Washington, King County y Seattle se sumaron a acciones legales para intentar frenar la nueva regla de carga pública del gobierno del presidente Donald Trump, que ampliaría la discreción de los funcionarios de inmigración para determinar si una persona puede ser considerada una posible carga para el gobierno al solicitar una visa, la residencia permanente o la entrada a Estados Unidos.
La fiscal del condado King, Leesa Manion; el ejecutivo del condado, Girmay Zahilay; la fiscal de la ciudad de Seattle, Erika Evans; y la alcaldesa Katie Wilson se unieron a autoridades de Nueva York, Chicago, San Francisco y el condado de Santa Clara en una demanda contra el gobierno federal.
Por separado, Washington y otros 21 estados, además del Distrito de Columbia, también presentaron una demanda para intentar bloquear la nueva política federal.
Nueva regla de carga pública entraría en vigor el 18 de septiembre
La nueva regla de carga pública del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está programada para entrar en vigor el 18 de septiembre de 2026.
La medida elimina la regulación adoptada en 2022 y devuelve a los funcionarios de inmigración una mayor discreción para evaluar las circunstancias de cada solicitante.
Según la regla publicada oficialmente por el gobierno federal, la nueva política se aplicará a solicitudes de admisión realizadas a partir del 18 de septiembre y a determinadas solicitudes de ajuste de estatus enviadas por correo o electrónicamente desde esa fecha.
La guía actualizada del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos también establece que los funcionarios deberán analizar cada caso tomando en cuenta la totalidad de las circunstancias.
Uno de los principales cambios es que, a partir de la entrada en vigor de la nueva política, los funcionarios podrán considerar la recepción de beneficios públicos sujetos a criterios de ingresos dentro de la evaluación.
Washington y otros estados buscan bloquear el cambio
Los estados demandantes argumentan que la nueva política podría provocar que inmigrantes y familias con distintos estatus migratorios abandonen programas públicos por temor a posibles consecuencias para sus trámites migratorios.
Según la demanda, esa situación podría traducirse en la pérdida de miles de millones de dólares en fondos federales y aumentar los costos para gobiernos estatales y locales.
Los demandantes también sostienen que el DHS estaría excediendo su autoridad y que el gobierno federal no justificó adecuadamente el cambio ni tomó suficientemente en cuenta sus posibles consecuencias.
La demanda no solicita compensación económica. Busca que un tribunal bloquee e invalide la nueva regla e impida que el DHS la aplique.
King County y Seattle se unen a la demanda
Las autoridades locales advierten que la política podría tener consecuencias importantes en comunidades con una elevada población inmigrante.
“El gobierno de Trump quiere obligar a millones de personas en todo el país, incluidos potencialmente varios miles de residentes del condado de King, a elegir entre alimentos, vivienda, atención médica y otros servicios, por un lado, y caminos hacia la ciudadanía, por el otro”, afirmó el ejecutivo del condado King, Girmay Zahilay.
Zahilay señaló que King County se unió a la coalición junto con Seattle y otros gobiernos locales para defender a sus comunidades.
La preocupación incluye a las familias con estatus migratorio mixto, en las que algunos integrantes pueden ser ciudadanos estadounidenses y otros tener un estatus migratorio diferente.
¿Qué significa ser considerado una carga pública?
El concepto de carga pública forma parte de la legislación migratoria estadounidense desde hace más de un siglo.
En términos generales, permite que el gobierno determine que determinadas personas son inadmisibles si considera que probablemente dependerán del gobierno para su manutención.
Durante años, las evaluaciones se concentraron principalmente en ayudas económicas en efectivo, como Temporary Assistance for Needy Families (TANF) y Supplemental Security Income (SSI).
La primera administración Trump amplió en 2020 los tipos de beneficios que podían considerarse. En 2022, la administración Biden adoptó otra regulación que volvió a excluir determinados beneficios que no se entregan en efectivo.
La nueva política del DHS elimina la regla de 2022 y permite nuevamente una evaluación más amplia de las circunstancias del solicitante.
Beneficios recibidos antes del cambio tendrán otro tratamiento
Existe una diferencia importante respecto a la fecha.
El gobierno federal estableció que los beneficios sujetos a criterios de ingresos recibidos antes del 18 de septiembre de 2026 serán evaluados bajo las disposiciones de la regla de 2022.
A partir de la entrada en vigor de la nueva política, USCIS tendrá mayor margen para considerar distintos factores y beneficios dentro de la evaluación individual.
La agencia publicó además una guía sobre las evaluaciones de carga pública, que también comenzará a aplicarse el 18 de septiembre.
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La preocupación por el impacto en las familias inmigrantes
Defensores de inmigrantes han advertido durante años sobre un posible efecto de temor alrededor de la carga pública. Esto equivale a familias que dejan de solicitar programas para los cuales son elegibles porque temen que hacerlo perjudique un trámite migratorio.
Los estados demandantes sostienen que una reducción en el uso de asistencia médica, alimentos, comidas escolares y otros programas también podría generar consecuencias para la salud pública, las escuelas y las economías locales.
La nueva política no significa que todas las personas inmigrantes que utilizan algún beneficio público serán automáticamente consideradas una carga pública. Las determinaciones dependen del tipo de trámite, las circunstancias particulares y las excepciones establecidas por la ley.
Entre los estados que participan en la demanda se encuentran Washington, California, Illinois, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Nevada, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y Wisconsin, además del Distrito de Columbia.
¿Cuándo entra en vigor la nueva regla de carga pública?
Está programada para entrar en vigor el 18 de septiembre de 2026 y se aplicará a determinadas solicitudes presentadas a partir de esa fecha.
¿Qué buscan Washington y King County con las demandas?
Buscan que los tribunales bloqueen e invaliden la nueva política federal antes o durante su implementación. Las entidades consideran que el gobierno excedió su autoridad y que la medida podría perjudicar a familias y gobiernos estatales y locales.
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