Más de 35,000 clientes activos, cerca de 54,000 peticiones migratorias pendientes y un volumen de honorarios que podría superar los $350 millones. Esas son algunas de las cifras que emergen tras la renuncia permanente de la abogada de inmigración Alexandra Lozano a su licencia para ejercer derecho en Washington.
Los documentos disciplinarios divulgados por la Asociación de Abogados del Estado de Washington indican que la firma tenía más de 35,000 clientes activos al momento de la renuncia y que Lozano figuraba como abogada responsable en aproximadamente 54,000 peticiones migratorias pendientes ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Si se toma como referencia una tarifa promedio de alrededor de $10,000 por cliente, cifra que aparece de forma recurrente en varios de los expedientes analizados por las autoridades disciplinarias, el valor potencial de esos casos superaría los $350 millones.
Aunque no existe una contabilidad pública que permita determinar cuánto dinero recibió la firma a lo largo de los años, las cifras ofrecen una dimensión del alcance de una operación legal que durante más de una década atendió a decenas de miles de inmigrantes en Estados Unidos.
¿Qué ocurrirá con miles de casos pendientes?
La principal preocupación para muchas familias es qué sucederá con los expedientes migratorios que permanecen abiertos.
Omar Barraza, de la firma Barraza Law, quien es uno de los abogados que participa en la demanda civil presentada contra Lozano, dijo a Latino Herald que todavía existen muchas incógnitas sobre la transición.
“No estamos seguros qué va a pasar con los casos pendientes. Tenemos entendido que los empleados están hablándoles a los clientes, informándoles de que todo sigue en vigor y que no hay cambios, pero realmente no sabemos cuál será el futuro de esos expedientes”, afirmó.
Barraza señaló que una de las implicaciones de la renuncia es que Lozano deberá retirarse formalmente de los casos en los que aparece como representante legal.
“A mí me suena imposible retirarse de tantos casos de un día para otro. Además, alguien tiene que asumir esos casos y los clientes tienen derecho a decidir si quieren continuar con esa representación o buscar su propio abogado”, dijo.
El abogado indicó que, según los documentos disciplinarios, Lozano aparecía vinculada a decenas de miles de peticiones migratorias pendientes, lo que convierte la transición en un reto de gran escala para la firma y para los propios clientes.
La nueva firma busca tranquilizar a los clientes
Tras conocerse la renuncia, el despacho ahora denominado La Luz del Camino Legal distribuyó un comunicado en español e inglés a través de sus redes sociales.
En el documento, la firma afirma que la decisión de Lozano de retirarse de la práctica legal fue tomada después de una “reflexión cuidadosa” y señala que su permanencia podría haber generado una atención adicional hacia la empresa, sus clientes y sus casos.
La firma sostiene que los expedientes migratorios continúan activos y que los servicios seguirán prestándose con normalidad.
“Su caso permanece activo y no se ve afectado por esta transición”, señala el comunicado.
Asimismo, asegura que el equipo de abogados y defensores continuará trabajando en representación de los clientes y que la organización permanece abierta y operando bajo un nuevo liderazgo.
Reacciones en redes sociales
El comunicado publicado por La Luz del Camino Legal generó cientos de reacciones y más de 250 comentarios durante sus primeras horas en Facebook.
Entre los mensajes visibles predominan expresiones de apoyo, agradecimiento y confianza en que los casos migratorios continuarán avanzando.
Varias personas que se identificaron como clientes manifestaron que continuarán confiando en la firma pese a la salida de Lozano.
“Gracias por la información. Yo sé que todo va a estar bien. Gracias a ustedes pude ir a ver a mi familia después de 27 años”, escribió una usuaria identificada como Esther Ramírez.
Otras personas señalaron que mantienen procesos migratorios pendientes y expresaron confianza en el equipo legal.
“Muchas gracias por el comunicado. Yo también tengo mi caso con ustedes y gracias a Dios por nuestros permisos de trabajo”, comentó Amabilia Carranza.
Barraza recomienda solicitar expedientes y buscar una segunda opinión
A pesar del mensaje de tranquilidad emitido por la firma, Omar Barraza recomienda que las personas con casos pendientes tomen medidas para proteger su información.
“No estoy diciendo que la gente debe cambiar de abogado, pero por lo menos debería pedir una copia de su expediente”, señaló.
El abogado también aconsejó guardar correos electrónicos, mensajes de texto, capturas de pantalla y cualquier documento relacionado con los casos.
“Si se acaba el despacho o cambian ciertas estructuras, muchas de esas comunicaciones podrían perderse. Es importante que la gente conserve todo”, explicó.
Asimismo, recomendó solicitar directamente a USCIS una copia del expediente migratorio mediante una solicitud FOIA para comparar la documentación presentada por el despacho con la que obra en los archivos oficiales del gobierno.
Barraza considera que muchas personas también deberían obtener una segunda opinión legal para revisar sus casos.
“Estamos oyendo rumores, lamentablemente, de personas que ya habían obtenido beneficios migratorios y cuyos casos están siendo revisados. Por eso una segunda opinión puede ser importante”, afirmó.
Más de mil familias han contactado a los abogados demandantes
Según Barraza, más de mil familias se han comunicado con el equipo legal que impulsa la demanda civil para compartir experiencias relacionadas con el despacho.
“Más de mil familias se han puesto en contacto con nosotros para contar su historia y posiblemente participar en la demanda”, dijo.
El abogado señaló que el volumen de información recibida es considerable y que la revisión de los casos podría tomar tiempo.
También indicó que la información aportada por las familias podría resultar útil no solamente para la demanda civil, sino para eventuales investigaciones de otras autoridades.
Preocupación por el futuro de VAWA
Barraza manifestó especial preocupación por las consecuencias que este caso podría tener sobre futuras solicitudes bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), uno de los programas migratorios más utilizados por los clientes del despacho.
“Lo que está pasando ahora está provocando mucho daño porque el gobierno ya sospecha de que toda la gente que tramita VAWA está mintiendo”, afirmó.
Sin embargo, insistió en que las acusaciones contenidas en la demanda civil y en los documentos disciplinarios siguen siendo alegaciones que deberán ser evaluadas mediante los procesos correspondientes.
“Quiero ser claro. Son alegaciones, no son hechos comprobados”, señaló.
Según Barraza, si las autoridades concluyen que existieron irregularidades en un número significativo de solicitudes, el impacto podría extenderse más allá de los casos actuales y afectar a personas que en el futuro busquen alivio migratorio mediante ese programa.
Posibles investigaciones adicionales
La demanda presentada contra Lozano es de carácter civil y no contempla sanciones penales.
No obstante, Barraza señaló que distintas autoridades podrían decidir abrir investigaciones independientes si consideran que existen fundamentos suficientes para hacerlo.
“Nosotros no podemos presentar cargos criminales. Eso corresponde al gobierno federal, a las fiscalías o a las autoridades competentes si encuentran evidencia para investigar”, explicó.
El abogado mencionó que organismos estatales o federales podrían evaluar los hechos descritos en las denuncias y documentos disciplinarios para determinar si procede alguna acción adicional.
Llamado a presentar quejas
Finalmente, Barraza recomendó que las personas que consideren haber sido perjudicadas documenten sus experiencias y presenten una queja ante la Asociación de Abogados del Estado de Washington.
Según explicó, esas acciones podrían resultar importantes para quienes en el futuro necesiten demostrar que actuaron oportunamente para proteger sus derechos.
“La gente que siente que fue afectada debe actuar ahora. No conviene esperar años para documentar lo ocurrido”, concluyó.
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