Con esas palabras, la abogada de inmigración Inna Simakovsky describió a Latino Herald lo que, según ella y otros abogados, ocurría dentro de Lisinski Law Firm, una firma de inmigración de Ohio que ahora enfrenta una demanda colectiva federal por presuntas prácticas relacionadas con la preparación y presentación de casos migratorios.
La demanda fue presentada por Eva Acevedo Ortega en una corte federal de Ohio contra la abogada Angelyne “Angel” Lisinski, su firma y otros individuos vinculados a la operación. La demanda busca representar a otras personas que, según los demandantes, habrían sido afectadas por prácticas similares.
La conexión con Alexandra Lozano
Durante una entrevista con Latino Herald, el abogado Robert Anthony Alvarez Sr., uno de los representantes de la demandante, aseguró que la relación entre ambos casos ocupa un lugar central dentro de las alegaciones presentadas ante la corte.
“Muy poco tiempo después de comenzar, ella entró en este sistema, este programa de mentoría, esta rama educativa de Alexandra Lozano, y comenzó a implementar este sistema de Arreglar Sin Salir. Eso es todo lo que ha conocido”, dijo Alvarez.
Según los abogados demandantes, la firma de Ohio habría adoptado una estructura operativa similar a la utilizada por Lozano, incluyendo sistemas de captación de clientes, procesos internos altamente departamentalizados y el manejo masivo de solicitudes migratorias.
¿Quién es Angelyne «Angel» Lisinski?
Según un perfil publicado por LawFuel, Angelyne «Angel» Lisinski fundó Lisinski Law Firm en septiembre de 2020 con un enfoque en casos de inmigración humanitaria, incluyendo solicitudes para personas que afirman haber sido víctimas de abuso o maltrato.
Lisinski se graduó summa cum laude de The Ohio State University y posteriormente obtuvo su título de abogada en el Michael E. Moritz College of Law de la misma universidad, también con los máximos honores.
De acuerdo con la publicación, la firma experimentó un rápido crecimiento y llegó a operar 11 oficinas en seis estados de Estados Unidos, además de una oficina en Ontario, Canadá.
Una operación que, según la demanda, podría estar moviendo millones de dólares
La demanda sostiene que el modelo llegó a manejar entre 800 y 1,200 casos por mes, con honorarios de al menos $12,000 por expediente.
Si las cifras incluidas en la demanda fueran correctas, la operación habría generado entre $9.6 millones y $14.4 millones mensuales en honorarios, aunque el expediente no establece cuánto dinero fue efectivamente cobrado ni cuánto correspondía a gastos operativos.
Los demandantes alegan que la estructura estaba diseñada para maximizar el volumen de casos procesados y que gran parte del trabajo relacionado con los expedientes era realizado por personal que no ejercía como abogado. Estas acusaciones forman parte de la demanda y no han sido probadas ante la corte.
Clientes que aseguran nunca haber conocido al abogado que firmó sus casos
Uno de los aspectos más llamativos del caso es la afirmación de que numerosos clientes nunca tuvieron contacto directo con el abogado que aparecía firmando sus solicitudes migratorias.
“De las más de 100 personas que hemos entrevistado, ninguna se reunió con Lisinski”, dijo Alvarez durante la entrevista con Latino Herald.
La demanda sostiene que muchos clientes avanzaron a través de distintos departamentos dentro de la organización sin recibir una evaluación jurídica personalizada por parte de un abogado.
Los demandantes afirman que, en numerosos casos, las personas hablaban únicamente con asistentes, representantes de admisión o personal administrativo.
Los videos que prometían esperanza para casos difíciles
Parte de las alegaciones también hacen referencia a la estrategia de promoción utilizada por la firma.
En uno de los videos revisados por Latino Herald, Lisinski se dirige a inmigrantes que habían recibido respuestas negativas de otros abogados y menciona casos relacionados con deportaciones previas, múltiples entradas al país, castigos migratorios permanentes y órdenes de deportación.
En el mensaje, la abogada asegura que muchas personas que han escuchado que “no califican para nada” todavía podrían tener opciones migratorias disponibles.
Preocupación por víctimas reales de violencia y trata
Tanto la demanda como los abogados entrevistados insisten en que el objetivo del caso no es cuestionar programas como VAWA o las Visas T, beneficios creados para víctimas de violencia doméstica y trata de personas.
Por el contrario, sostienen que las presuntas irregularidades estarían afectando precisamente a quienes sí necesitan esos mecanismos de protección.
“Han saturado el sistema para las personas que realmente necesitan esto”, afirmó Simakovsky.
La abogada aseguró que el aumento de solicitudes y el mayor nivel de escrutinio por parte de las autoridades federales podrían estar provocando retrasos y revisiones más rigurosas para víctimas legítimas.
El temor a denunciar
Durante la entrevista también surgió un tema que Latino Herald ha escuchado repetidamente durante años en conversaciones con inmigrantes y abogados: el miedo a hablar.
Simakovsky afirmó que muchos clientes temían denunciar por posibles consecuencias migratorias y que algunos abogados evitaban pronunciarse públicamente sobre este tipo de prácticas ya que según ella recibió una carta de cesar y desistir.
“Los clientes tenían miedo y los abogados estaban siendo silenciados”, afirmó.
La abogada señaló que parte de la motivación detrás de la demanda es precisamente llevar a la luz pública preocupaciones que, según ella, durante años permanecieron fuera de los tribunales.
Un debate que se extiende más allá de Ohio
La demanda contra Lisinski no es el único litigio reciente relacionado con firmas de inmigración de alto volumen.
En los últimos meses también se han presentado acciones legales contra otros despachos, incluyendo demandas contra Meneses Law, en las que se plantean alegaciones similares relacionadas con la preparación de solicitudes migratorias.
Sin embargo, cada uno de estos casos involucra hechos, demandantes y acusaciones diferentes. Ninguna demanda constituye por sí sola prueba de responsabilidad y será responsabilidad de los tribunales determinar los hechos en cada caso.
Durante la entrevista con Latino Herald, Alvarez afirmó que actualmente investiga otras firmas que, según él, utilizarían sistemas parecidos.
Qué deben hacer las personas con casos migratorios pendientes
Hablar con su abogado debe ser algo normal
Durante la entrevista, los abogados también ofrecieron recomendaciones para las personas que actualmente tienen procesos migratorios pendientes.
La abogada de inmigración Inna Simakovsky señaló que uno de los aspectos más importantes es asegurarse de que existe comunicación directa con el abogado responsable del caso.
“¿Puedo hablar con mi abogado? ¿Puedo revisar mi solicitud? ¿Puedo hacer correcciones a mi solicitud?”, dijo Simakovsky al describir algunas de las preguntas que los clientes deberían poder hacer durante su representación legal. Según la abogada, esa comunicación puede realizarse por teléfono, videollamada o de manera presencial, pero el cliente debe tener la oportunidad de hablar directamente con el abogado que lleva su caso.
Simakovsky agregó que los clientes también deberían revisar cuidadosamente las solicitudes antes de que sean enviadas al gobierno para verificar que los datos personales, fechas, direcciones y declaraciones reflejen correctamente su historia.
Por su parte, el abogado Robert Anthony Alvarez afirmó que atravesar un proceso migratorio completo sin haber hablado nunca con un abogado se ha convertido en una importante señal de alerta.
“Esto se ha convertido en la principal señal de alerta”, dijo Alvarez al referirse a situaciones en las que los clientes interactúan únicamente con asistentes o personal administrativo durante todo el proceso.
Los abogados recomiendan que cualquier persona con dudas sobre su expediente solicite una copia completa de su caso y busque una segunda opinión profesional antes de tomar decisiones que puedan afectar su situación migratoria.
También aconsejan buscar una segunda opinión profesional si existen dudas sobre el contenido de una solicitud migratoria, especialmente en casos relacionados con VAWA, Visas T u otros beneficios humanitarios.
Tener una copia completa del expediente, revisar declaraciones, confirmar firmas y verificar que la información sea correcta son medidas que pueden ayudar a identificar posibles errores antes de una entrevista o decisión migratoria.
Intento de obtener comentarios
Latino Herald intentó obtener una reacción de Lisinski Law Firm utilizando la dirección de correo electrónico publicada públicamente por la firma.
Sin embargo, el mensaje fue rechazado automáticamente con una respuesta indicando que el sistema únicamente acepta correos electrónicos de remitentes autorizados.
Al cierre de esta publicación, Latino Herald no había recibido una respuesta oficial por parte de los demandados.
¿Es Alexandra Lozano demandada en este caso?
No. Aunque su nombre aparece mencionado dentro de las alegaciones de la demanda y fue citado por los abogados entrevistados por Latino Herald, Alexandra Lozano no figura como demandada en este litigio.
¿Las acusaciones ya fueron comprobadas?
No. La demanda se encuentra en una etapa inicial y todas las alegaciones deberán ser evaluadas por la corte antes de que exista una determinación sobre los hechos.
¿Qué deben hacer las personas que tienen un caso migratorio pendiente?
Los abogados entrevistados recomiendan obtener una copia completa del expediente, revisar cuidadosamente la información presentada y buscar una segunda opinión profesional si existen dudas sobre el contenido de la solicitud.
Si ves algún error de cualquier tipo en esta información puedes escribirnos al email: info@latinoherald.com
