TikTok lucha por su sobrevivir mientras se acerca la fecha de su prohibición 

Washington D.C. – El futuro de TikTok en Estados Unidos está en juego mientras la Corte Suprema escucha argumentos clave sobre la plataforma, utilizada por cerca de la mitad de la población estadounidense. En el centro del caso está una ley que, de implementarse el 19 de enero, podría forzar la venta de TikTok por parte de su empresa matriz china, ByteDance, o resultar en el cierre de la aplicación en el país. 

Según documentos legales, si la ley entra en vigor, TikTok dejaría de estar disponible para nuevos usuarios y sus actualizaciones se suspenderían, afectando a más de 170 millones de usuarios activos por mes. La administración Biden defiende la medida, citando preocupaciones sobre la posible influencia del gobierno chino en la recopilación de datos y la difusión de información a través de la aplicación, aunque reconoce que no hay pruebas de que estos riesgos hayan materializado. 

¿Es anticonstitucional la prohibición de la red social?

En contraste, TikTok, ByteDance y grupos de creadores de contenido argumentan que la ley viola la Primera Enmienda al limitar la libertad de expresión. Además, destacan el impacto económico y social que tendría un cierre parcial o total, incluyendo pérdidas significativas para los creadores de contenido y para la empresa. 

La administración entrante, encabezada por Donald Trump, ha solicitado más tiempo para buscar una solución política que equilibre las preocupaciones de seguridad nacional con la continuidad de la plataforma. Trump, quien ha utilizado TikTok como herramienta para conectar con votantes jóvenes, ha manifestado su interés en mediar una resolución que permita que la aplicación continúe operando bajo nuevas condiciones. 

El caso TikTok sentaría jurisprudencia en procesos similares

El caso, que se debatirá a solo días de la toma de posesión presidencial, plantea un complejo choque entre seguridad nacional, derechos digitales y la creciente influencia de las redes sociales en la vida pública. Con los jueces enfrentando plazos ajustados, el resultado podría sentar un precedente histórico sobre el manejo gubernamental de plataformas tecnológicas extranjeras.