Ciudad de Mexico – El congreso de México se prepara para discutir proximamente una propuesta que busca incorporar la guardia nacional (GN) a la secretaría de la defensa nacional (Sedena), lo que ha generado preocupación en diversos sectores, incluidos defensores de derechos humanos. El centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro-Juárez (Centro Prodh) expresó su inquietud en redes sociales, calificando esta iniciativa como «un paso sin retorno hacia la militarización del pais».
La reforma, que propone modificaciones al Artículo 21 de la constitución, eliminaría la «garantía orgánica» que establece el carácter civil de las instituciones de seguridad pública, a pesar de que la suprema corte de justicia de la nación (SCJN) ya determinó la inconstitucionalidad de esta medida. Esta propuesta forma parte del llamado plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca adscribir operativa y administrativamente la GN a la defensa nacional, manteniéndola bajo normas de seguridad pública.
La iniciativa, según sus promotores, no busca otorgar a la guardia nacional funciones militares, sino que la corporación siga al frente de la estrategia nacional de seguridad, bajo la dirección de la secretaría de seguridad y protección ciudadana (SSPC). Sin embargo, la reforma plantea que los elementos de la GN puedan ser juzgados por tribunales militares en determinadas circunstancias, lo que ha generado críticas de organizaciones como el Centro Prodh.
El coordinador de la bancada de morena en la cámara de diputados, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que el dictamen ya fue aprobado en comisiones y será sometido a discusión el próximo jueves 19 de septiembre. De ser aprobado, el proyecto de ley será enviado al Senado de la República para su revisión.
El Centro Prodh ha advertido que esta reforma podría abrir la puerta a un mayor poder militar en el país, modificando también el Artículo 129 constitucional, que limita las funciones militares en tiempos de paz. La organización ha hecho un llamado a los legisladores para que no aprueben esta reforma sin implementar controles civiles externos, como ha recomendado la corte interamericana de derechos humanos.
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