Una mujer de Texas que llegó a Estados Unidos cuando era niña y tenía protección bajo DACA fue deportada a México. Ahora demanda al gobierno federal después de que le notificaran que perdería ese beneficio precisamente por un supuesto “viaje no autorizado” provocado por su propia deportación.
Jessica Treviño, de 34 años, presentó una demanda por medio de su abogado esta semana y pidió a un juez federal que intervenga.
Arresto y deportación junto con su esposo
Agentes federales arrestaron a Treviño y a su esposo en diciembre, después de seguirlos hasta el estacionamiento de un Home Depot en el sur de Texas. Ambos fueron deportados y actualmente viven en Matamoros, Tamaulipas, frontera con Brownsville, Texas. Sus tres hijos, todos ciudadanos estadounidenses, viven con familiares en Estados Unidos cerca de la frontera.
Treviño llegó a Estados Unidos cuando tenía 7 años y, a los 20, obtuvo autorización para permanecer legalmente en el país bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Implementado en 2012, el DACA no otorga estatus legal, pero ha permitido que cientos de miles de personas que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños obtengan permisos de trabajo.
Los beneficiarios de DACA deben mantener un historial penal limpio y obtener previamente un permiso de viaje, conocido como advance parole, para salir de Estados Unidos sin poner en riesgo su protección.
La misma deportación como pretexto para terminar el amparo de DACA
Su abogado, David Rozas, presentó la demanda. Explicó que las autoridades autorizaron recientemente la vigencia de su estatus y su permiso de trabajo hasta abril de 2027.
USCIS pretende terminar su DACA por un “viaje no autorizado fuera de estados unidos” ocurrido el 25 de marzo de 2026… el mismo día en que fue deportada a méxico por el departamento de seguridad nacional.
Associated Press contactò a DHS, que hasta la noche del jueves 30 de julio no había respondido a una solicitud de comentarios.
Querella legal contra el gobierno federal
Rozas presentó una petición en la que solicita a un juez federal en Brownsville que declare que la expulsión de la mujer fue ilegal, ordene al gobierno facilitar el regreso de Treviño a Estados Unidos y permita que su estatus de DACA siga siendo válido.
“El gobierno no tenía ninguna base legal para expulsarla, y presentamos esta petición para exigir que la traigan de vuelta a casa”, agregó su abogado.
Un juez de inmigración del Departamento de Justicia había emitido en febrero una orden de salida voluntaria para Treviño mientras estaba bajo custodia del ICE, pero un estatus DACA vigente impide que el DHS la deporte.
Sus tres hijos tienen previsto comenzar la escuela el próximo mes y su madre dijo que le gustaría estar allí.
«Regresar a casa es lo que más anhelo ahorita. estoy bien desesperada.
Ya cumplí siete meses que no estoy en mi casa», manifestó Treviño.
El gobierno de Trump, en este periodo, ha deportado a 86 beneficiarios de DACA y ha arrestado a otros 241. Estos datos surgen de una carta del DHS enviada en febrero al senador demócrata Richard J. Durbin.
Defensores de los beneficiarios del programa DACA afirman que la deportación de Treviño forma parte de un patrón.
“Así es como se ve un esfuerzo deliberado y sistemático para acabar con DACA: ir contra los beneficiarios uno por uno, fabricar justificaciones y dejar que sus hijos crezcan sin ellos”, sostuvo Todd Schulte, presidente de FWD.us, organización que defiende los derechos de los migrantes.
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Con información de Associated Press
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