Sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación — Foto: SCJN
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México resolvió esta semana que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puede ordenar el bloqueo de cuentas bancarias sin autorización judicial previa, siempre que existan elementos que apunten a posibles operaciones de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. La decisión redefine el alcance de esta herramienta dentro del sistema financiero mexicano y reabre el debate sobre el equilibrio entre prevención y derechos procesales.
Lo que resolvió la SCJN sobre el bloqueo de cuentas bancarias
La Suprema Corte de Justicia de la Naciónconcluyó que la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera se ajusta a la Constitución cuando se aplica como una medida administrativa y preventiva, no como una sanción penal.
Con ello, el máximo tribunal validó la reforma aprobada por el Congreso de la Unión en marzo de 2022 al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, que permite incluir a personas o empresas en la lista de sujetos bloqueados si existen indicios suficientes de vínculos con delitos financieros.
Además, la decisión deja atrás el criterio adoptado por la anterior integración de la Corte, que limitaba esta facultad en casos sin una solicitud internacional formal.
Qué puede hacer ahora la UIF
A partir de este criterio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la UIF, podrá ordenar el congelamiento de recursos cuando detecte señales relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento de actividades terroristas.
De acuerdo con el marco legal vigente, esta acción forma parte de los mecanismos de protección del sistema financiero. En ese contexto, la medida no busca determinar culpabilidad penal, sino evitar el posible uso indebido de cuentas y movimientos bancarios.
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Para entender el marco legal, el artículo 116 Bis 2 puede consultarse en la Cámara de Diputados (Ley de Instituciones de Crédito).
Senadores cuestionaron la constitucionalidad de la reforma
La resolución surgió tras una impugnación presentada por legisladores de oposición, quienes argumentaron que la reforma afectaba principios como la presunción de inocencia, el debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho de audiencia.
Los argumentos contra la reforma
Los senadores sostuvieron que permitir el bloqueo de cuentas bancarias sin intervención judicial previa abría la puerta a decisiones con efectos severos sobre personas y empresas, sin una revisión independiente inmediata.
También cuestionaron la claridad del procedimiento de defensa. En particular, señalaron que la norma establece un plazo de 10 días hábiles desde la notificación para que la persona afectada responda, pero no define con precisión cómo debe ejercerse esa defensa.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf, al presentar su proyecto, defendió que esta herramienta no sustituye al Ministerio Público ni equivale por sí misma a una acusación penal.
Según ese razonamiento, el bloqueo de cuentas bancarias opera como una medida cautelar para contener riesgos dentro del sistema financiero y evitar que recursos presuntamente ilícitos sigan circulando.
Ese enfoque fue respaldado por ministros que consideraron que la UIF no actúa con discrecionalidad absoluta, sino con base en una evaluación de hechos, movimientos y conexiones financieras que deben mostrar una posible relación con delitos previstos en la ley.
Hubo desacuerdo dentro del pleno
No todos los ministros coincidieron con esa visión. Durante la discusión, surgieron posturas que advirtieron que congelar recursos bancarios puede tener efectos similares a una sanción penal, aunque formalmente se presente como una medida administrativa.
El punto de fricción central
Quienes votaron en contra advirtieron que una decisión de ese alcance debería mantenerse bajo mayor control judicial o, al menos, estar más estrechamente vinculada a una investigación penal encabezada por el Ministerio Público.
En contraste, la mayoría consideró que exigir siempre una orden judicial previa podría restar eficacia a una herramienta diseñada para actuar con rapidez frente a operaciones sospechosas.
La Corte también revisó un caso empresarial vinculado a la UIF
La discusión incluyó un caso relacionado con la empresa estadounidense Fresh Packing Corporation, incorporada desde 2020 a la lista de personas bloqueadas por la UIF.
La empresa promovió un recurso legal tras alegar que no tenía relación con la persona investigada y que existía una confusión de identidad. Sin embargo, la Corte respaldó la permanencia del congelamiento de sus cuentas.
Por qué este caso fue relevante
Este expediente permitió a la Corte revisar si el criterio anterior seguía teniendo sentido. Bajo la interpretación de 2018, la autoridad mexicana solo podía actuar sin orden judicial en escenarios ligados a solicitudes internacionales expresas.
Ahora, la nueva mayoría concluyó que esa limitación ya no resultaba consistente si existían indicios relevantes obtenidos dentro del ámbito nacional.
Lo que implica este fallo para personas y empresas
La decisión fortalece la capacidad operativa de la UIF, pero también incrementa la importancia de los mecanismos de defensa para quienes sean incluidos en la lista de personas bloqueadas.
En términos prácticos, el fallo significa que una persona o empresa puede enfrentar un congelamiento de cuentas antes de que exista una orden judicial. Siempre que la autoridad financiera argumente indicios suficientes.
Además, la resolución podría influir en futuros litigios sobre inteligencia financiera, compliance bancario, control de recursos y protección patrimonial.
Aunque la resolución ya fija un criterio importante, el debate no termina aquí. A partir de ahora, gran parte de la discusión se centrará en cómo se justifican estos bloqueos. En cómo se notifican y qué tan efectiva resulta la defensa legal de quienes los impugnan.
En otras palabras, la discusión ya no gira solo en torno a si la UIF puede hacerlo. Sino en cómo debe ejercer esa facultad sin vulnerar derechos fundamentales.
¿Qué decidió la SCJN sobre la Unidad de Inteligencia Financiera y las cuentas bancarias?
La Suprema Corte de Justicia validó que la UIF pueda ordenar el bloqueo de cuentas bancarias sin orden judicial previa. Siempre que existan indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
¿El bloqueo de cuentas significa que ya existe un delito probado?
No. La Corte sostuvo que se trata de una medida administrativa y preventiva, no de una sentencia penal ni de una declaración automática de culpabilidad.
¿Una persona o empresa puede defenderse si la UIF bloquea sus cuentas?
Sí. La ley prevé un mecanismo de defensa tras la notificación. Aunque uno de los puntos debatidos fue precisamente la claridad y alcance real de ese procedimiento.
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