El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante una conferencia de prensa en el palacio presidencial en San Salvador, en enero de 2026. (Foto AP/Salvador Meléndez)
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante una conferencia de prensa en el palacio presidencial en San Salvador, en enero de 2026. (Foto AP/Salvador Meléndez)

Aprobación de la reforma constitucional en El Salvador

SAN SALVADOR (AP) — El presidente salvadoreño Nayib Bukele firmó el miércoles una reforma constitucional que permite imponer cadena perpetua a personas desde los 12 años, una medida polémica que se suma a otras decisiones de mano dura impulsadas por el mandatario.

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El cambio fue aprobado el mes pasado por la Asamblea Legislativa, controlada por el partido de Bukele, y se aplicará a quienes sean condenados por cometer o ser cómplices de delitos como homicidio, feminicidio, violación y por pertenecer a pandillas. La iniciativa fue promovida por el gabinete del presidente.


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Nuevas penas y alcance de la ley

Anteriormente, la pena máxima en El Salvador era de 60 años para adultos e inferior para menores de edad. Las reformas, que entrarán en vigor el 26 de abril, crearán nuevos tribunales penales para juzgar estos casos.

También establecen una revisión obligatoria de las condenas a cadena perpetua después de décadas, dependiendo de la edad del condenado y la gravedad del delito.

Críticas a la estrategia de seguridad de Bukele

Críticos afirman que estas reformas son la más reciente medida severa de Bukele en más de cuatro años de su guerra contra las pandillas.


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Tras un aumento de la violencia en 2022, Bukele declaró un estado de excepción que inicialmente era temporal, pero que se ha extendido durante años, convirtiéndose en una política permanente en el país.


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El gobierno suspendió derechos constitucionales y encarceló a más del 1% de la población de El Salvador, muchas veces con acusaciones vagas y poca evidencia. Las autoridades suelen juzgar a los detenidos en procesos masivos, y los abogados con frecuencia pierden el rastro de sus clientes.

En un juicio masivo el año pasado, presuntos pandilleros recibieron condenas de cientos de años.

Funcionarios del gobierno han afirmado previamente que los pandilleros detenidos “nunca volverán” a las calles.


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Detenciones masivas y denuncias de abusos

Bajo esta política, el gobierno ha detenido a unas 91,650 personas en El Salvador. Nayib Bukele ha señalado que su gobierno ha liberado a menos del 10% de las personas detenidas.

Esto ha generado acusaciones de violaciones a los derechos humanos y detenciones arbitrarias, aunque también ha reducido significativamente las tasas de homicidio en un país históricamente afectado por la violencia de pandillas, lo que ha elevado la popularidad del presidente.

Impacto político y reformas adicionales

Diversos sectores critican duramente al aliado del presidente estadounidense Donald Trump y señalan que ha debilitado los controles institucionales y ha afectado la democracia salvadoreña.

Los cambios en las penas forman parte de una serie de reformas constitucionales impulsadas por Bukele y sus aliados. El año pasado, el gobierno aprobó otra controvertida reforma que elimina los límites a la reelección presidencial, abriendo la puerta a que Bukele permanezca en el poder de forma indefinida.

Presión sobre periodistas y oposición

Impulsado por su alianza con el expresidente Donald Trump, el gobierno también ha perseguido a sus críticos, deteniendo activistas y presionando a periodistas y opositores a elegir entre el exilio o la prisión.


¿Qué establece la nueva reforma en El Salvador?

Permite imponer cadena perpetua a personas desde los 12 años por delitos graves como homicidio, violación o pertenencia a pandillas.

¿Por qué es polémica la medida impulsada por Bukele?

Porque organizaciones y críticos señalan posibles violaciones a los derechos humanos y un debilitamiento de la democracia.

¿Cuántas personas han sido detenidas bajo esta política?

El gobierno ha detenido a unas 91,650 personas y solo ha liberado a una pequeña parte de ellas, que no alcanza el 10%, mientras mantiene a la gran mayoría bajo custodia.


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