SEATTLE — Los votantes de Washington aprobaron una ley que busca impedir que estudiantes transgénero que nacieron con sexo masculino compitan en equipos deportivos escolares femeninos. Sin embargo, varias organizaciones y familias acudieron a los tribunales porque consideran que la medida podría afectar la privacidad y los derechos de todas las niñas que practican deportes, sean o no transgénero.
La Iniciativa 638, aprobada en las elecciones del 3 de noviembre con aproximadamente el 56 % de los votos, está programada para entrar en vigor el 3 de diciembre. Pero una demanda busca detener su aplicación antes de esa fecha.
Al mismo tiempo, las Escuelas Públicas de Seattle autorizaron a sus abogados a emprender acciones legales si consideran que la nueva ley entra en conflicto con las protecciones que ya existen para los estudiantes.
¿Qué aprobaron los votantes de Washington?
La idea principal de la iniciativa es que los equipos deportivos escolares femeninos estén reservados para estudiantes cuyo sexo asignado al nacer sea femenino.
Quienes impulsaron la propuesta consideran que permitir la participación de estudiantes transgénero que nacieron con sexo masculino puede representar una desventaja para otras competidoras.
Sus argumentos se concentran en tres aspectos: proteger la igualdad de condiciones durante las competencias, preservar las oportunidades deportivas de las niñas y mantener categorías separadas según el sexo biológico.
Brian Heywood, fundador de Let’s Go Washington, organización que promovió la iniciativa, defendió esta postura durante la noche electoral. Según explicó, considera que deben buscarse soluciones para los estudiantes transgénero, pero sin afectar las oportunidades de las niñas que compiten en deportes femeninos.
Diane Bedwell, copresidenta de No Hate in WA State, también defendió la medida.
«Todas las niñas del estado de Washington merecen un lugar seguro para practicar deportes», declaró Bedwell.
¿Por qué la ley podría afectar a todas las niñas deportistas?
Uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa es que no se limita a establecer quién puede participar en un equipo femenino.
También exige que todas las estudiantes que quieran competir en esos equipos demuestren su sexo asignado al nacer como parte del examen médico que normalmente se realiza antes de participar en deportes escolares.
La verificación podría basarse en información sobre la anatomía reproductiva, las características genéticas o los niveles de testosterona que produce naturalmente el cuerpo.
Esto significa que el requisito no estaría dirigido únicamente a estudiantes transgénero. También tendrían que cumplirlo las niñas que no son transgénero.
Precisamente esa obligación es una de las principales razones por las que varias organizaciones decidieron presentar una demanda.
¿Qué quieren exactamente las organizaciones que presentaron la demanda?
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Washington (ACLU-WA), junto con Pacifica Law Group y Legal Voice, representa a varias familias y organizaciones que buscan impedir que la iniciativa entre en vigor.
Entre quienes presentaron la demanda están TransFamilies, la Asociación de Educación de Washington (WEA) y padres de estudiantes transgénero y no transgénero que participan en deportes escolares femeninos.
Su objetivo inmediato es que un juez detenga la aplicación de la ley mientras se analiza si cumple con la Constitución de Washington.
Los demandantes plantean principalmente dos problemas:
- Privacidad: consideran que exigir información médica sobre el sexo de una estudiante va más allá de lo necesario para participar en deportes escolares. Argumentan que las niñas no deberían tener que someterse a verificaciones adicionales sobre aspectos íntimos de su cuerpo.
- Trato desigual: cuestionan que las niñas tengan que cumplir requisitos que no se exigen a los varones. También sostienen que excluir a las estudiantes transgénero podría violar las leyes estatales contra la discriminación.
Cuando los abogados afirman que la iniciativa podría ser inconstitucional, quieren decir que, a su juicio, contradice derechos protegidos por la Constitución estatal.
¿Por qué las Escuelas Públicas de Seattle también consideran acudir a los tribunales?
El lunes 9 de noviembre, la Junta Escolar de Seattle aprobó por unanimidad una resolución que autoriza al distrito a contratar abogados y presentar una demanda si resulta necesario.
La preocupación del distrito es que podría encontrarse ante dos obligaciones difíciles de cumplir al mismo tiempo.
Por un lado, tendría que aplicar la nueva ley aprobada por los votantes. Por otro, debe respetar las normas estatales que protegen la privacidad de los estudiantes y prohíben determinadas formas de discriminación.
En términos sencillos, las escuelas quieren saber cómo cumplir la nueva ley sin violar otras leyes que también están obligadas a respetar.
El integrante de la junta Joe Mizrahi explicó que no ven una manera clara de aplicar la iniciativa sin entrar en conflicto con esas protecciones.
La presidenta de la junta, Gina Topp, sostuvo que acudir a los tribunales permitiría aclarar las obligaciones legales del distrito.
Sin embargo, la autorización no significa que Seattle ya haya presentado una demanda.
¿Qué ocurre ahora con la ley aprobada por los votantes?
La disputa enfrenta dos posiciones distintas sobre los deportes escolares.
Quienes respaldan la iniciativa consideran que separar las competencias según el sexo biológico protege la seguridad, la equidad y las oportunidades de las niñas.
Quienes la rechazan sostienen que esas restricciones discriminan a las estudiantes transgénero y que los requisitos médicos podrían afectar la privacidad de todas las niñas.
La demanda también plantea una pregunta legal importante: ¿puede aplicarse una ley aprobada por la mayoría de los votantes si entra en conflicto con derechos protegidos por la Constitución?
En Washington, como en el resto de Estados Unidos, una iniciativa aprobada en las urnas puede ser revisada por los tribunales. El respaldo de los votantes no impide que un juez examine si la medida respeta la Constitución.
Por ahora, la Iniciativa 638 tiene previsto entrar en vigor el 3 de diciembre de 2026, a menos que un tribunal ordene detener su aplicación.
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