Washington D.C. — La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó este sábado al gobierno de Donald Trump detener temporalmente las deportaciones de presuntos miembros de pandillas venezolanas, tras una solicitud presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que denunció que los migrantes estaban a punto de ser expulsados sin tener oportunidad de refutar su remoción.
La orden, breve y no firmada, señala que “el gobierno tiene prohibido remover de los Estados Unidos a cualquier miembro del grupo propuesto de detenidos hasta nueva orden de esta Corte”. La decisión se tomó en el marco del caso A.A.R.P., et al. v. Trump, President of U.S., et al., y se mantendrá en vigor mientras que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito revise el caso.
Los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito discreparon con la decisión; Alito anunció que emitirá una declaración posterior más detallada.
Según el Washington Post, los migrantes afectados por esta orden habrían sido detenidos recientemente en centros de inmigración en el norte de Texas, algunos con avisos de deportación escritos únicamente en inglés, en los que se les calificaba como “enemigos extranjeros” bajo Alien Enemies Act, una ley de 1798 históricamente vinculada a situaciones de guerra.
ACLU argumentó ante la Corte que los afectados no habían recibido información clara sobre su derecho a apelar ni sobre cuándo serían expulsados, y denunció que algunos ya estaban siendo transportados en autobuses hacia lo que presumiblemente sería un vuelo de deportación programado para el viernes por la tarde o sábado por la mañana.
“La Corte no permitió que la administración se los llevara como hizo con otros el mes pasado”, declaró Lee Gelernt, abogado principal de ACLU en el caso, citado por el Washington Post.
Durante una audiencia de emergencia el viernes en una corte federal de Washington D.C., Gelernt señaló que los avisos de deportación no ofrecían ningún mecanismo para impugnar la designación, ni un plazo para hacerlo. “No hay una casilla para marcar que diga ‘quiero apelar’”, explicó el abogado.
Por su parte, el abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign, dijo a la corte que el gobierno no tenía planes inmediatos de ejecutar las deportaciones esa noche, aunque se reservaba el derecho de hacerlo a partir del sábado.
El académico de Georgetown Law, Steve Vladeck, calificó la intervención de la Corte Suprema como “agresiva” y dijo que la decisión sugiere que la mayoría de los magistrados “ha perdido la paciencia con los manejos procesales del gobierno”, al menos en lo relacionado con el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros.
La decisión de la Corte Suprema no invalida el uso de la Alien Enemies Act, pero sí impide que se ejecuten deportaciones mientras no se otorgue a los migrantes una oportunidad real de impugnarlas ante los tribunales.
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