La Corte Suprema de Washington confirmó la responsabilidad de Meta Platforms, propietaria de Facebook e Instagram, por incumplir requisitos estatales relacionados con la divulgación de información sobre anuncios políticos. Con la decisión, permanece vigente una sanción superior a los 35 millones de dólares impuesta previamente por tribunales inferiores.
El caso surgió a partir de una demanda presentada por el Estado en 2020, después de que la compañía no proporcionara información completa sobre publicidad política solicitada por ciudadanos bajo las normas de transparencia electoral de Washington.
La Corte respaldó la aplicación de la ley de transparencia electoral
La decisión mantiene los fallos emitidos anteriormente por el Tribunal Superior del condado King y por el Tribunal de Apelaciones de Washington.
Los magistrados concluyeron que Meta incumplió disposiciones de la Ley de Prácticas Justas de Campaña (FCPA, por sus siglas en inglés), que exige a determinados anunciantes y plataformas digitales conservar y divulgar información relacionada con campañas electorales.
Según la opinión principal, estas normas buscan fortalecer la transparencia electoral y permitir que los votantes conozcan quién financia mensajes políticos y cómo son distribuidos.
La resolución completa puede consultarse en la Corte Suprema de Washington.
Los argumentos de Meta ante el máximo tribunal estatal
La discusión sobre la Primera Enmienda
Meta sostuvo que la aplicación de la normativa vulneraba derechos protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
La empresa argumentó que las obligaciones de divulgación imponían una carga excesiva a las plataformas digitales y podían afectar la circulación de anuncios políticos.
Sin embargo, la mayoría de los magistrados determinó que la ley guarda una relación directa con el interés público de promover la transparencia electoral y ofrecer más información a los votantes.
La Corte destacó que los requisitos de divulgación han sido reconocidos por tribunales estadounidenses como herramientas válidas para mejorar el acceso público a información sobre financiamiento político.
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Cómo se calculó la multa
El desacuerdo sobre las infracciones contabilizadas
Uno de los puntos centrales del litigio fue la forma en que debía calcularse la sanción económica.
Meta argumentó que cualquier multa debía basarse en el número de solicitudes de información que no respondió adecuadamente.
Por el contrario, el Estado sostuvo que cada anuncio para el cual no se proporcionó la información exigida constituía una infracción independiente.
El tribunal de primera instancia adoptó esta interpretación y contabilizó 822 infracciones, aplicando la sanción máxima permitida por la legislación para cada una de ellas.
La opinión principal indicó que este método se ajusta al propósito de la ley, cuyo objetivo es garantizar el mayor nivel posible de acceso público a la información relacionada con campañas electorales.
La Corte rechazó el argumento sobre una multa excesiva
Meta también sostuvo que la sanción vulneraba la prohibición constitucional contra las multas excesivas.
La mayoría de los magistrados rechazó ese planteamiento.
La Corte señaló que la empresa ya había enfrentado procedimientos previos relacionados con el cumplimiento de las normas de divulgación y consideró que la sanción guardaba relación con la magnitud de las infracciones identificadas.
Los jueces también destacaron que la compañía reconoció no haber entregado toda la información exigida por la legislación estatal.
Un fallo con impacto en la publicidad política digital
La decisión representa uno de los pronunciamientos más importantes en Washington sobre la regulación de la publicidad política digital.
Además, refuerza la capacidad del Estado para exigir que determinadas plataformas tecnológicas mantengan disponibles registros relacionados con anuncios políticos dirigidos a votantes locales.
Aunque los magistrados discreparon sobre algunos aspectos vinculados al cálculo de la sanción, el resultado final dejó intacta la multa establecida por las instancias inferiores.
¿Por qué demandó Washington a Meta?
El Estado sostuvo que la empresa no proporcionó información completa sobre anuncios políticos cuando ciudadanos solicitaron esos registros conforme a las normas de transparencia electoral.
¿Cuánto deberá pagar Meta?
La sanción y los costos asociados superan los 35 millones de dólares, según la sentencia que quedó vigente tras la decisión de la Corte Suprema estatal.
¿Qué implica este fallo para otras plataformas digitales?
La resolución reafirma la validez de las normas de divulgación sobre publicidad política y fortalece los mecanismos de transparencia electoral en Washington.
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