Washington D.C. – La Corte Suprema de Estados Unidos se puso del lado del gobierno de Biden el miércoles 26 de junio, en una disputa con estados liderados por republicanos. La contienda giraba en torno al alcance del gobierno federal en la lucha contra publicaciones controvertidas en redes sociales. Este fallo es crucial para el futuro de la libertad de expresión en línea.

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El Veredicto de la Corte Suprema

Con una votación de 6 a 3, los jueces anularon los fallos de tribunales inferiores que favorecían a Luisiana, Missouri y otros estados. Estos estados alegaban que la administración demócrata había presionado a las plataformas de redes sociales para reprimir puntos de vista conservadores de manera inconstitucional. La jueza Amy Coney Barrett, escribiendo para la mayoría, declaró que los estados no tenían el derecho legal ni la legitimación para demandar. Los jueces Samuel Alito, Neil Gorsuch y Clarence Thomas discreparon. Según Barrett, ni los individuos ni los demandantes estatales han establecido una legitimación activa para solicitar una orden judicial contra ningún acusado, por lo que la corte carece de competencia para resolver la disputa en su fondo. Este veredicto refuerza el poder del gobierno en la moderación de contenido en plataformas digitales.

Implicaciones para la Libertad de Expresión y Futuros Casos

Este caso es uno de varios que el tribunal ha abordado en este término que afectan a las empresas de redes sociales en el contexto de la libertad de expresión. En febrero, el tribunal escuchó argumentos sobre leyes aprobadas por los republicanos en Florida y Texas que prohíben a las grandes empresas de redes sociales eliminar publicaciones por sus opiniones. En marzo, se establecieron normas sobre cuándo los funcionarios públicos pueden bloquear a sus seguidores en redes sociales. El fallo de la Corte Suprema sobre redes sociales podría sentar un precedente importante.

Los estados argumentaron que varios funcionarios del gobierno federal, incluyendo al personal de comunicaciones de la Casa Blanca y al FBI, ejercieron una «presión implacable» para forzar cambios en el contenido en línea de las plataformas. Durante los argumentos de marzo, varios jueces se mostraron escépticos ante estas afirmaciones, preocupados de que un fallo a favor de los estados pudiera afectar interacciones comunes entre funcionarios gubernamentales y plataformas.

La Postura de la Administración Biden

La administración Biden destacó que un fallo a favor de los estados podría limitar la capacidad del gobierno para comunicarse con las empresas de redes sociales sobre publicaciones que abordan temas de seguridad nacional, salud pública e integridad electoral. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, afirmó que la decisión del tribunal permite a la administración Biden continuar con su trabajo crucial para proteger la seguridad del pueblo estadounidense. Esta decisión es un respaldo significativo a la estrategia del gobierno en la gestión de información en plataformas de redes sociales.

¿Por qué la Corte Suprema falló a favor de la administración Biden en este caso?

La Corte Suprema falló a favor de la administración Biden porque la mayoría de los jueces determinó que los estados demandantes no tenían la legitimación legal para demandar, es decir, no pudieron demostrar que la administración les causó un daño directo y reparable.

¿Qué implicaciones tiene este fallo para la interacción entre el gobierno y las redes sociales?

El fallo permite que la administración Biden continúe comunicándose con las empresas de redes sociales sobre publicaciones relacionadas con seguridad nacional, salud pública e integridad electoral, sin que esto se considere una represión inconstitucional de la libertad de expresión.

¿Qué otros casos relacionados con las redes sociales ha abordado la Corte Suprema recientemente?

Recientemente, la Corte Suprema ha abordado casos sobre leyes que prohíben a las grandes empresas de redes sociales eliminar publicaciones por sus opiniones (en Florida y Texas) y ha establecido normas sobre cuándo los funcionarios públicos pueden bloquear a sus seguidores en redes sociales.

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