos públicos y poner fin a políticas que fomentaban la dependencia»
Más información sobre la agencia está disponible en USCIS.
Cómo podría afectar a los solicitantes de la green card
La legislación federal ya exige que quienes solicitan la residencia permanente demuestren que no dependerán del gobierno. Sin embargo, la nueva versión de la regla amplía la lista de programas públicos cuyo uso podría influir en la evaluación de una solicitud.
La administración Trump promovió por primera vez esta norma en 2018 con el objetivo de garantizar que solo las personas con autosuficiencia económica ingresaran a Estados Unidos. Defensores de los derechos de los inmigrantes la criticaron al considerar que imponía un requisito basado en la capacidad económica de los solicitantes. Una especie de «filtro económico». Por su parte, expertos en salud pública advirtieron que podría reducir el acceso a servicios médicos y programas de apoyo.
Expertos alertan sobre efectos en la salud y la economía
La organización Manatt Health, que asesora a gobiernos estatales y federales, estimó que la política podría haber disuadido a hasta 26 millones de personas de solicitar atención médica, alimentos, vivienda u otros beneficios para los que calificaban conforme a la ley federal. Aproximadamente la mitad serían ciudadanos estadounidenses, principalmente menores de edad y adultos que viven en familias de estatus migratorio mixto.
Los especialistas también señalaron que la mayoría de quienes reciben beneficios públicos ya son residentes legales.
Según el Migration Policy Institute, la regla pudo haber desanimado a muchas personas a pedir ayuda pública, pero habría afectado directamente a muy pocos inmigrantes en sus trámites de residencia. El estudio estimó que menos de 167,000 personas —menos del 1% de los no ciudadanos que vivían en Estados Unidos en ese momento— podrían haber quedado fuera de una green card por usar alguno de esos beneficios. El estudio puede consultarse en el Migration Policy Institute.
Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, en 2023 residían 22.8 millones de no ciudadanos en el país. Datos oficiales están disponibles en el U.S. Census Bureau.
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Diversas organizaciones no gubernamentales señalaron que la política generó confusión y miedo en comunidades inmigrantes, provocando que muchas personas dejaran de solicitar beneficios y servicios a los que tenían derecho.
La Coalición para la Protección de las Familias Inmigrantes condenó la reactivación de la regla. Su directora ejecutiva, Adriana Cadena, afirmó que la medida representa «un ataque directo contra las familias inmigrantes» y advirtió que pone en riesgo la salud y la seguridad económica del país.
Por su parte, Sarah Krieger, asesora principal de políticas del National Immigration Law Center, sostuvo que la norma podría hacer que muchos inmigrantes teman acudir al médico, comprar alimentos o incluso presentar sus declaraciones de impuestos. Además, aseguró que la regulación es perjudicial y vulnera la legislación vigente.
¿Qué es la regla de carga pública?
Es una política migratoria utilizada para evaluar si una persona que solicita la residencia permanente podría depender principalmente de la asistencia pública del gobierno estadounidense.
¿La regla afecta a todos los inmigrantes?
No. La aplicación depende del tipo de trámite migratorio y de las circunstancias individuales de cada solicitante. Existen categorías de inmigrantes exentas de esta evaluación.
¿Cuándo entrará en vigor la nueva política?
La regla será publicada oficialmente el 20 de julio y comenzará a aplicarse el 18 de septiembre, según el calendario anunciado por el gobierno federal.
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