Seattle, WA – Cuando le pregunté cómo había afectado a su familia el cierre del despacho que llevaba su caso migratorio, Adelaida Martínez guardó silencio. Su voz se quebró y comenzó a llorar.
«Mucho… porque no sabemos qué va a pasar con nosotros», dijo entre lágrimas martínez.
Por temor a represalias, Latino Herald utiliza un nombre ficticio para proteger su identidad.
Adelaida confió su proceso migratorio al despacho de Alexandra Lozano en 2023. Pagó $9,500 para que iniciaran un trámite que esperaba le permitiera regularizar su situación en Estados Unidos. Adelaida confió su proceso migratorio al despacho de Alexandra Lozano en 2023. Pagó $9,500 para que iniciaran un trámite con la esperanza de regularizar su situación en Estados Unidos. Hoy, después del cierre del bufete, enfrenta un futuro incierto.
Su caso forma parte de una operación legal de gran alcance. En la Declaración de Presuntas Faltas elaborada por la Oficina Disciplinaria de la Washington State Bar Association (WSBA), que acompaña la renuncia de Alexandra Lozano, se afirma que la abogada figuraba como responsable de más de 35,000 clientes y de 53,923 peticiones migratorias pendientes ante USCIS. Con base en las tarifas que aparecen de forma recurrente en expedientes analizados anteriormente por Latino Herald, el volumen potencial de honorarios de la firma podría haber superado los $350 millones, según una investigación publicada previamente por este medio.
Adelaida y su esposo han vivido durante décadas en Estados Unidos. Él lleva 30 años en el país y ella 26. Aquí formaron una familia y criaron a sus tres hijos, todos ciudadanos estadounidenses.
«Lo que más me preocupa es que nos vayan a deportar», confesó.
Una familia atrapada en la incertidumbre
Durante años creyó que su caso avanzaba con normalidad.
«Se miraba como que todo iba bien, hasta que empezó todo esto fue que ya nos dimos cuenta de que las cosas estaban mal», relató.
Ahora intenta encontrar un nuevo abogado, pero el proceso tampoco ha sido sencillo.
Ya consultó con otra abogada, quien le informó que no podía asumir su caso. Esa consulta también representó un gasto adicional para una familia que siente haber perdido los ahorros invertidos en su proceso migratorio.
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«Si vamos a estar yendo de abogado en abogado y pagando consulta, es gastar más dinero del que ya perdimos. Y no vamos a saber realmente qué va a pasar con nosotros.»
La migrante esperaba obtener un beneficio migratorio a través de uno de sus hijos. Sin embargo, su petición fue de VAWA y ahora desconocen si ese proceso podrá continuar.
Además, al revisar la información relacionada con su expediente, asegura haber encontrado datos que, según ella, no corresponden con lo que declaró cuando inició el trámite.
No fue la única historia
La experiencia de Adelaida se repitió una y otra vez durante una clínica legal gratuita organizada por abogados voluntarios especializados en inmigración.
Entre 90 y 100 antiguos clientes del despacho de Alexandra Lozano acudieron al evento en busca de respuestas, confirmó a Latino Herald la abogada Chelan Crutcher-Herrejon, una de las organizadoras de la jornada.
Personas que desconocían su propio caso
La abogada de inmigración Zaida Rivera, quien participó como voluntaria en la clínica, explicó que esa fue la situación más común entre los asistentes.
«Todos tenían una aplicación y muchos no sabían qué tipo de aplicación fue sometida de parte de ellos. No sabían en qué estatus estaba su caso y no recibieron copias, hasta que recibieron el enlace con el caso cuando cerró el bufete de Lozano», explicó.
Rivera señaló que el primer paso para cualquier persona afectada es obtener una copia completa de su expediente.
«Queremos que las personas sigan pidiendo sus archivos y que sigan llamando a la Barra de Abogados de Washington para que les ayuden a obtenerlos si no los han recibido.»
Explicó que sin ese expediente resulta muy difícil que otro abogado pueda revisar el caso y determinar qué ocurrió.
Solo después de analizar la documentación completa, dijo, será posible identificar si hubo errores, información incorrecta, posibles irregularidades o incluso determinar si la persona reúne los requisitos para otro beneficio migratorio.
En este sentido la Asociación de Abogados del Estado de Washington (WSBA) informó en un aviso público que, hasta el 29 de junio de 2026, tenía entendido que todos los expedientes de los clientes habían sido devueltos, con excepción de aproximadamente 200 casos que requerían procesamiento manual.
Según la organización, esos expedientes restantes serían devueltos antes del 10 de agosto de 2026. La WSBA también indicó que las personas que continúen teniendo dificultades para obtener su documentación pueden solicitar ayuda escribiendo al correo ogc@wsba.org. Latino Herald no ha podido confirmar independientemente estas cifras.
La prioridad: no perder comunicación con inmigración
Otro de los mensajes más importantes que compartieron los abogados durante la clínica fue la necesidad de actualizar inmediatamente la dirección ante las autoridades migratorias.
«Lo primero es cambiar su dirección con USCIS para recibir toda la correspondencia de su caso y también con la Corte de Inmigración si tienen un proceso abierto, para no perder una audiencia», explicó Rivera.
Un sitio para orientar a las víctimas
Ante la cantidad de personas que buscan ayuda, un grupo de abogados voluntarios creó el sitio ayudavictimaslozano.org, donde los afectados pueden encontrar recursos, información sobre futuras clínicas y un directorio de abogados de inmigración.
«Estamos tratando de poner toda la información para todas las víctimas en ese lugar para que por lo menos puedan tener más información de qué pasos tomar y qué recursos existen», explicó Chelan Crutcher-Herrejon.
Los organizadores también indicaron que analizan realizar nuevas clínicas legales en colaboración con otras organizaciones para continuar apoyando a los afectados.
El caso Alexandra Lozano y las opciones para los afectados
La clínica legal se realizó casi dos meses después de que Alexandra Lozano renunciara, en mayo de 2026, a su licencia para ejercer la abogacía en el estado de Washington. Posteriormente, su despacho cambió de nombre a Luz Legal y días después de ese cambio anunciaron que dejaban de operar, dejando a numerosos clientes en busca de respuestas sobre el estado de sus casos y de una nueva representación legal.
Desde entonces, organizaciones de abogados y voluntarios han organizado clínicas legales y creado recursos para orientar a los exclientes sobre los pasos que deben seguir. Entre las principales recomendaciones están obtener una copia completa de su expediente, actualizar su dirección ante USCIS y la Corte de Inmigración y buscar asesoría legal independiente.
Durante la clínica, Latino Herald preguntó qué pueden hacer los afectados que consideran haber sido víctimas de irregularidades.
La abogada Chelan Crutcher-Herrejon explicó que, dependiendo de cada situación, los exclientes pueden presentar denuncias ante la Oficina del Fiscal General del Estado de Washington, el Colegio de Abogados del Estado de Washington (WSBA) o, en algunos casos, ante las autoridades policiales.
Sin embargo, reconoció que muchas personas encuentran un proceso frustrante porque distintas instituciones pueden considerar que el asunto corresponde a otra dependencia.
«Hay que insistir», afirmó Crutcher-Herrejon, al recomendar que los afectados no dejen de buscar orientación ni de utilizar los mecanismos disponibles para proteger sus derechos.
Las personas que consideran haber sido afectadas y desean sumarse a la demanda civil pueden obtener más información y registrarse en lozanocivilaction.com.
Si ves algún error de cualquier tipo en esta información puedes escribirnos al email: info@latinoherald.com
