SAN FRANCISCO — Un juez federal en California anuló varias políticas implementadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y por la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) que habían ampliado los arrestos de inmigrantes en tribunales de inmigración y permitido mantener a detenidos por períodos más largos en instalaciones temporales.
La decisión fue emitida el 23 de junio por el juez federal P. Casey Pitts, del Tribunal de Distrito para el Norte de California, en el caso Pablo Sequen v. Albarran, una demanda colectiva presentada por inmigrantes que fueron arrestados o detenidos bajo las políticas adoptadas en 2025.
Al explicar su decisión, Pitts destacó que las agencias federales deben justificar adecuadamente los cambios en sus políticas.
“Durante 80 años, el Congreso ha ordenado a las agencias federales pensar antes de actuar. Esa instrucción no exige que una agencia tome la decisión que un tribunal considere preferible, pero sí exige que proporcione razones válidas para seguir el curso que ha elegido”, escribió el juez.
¿De dónde surge la controversia?
La controversia surgió después de que ICE incrementara los arrestos de inmigrantes dentro y alrededor de cortes de inmigración en distintas partes del país. En algunos casos, las detenciones ocurrían minutos después de que las personas comparecían ante un juez para asistir a sus audiencias migratorias.
Abogados y organizaciones de apoyo advirtieron que la práctica estaba generando temor entre quienes acudían a la corte y podía desalentar la asistencia a audiencias por parte de inmigrantes que intentaban cumplir con los requisitos de sus casos.
¿Qué decidió el juez?
El tribunal concluyó que ICE y EOIR no explicaron adecuadamente por qué eliminaron restricciones que habían estado vigentes durante años y que limitaban los arrestos civiles de inmigración dentro o cerca de los tribunales.
Según el fallo, las agencias federales incumplieron los requisitos de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), una norma que obliga a las agencias gubernamentales a justificar de manera razonada los cambios importantes en sus políticas.
Por esa razón, el juez determinó que las medidas eran “arbitrarias y caprichosas” y ordenó dejar sin efecto las políticas impugnadas.
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El cambio de política que originó la demanda
Durante años, ICE mantuvo reglas que restringían los arrestos en tribunales a situaciones excepcionales, como casos relacionados con amenazas a la seguridad pública o nacional.
En 2021, la agencia había reforzado esas limitaciones al reconocer que los arrestos en cortes podían desalentar la asistencia de inmigrantes a sus audiencias y afectar el funcionamiento del sistema judicial.
Sin embargo, en enero de 2025, poco después del inicio de la nueva administración federal, ICE revocó esas restricciones y autorizó un uso mucho más amplio de los arrestos civiles en tribunales.
EOIR adoptó una medida similar, eliminando sus propias limitaciones sobre las acciones de ICE dentro de las cortes de inmigración.
¿Por qué consideró problemático el tribunal ese cambio?
El juez señaló que las agencias no respondieron adecuadamente a preocupaciones que ellas mismas habían identificado en años anteriores.
“Las políticas no abordan en absoluto el efecto disuasorio que los arrestos en tribunales tienen sobre la asistencia de los no ciudadanos a los procedimientos judiciales”, escribió Pitts.
Entre esas preocupaciones figuraban:
- El temor de los inmigrantes a presentarse en sus audiencias.
- La posible reducción de comparecencias ante jueces de inmigración.
- Riesgos de seguridad dentro de las instalaciones judiciales.
- El impacto sobre el acceso al sistema de justicia.
Detenciones de hasta 72 horas en instalaciones temporales
La decisión también aborda otra política de ICE implementada en junio de 2025.
Tradicionalmente, las personas detenidas por inmigración podían permanecer un máximo de 12 horas en centros temporales de retención mientras eran trasladadas a instalaciones de detención de largo plazo.
Pero ICE emitió una exención nacional que permitió mantener a los detenidos en esos espacios por hasta 72 horas y, en determinadas circunstancias, incluso más tiempo.
La agencia justificó la medida argumentando que el aumento de arrestos había generado presión sobre el sistema de detención y dificultaba encontrar espacio disponible en otros centros.
Sin embargo, el juez concluyó que ICE no evaluó adecuadamente si esas instalaciones temporales eran apropiadas para albergar personas durante varios días consecutivos.
Las condiciones denunciadas en San Francisco
La demanda también describe las condiciones en el centro de retención temporal de ICE ubicado en 630 Sansome Street, en San Francisco.
Según declaraciones incluidas en el expediente, algunos detenidos denunciaron:
- Falta de camas adecuadas.
- Dificultades para dormir.
- Problemas de higiene y saneamiento.
- Acceso limitado a atención médica.
- Obstáculos para comunicarse con abogados.
Aunque la orden se centra principalmente en las políticas administrativas impugnadas, el juez señaló que el expediente contiene numerosas declaraciones que describen esas condiciones.
¿Qué significa esta decisión?
El fallo representa uno de los reveses judiciales más importantes para las políticas migratorias implementadas en 2025 relacionadas con los arrestos en tribunales y la expansión de la detención temporal.
La orden permanece vigente mientras continúe el proceso de apelación. El juez anuló la política de ICE que amplió los arrestos civiles de inmigración en y alrededor de las cortes de inmigración y la política que permitía mantener a personas detenidas hasta 72 horas en centros temporales de retención diseñados originalmente para estancias de hasta 12 horas. Salvo que una corte superior suspenda el fallo, ambas medidas dejan de tener efecto mientras continúa el litigio.
La decisión no elimina la autoridad legal de ICE para realizar arrestos migratorios. Sin embargo, invalida los cambios adoptados en 2025 que facilitaron los arrestos en tribunales de inmigración y ampliaron el tiempo que las personas podían permanecer detenidas en instalaciones temporales de ICE.
El gobierno federal aún puede apelar la decisión y solicitar que una corte superior suspenda sus efectos mientras continúa el proceso judicial.
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