Un juez federal prohibió de forma permanente al gobierno del presidente Donald Trump implementar la mayor parte de su primera orden ejecutiva sobre elecciones, parte de la cual pretendía exigir a las personas que presentaran pruebas documentales de ciudadanía al registrarse para votar.
Jueza federal convierte en permanente el bloqueo a la orden electoral
La jueza federal Denise Casper, en Boston, convirtió en permanente una orden que había emitido hace un año para frenar varios de los cambios electorales impulsados por Donald Trump. En otras palabras, lo que antes era un bloqueo temporal ahora queda de forma definitiva.
Además, la jueza rechazó el argumento del gobierno de Trump, que decía que la demanda era prematura porque las nuevas reglas todavía no habían entrado en vigor. Casper concluyó que la Constitución deja en manos de los estados y del Congreso la regulación de las elecciones, por lo que consideró que las medidas propuestas por Trump excedían su autoridad y violaban la separación de poderes.
«La Constitución no otorga al Presidente ningún poder específico sobre las elecciones», escribió Casper.
¿Qué cambios proponía la orden ejecutiva de Trump?
Entre los cambios propuestos por la administración Trump, se habría exigido que las personas presentaran documentos que comprobaran su ciudadanía al momento de registrarse para votar.
La orden también buscaba impedir que se contaran las boletas enviadas por correo si llegaban después del día de las elecciones, incluso si habían sido enviadas a tiempo y tenían el sello postal de esa fecha.
Además, planteaba sancionar a los estados que no cumplieran con estas reglas, reteniéndoles fondos federales, incluidos recursos destinados a fortalecer la seguridad electoral.
Reacciones de fiscales estatales y de la Casa Blanca
Los demócratas consideran que la orden es una extralimitación constitucional.
En un comunicado, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo estar agradecida de que el tribunal hubiera bloqueado el «intento inconstitucional de Trump de tomar el control de nuestras elecciones» y que continuaría defendiendo el derecho al voto en las elecciones de mitad de mandato de este año.
“Generaciones de estadounidenses lucharon incansablemente por el derecho al voto, y honramos su legado protegiendo ese derecho contra cualquiera que intente socavarlo”, dijo James.
El fiscal general de California, Rob Bonta, cuyo estado fue el principal demandante en el caso, dijo que el fallo reafirmaba el principio constitucional de que corresponde a los estados y al Congreso establecer las reglas electorales.
«Si bien estamos orgullosos de este resultado, somos conscientes de que los ataques del presidente Trump contra el derecho al voto y nuestras elecciones no dan señales de disminuir», declaró Bonta en un comunicado. «Así que quiero dejarlo claro: seguiremos luchando en cada paso del camino».
En un comunicado, una portavoz de la Casa Blanca afirmó que el presidente desea garantizar que los estadounidenses confíen en la forma en que se administran las elecciones. La administración puede apelar el fallosi así lo desea.
“La orden ejecutiva del Presidente protege legalmente nuestras elecciones, y confiamos en que finalmente prevaleceremos en su implementación”, dijo la portavoz Abigail Jackson.
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Trump mantiene su estrategia para impulsar cambios electorales
Trump también está intentando promulgar cambios en el sistema electoral a través del Congreso.
El fallo fue el más reciente de una serie de decisiones en contra de la orden ejecutiva sobre elecciones que Trump firmó apenas unos meses después de asumir su segundo mandato. Desde entonces, ha firmado otra orden ejecutiva sobre elecciones que busca crear un registro nacional de votantes y limitar el voto por correo. Dicha directiva también enfrenta múltiples impugnaciones legales.
El otoño pasado, un juez federal en Washington D.C. bloqueó parte de la primera orden ejecutiva de Trump sobre las elecciones, tras una demanda presentada por grupos de derechos civiles y organizaciones cercanas al Partido Demócrata.
En su fallo, el juez impidió que el gobierno exigiera prueba de ciudadanía en el formulario federal de registro de votantes.
Más adelante, el mismo juez también prohibió al secretario de Defensa de Trump exigir documentos que comprobaran la ciudadanía del personal militar al registrarse para votar o al solicitar su boleta electoral.
Aquí tienes una versión más clara y en lenguaje más casual:
Ante la dificultad de imponer por decreto un requisito de prueba de ciudadanía para votar, Trump ahora está buscando hacerlo a través del Congreso, donde los republicanos tienen el control.
Para lograrlo, impulsa la Ley SAVE America, que ya fue aprobada en la Cámara de Representantes.
Sin embargo, la propuesta sigue estancada en el Senado. Por eso, Trump también está presionando para eliminar el filibusterismo, una regla legislativa que actualmente está frenando el avance de la ley.
El miércoles, el presidente canceló abruptamente la esperada firma de un proyecto de ley bipartidista sobre vivienda, diciendo que no firmaría ninguna ley hasta que el Congreso apruebe su requisito de prueba de ciudadanía para poder votar.
Las dificultades para exigir prueba de ciudadanía a los votantes
Los documentos necesarios para probar la ciudadanía no siempre son fáciles de obtener.
Implementar un requisito de prueba de ciudadanía para votar puede ser complicado. Especialmente si se hace en vísperas de unas elecciones importantes, con poco tiempo para que los estados o los votantes se adapten.
Un estudio de la Universidad de Maryland de 2025 estima que 21,3 millones de estadounidenses con derecho a voto no poseen, o no tienen fácil acceso a, documentos que acrediten su ciudadanía. La cifra incluye a casi el 10 % de los demócratas y al 7 % de los republicanos. También comprende al 14 % de las personas no afiliadas a ninguno de los dos principales partidos.
Aproximadamente la mitad de los estadounidenses tienen pasaporte, cuyo trámite puede tardar entre cuatro y seis semanas y costar alrededor de 165 dólares. Además, el procesamiento de un certificado de nacimiento en línea puede demorar desde unos pocos días hasta 12 semanas. Las mujeres casadas que hayan cambiado su apellido podrían necesitar documentación adicional, como un certificado de matrimonio.
Un requisito de prueba de ciudadanía aprobado en Kansas hace 15 años terminó bloqueando el registro de más de 31.000 ciudadanos estadounidenses. Todos ellos habrían sido elegibles para votar antes de que los tribunales suspendieran la ley.
El presidente y muchos de sus aliados republicanos han estado promoviendo la idea de que el voto de los no ciudadanos es un problema grave, cuando en realidad es bastante raro. El formulario federal de registro de votantes ya exige que las personas certifiquen que son ciudadanos estadounidenses. Incumplir esta norma se castiga como delito grave que puede conllevar prisión o deportación.
¿Qué decidió la jueza Denise Casper?
Prohibió de forma permanente que el gobierno de Donald Trump implementara la mayor parte de su primera orden ejecutiva sobre elecciones. La decisión incluyó el requisito de presentar una prueba documental de ciudadanía para registrarse para votar.
¿Por qué fue bloqueada la orden ejecutiva?
La jueza concluyó que la Constitución asigna a los estados y al Congreso la autoridad para regular las elecciones. También determinó que el presidente no tiene un poder específico para imponer esas medidas por decreto.
¿Qué sigue después de este fallo?
La administración Trump puede apelar la decisión. Mientras tanto, el presidente continúa impulsando cambios electorales mediante legislación en el Congreso.
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