Washington D.C. – El Departamento de Educación de Estados Unidos bajo el mando de la administración Trump ha intensificado su supervisión sobre las prácticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en las escuelas, desde el jardín de niños hasta las preparatorias. A través de una nueva carta dirigida a los líderes educativos estatales, la agencia federal exige que todas las instituciones certifiquen su cumplimiento con órdenes que prohiban el uso de criterios basados en raza para admisiones, programas académicos, contratación y becas. Las escuelas que no presenten esta certificación dentro de los próximos 10 días podrían enfrentar la pérdida de asistencia financiera federal.
Esta medida surge tras una carta enviada en febrero, en la que el Departamento advirtió que las instituciones que apliquen políticas de DEI podrían estar incurriendo en violaciones del Título VI de la Ley de Derechos Civiles. Craig Trainor, subsecretario interino de derechos civiles, enfatizó que recibir fondos federales es un privilegio sujeto a requisitos legales. Según Trainor, algunas escuelas han utilizado programas de diversidad para favorecer a ciertos grupos y excluir a otros, lo que, en su opinión, va en contra de los principios de igualdad establecidos en la legislación federal.
La prohibición de políticas DEI elimina el balance para impulsar a grupos minoritarios y a comunidades que han sufrido desventajas crónicas en cuestiones de educación y otros ámbitos.
El mandato del Departamento de Educación toma como base un fallo de la Corte Suprema de 2023, el cual eliminó la acción afirmativa en los procesos de admisión universitaria. En su interpretación del caso, el gobierno sostiene que la prohibición de criterios basados en raza debe extenderse más allá de la admisión y abarcar otros aspectos de la vida estudiantil. Para aclarar estas restricciones, el Departamento publicó un documento de preguntas frecuentes, en el que especifica que los programas educativos pueden enfocarse en aspectos culturales o históricos, siempre que no excluyan a ningún estudiante por su raza.
La decisión ha generado reacciones divididas y desatado una batalla legal. Organizaciones como la Federación de Maestros y la Asociación Nacional de Educación han presentado demandas contra la carta, argumentando que estas restricciones pueden limitar la capacidad de las escuelas para abordar desigualdades históricas. Mientras tanto, algunos estados y distritos escolares se enfrentan a la difícil decisión de modificar sus programas o arriesgarse a perder financiamiento clave.
A medida que el debate sobre la equidad en la educación se intensifica, la presión sobre los sistemas escolares para adaptarse a estas nuevas reglas se vuelve cada vez mayor. Con la amenaza de recortes en los fondos federales, los próximos días serán cruciales para determinar el rumbo de las políticas educativas en todo el país.
