La oficina del Fiscal General de Washington anunció el jueves 4 de diciembre, que la empresa agrícola Shinn & Son pagará hasta $300,000 dólares y cambiará sus prácticas de contratación tras resolver una demanda por discriminación. El decreto por consentimiento busca reparar el daño causado a trabajadores agrícolas locales. Quienes son en su mayoría mujeres.
Acuerdo por consentimiento con Shinn & Son en Washington
Según la demanda de la oficina del Fiscal General, Shinn & Son despidió a cuadrillas de trabajadores agrícolas de la zona poco después de obtener autorización federal para contratar mano de obra temporal extranjera mediante el programa de visas H-2A del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. A varios empleados locales se les dijo que ya no había empleo disponible, mientras casi un centenar de trabajadores H-2A comenzaba labores en los campos.
Como parte del acuerdo, las personas afectadas recibirán pagos que van desde $5000 hasta $25,000 dólares. Esto dependiendo de la gravedad de cada caso y del tipo de perjuicio sufrido. La empresa, con sede en Toppenish y dedicada al cultivo de lúpulo, maíz, cáñamo y calabazas, opera en el estado desde 1980.
El Fiscal General Nick Brown señaló que contratar personal extranjero cuando hay trabajadores agrícolas locales calificados y disponibles constituye un abuso del sistema y vulnera la legislación estatal. El acuerdo busca enviar un mensaje de responsabilidad a los empleadores y reforzar la protección de los derechos de los trabajadores del campo.
Denuncias de discriminación y uso del programa H-2A
La investigación de la oficina del Fiscal General se inició tras un aviso de Columbia Legal Services, organización que brinda asistencia legal a trabajadores de bajos ingresos. Los abogados documentaron denuncias de mujeres despedidas que, pese a volver a solicitar empleo, recibían una y otra vez la misma respuesta: “no hay vacantes”.
Entre marzo y mayo de 2023, al menos 20 trabajadoras intentaron ser recontratadas sin éxito. La demanda sostiene que algunas mujeres fueron objeto de comentarios ofensivos sobre su edad y capacidad física. De acuerco con la oficina del Fiscal General esto es un ejemplo de discriminación laboral basada en género y edad.
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El programa federal H-2A tiene como objetivo cubrir escasez temporal de mano de obra agrícola. Para acceder a este mecanismo, los empleadores deben demostrar que no hay suficientes trabajadores estadounidenses “dispuestos y capaces” de realizar el trabajo. Además, están obligados a ofrecer a los empleados locales las mismas condiciones de salario, beneficios, garantía de horas y alojamiento que a quienes llegan con visa H-2A.
La demanda indica que Shinn & Son no cumplió con esas obligaciones y despidió a personal local, rechazó recontrataciones y dio información falsa sobre la disponibilidad. Todo esto al tiempo que ocupaba las plazas con mano de obra reclutada en el extranjero.
Violaciones a la ley de protección al consumidor y normas antidiscriminación
La demanda acusa a Shinn & Son de vulnerar la ley, al hacer declaraciones engañosas sobre puestos de trabajo, condiciones de empleo y disponibilidad de horas. También sostiene que la empresa violó la Ley contra la discriminación de Washington al discriminar a personas por su estatus migratorio o ciudadanía y al excluir a mujeres por razones de género.
Aunque la compañía niega haber incurrido en las conductas descritas en la denuncia, acepta el decreto por consentimiento y las obligaciones que este impone. Para la oficina del Fiscal General, este tipo de acuerdo judicial es una herramienta clave para corregir conductas. Mientras compensa a quienes han sido perjudicados y prevenir nuevas violaciones a las leyes estatales.
La oficina del Fiscal General explicó que acciones como esta buscan asegurar que los empleadores respeten tanto las normas de protección al consumidor como las leyes contra la discriminación. Es especial los sectores donde los trabajadores son más vulnerables a abusos.
Cambios obligatorios en las prácticas de contratación y capacitación
El decreto por consentimiento, que estará vigente durante cinco años, establece que Shinn & Son no podrá tergiversar la existencia de vacantes ni las condiciones laborales, incluidos salarios, beneficios y garantías de horas. Asimismo, prohíbe cualquier trato desigual por motivo de género o situación migratoria en los procesos de contratación, despido o asignación de tareas.
La empresa deberá adoptar y difundir una política interna de no discriminación, disponible tanto en inglés como en español. Esto para que todo el personal comprenda sus derechos y obligaciones. Además, tendrá que ofrecer capacitación anual a supervisores y responsables de recursos humanos sobre las leyes estatales de protección al consumidor y las normas antidiscriminación.
El decreto también incluye obligaciones de mantener registros y enviar informes para demostrar el cumplimiento de estas medidas. Con ello, la Fiscalía busca garantizar que las nuevas políticas se apliquen de forma real y no solo sobre el papel.
¿Quiénes pueden recibir compensación del acuerdo con Shinn & Son?
Pueden ser elegibles quienes trabajaron para Shinn & Son y perdieron su empleo, vieron reducidas sus horas o fueron rechazados injustamente durante el periodo investigado. También pueden calificar personas que recibieron información falsa sobre la existencia de puestos de trabajo o condiciones de empleo.
La cantidad a recibir dependerá de la situación de cada persona y de la documentación presentada. Los montos van desde $5000 hasta $25,000 dólares, según el tipo de daño sufrido.
Rol de las organizaciones legales y alcance del acuerdo
La participación de Columbia Legal Services, que mantiene un área específica de justicia laboral para trabajadores del campo, fue clave para que el caso llegara a las autoridades estatales. Su trabajo de documentación y acompañamiento permitió reunir testimonios y pruebas sobre prácticas de contratación injustas.
La Oficina del Fiscal General, destaca que este acuerdo no solo compensa a quienes denunciaron, sino que envía una señal a otros empleadores agrícolas en Washington. El mensaje es que los trabajadores agrícolas locales tienen derecho a ser considerados en igualdad de condiciones y a no ser desplazados injustamente por el uso del programa H-2A.
¿Qué derechos tienen los trabajadores agrícolas frente al programa H-2A?
Los trabajadores agrícolas locales deben recibir las mismas condiciones que quienes llegan con visa H-2A, incluidos salario, beneficios, vivienda adecuada cuando se ofrece y garantías mínimas de horas. La ley impide que se use el programa para desplazar a trabajadores de la zona que estén capacitados y dispuestos a trabajar.
¿Dónde puede un trabajador denunciar abusos relacionados con la visa H-2A?
Si un trabajador sospecha que un empleador está usando el programa H-2A para reemplazar a personal local o para pagar menos, puede acudir a la Oficina del Fiscal General, a organizaciones como Columbia Legal Services o a otras entidades de defensa laboral para recibir orientación gratuita.
¿Cómo denunciar prácticas laborales discriminatorias en Washington?
Las personas que crean haber sido víctimas de discriminación laboral o engaño en ofertas de empleo pueden presentar quejas ante la Oficina del Fiscal General del Estado de Washington o ante organizaciones de asistencia legal. Es recomendable guardar contratos, mensajes, recibos de pago y cualquier otro documento que respalde su versión de los hechos.
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