OTHELLO, Washington. — Una jueza determinó que la Oficina del Sheriff del condado de Adams violó la legislación estatal al colaborar ilegalmente con las autoridades federales de inmigración. La decisión representa un revés judicial para el alguacil Dale Wagner, quien ha defendido públicamente su cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y anunció que apelará el fallo.
La decisión, anunciada el 13 de noviembre de 2026 por la Fiscalía General de Washington, también establece que la ley Keep Washington Working Act, aprobada en 2019 para limitar la participación de las policías locales en asuntos migratorios civiles, es constitucional.
El fallo responde a una demanda presentada en marzo de 2025 por el fiscal general Nick Brown, quien acusó al departamento de Wagner de compartir información de personas detenidas con autoridades federales y participar en actividades migratorias prohibidas por la legislación estatal.
¿Qué hizo el departamento del sheriff?
Según la demanda estatal, la Oficina del Sheriff compartió información sobre personas bajo custodia con agentes federales de inmigración, incluidos datos sobre su ingreso a instalaciones de detención y las fechas previstas para su liberación.
La Fiscalía General también cuestionó prácticas relacionadas con la participación de agentes federales en interrogatorios migratorios y la colaboración de los agentes locales en procedimientos de inmigración civil.
De acuerdo con información publicada por The Spokesman-Review, entre mayo de 2019 y enero de 2022, el departamento compartió información no pública con autoridades migratorias en al menos 212 ocasiones.
Según informó Washington State Standard, entre mayo de 2021 y marzo de 2023, la Oficina del Sheriff del condado de Adams entregó directamente a la Patrulla Fronteriza al menos a seis personas detenidas, tres de las cuales no tenían cargos penales locales pendientes. Uno de los afectados presentó una demanda que el condado acordó resolver mediante un pago de $95,000 durante el verano de 2026. La investigación judicial también estableció que el departamento compartió regularmente información de detenidos con autoridades migratorias entre 2019 y mediados de 2023, pese a que la Fiscalía General había advertido a Wagner desde 2022 sobre posibles violaciones de la ley estatal.
La jueza Marla Polin concluyó que el condado había violado las restricciones estatales y rechazó el argumento de que la ley Keep Washington Working Act era inconstitucional.
La sentencia obliga al condado a abandonar las prácticas declaradas ilegales, actualizar las políticas internas de la Oficina del Sheriff y capacitar a sus agentes para cumplir la legislación estatal.
Un sheriff que desafió públicamente las restricciones estatales
El enfrentamiento entre Wagner y la Fiscalía General adquirió relevancia nacional meses antes de la sentencia.
En un reportaje publicado el 9 de abril de 2025, The New York Times documentó cómo el sheriff defendía su colaboración con las autoridades migratorias y presentaba su disputa con el estado como una batalla entre David y Goliat.
Durante una entrevista con el periódico en Othello, Wagner sostuvo que su actuación respondía al juramento que hizo al asumir el cargo.
“Todo se remonta a mi juramento”, declaró al medio, al explicar que consideraba su deber defender tanto la Constitución de Washington como la Constitución de Estados Unidos.
El sheriff también rechazó las acusaciones de que sus agentes mantuvieran detenidas a personas únicamente por su situación migratoria o permitieran interrogatorios federales contrarios a la ley.
Según el reportaje, Wagner recibió representación legal de una organización conservadora fundada por Stephen Miller, uno de los principales asesores del presidente Donald Trump en materia de inmigración.
El alguacil también fue convocado a comparecer ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para abordar su enfrentamiento con las autoridades estatales.
Un conflicto en un condado mayoritariamente hispano
La controversia tiene especial relevancia en Adams, un condado agrícola del este de Washington donde aproximadamente el 64 % de sus 21,000 habitantes son hispanos, según los datos citados por The New York Times en abril de 2025.
Othello, la ciudad más grande del condado, cuenta con una importante población de familias vinculadas a la agricultura y otras actividades económicas que dependen de trabajadores inmigrantes.
El reportaje también documentó las preocupaciones de residentes y organizaciones comunitarias sobre las consecuencias de la colaboración entre las autoridades locales y las agencias federales de inmigración.
Entre las organizaciones que cuestionaron las actuaciones del sheriff se encuentra el Northwest Immigrant Rights Project, que presentó una demanda independiente relacionada con la cooperación del departamento con autoridades migratorias.
Por su parte, Wagner ha sostenido que su prioridad es proteger la seguridad pública y que sus agentes no detienen personas únicamente por carecer de documentos migratorios.
Sheriff Wagner rechaza el fallo y anuncia apelación
El sheriff Dale Wagner rechazó la decisión del Tribunal Superior del condado de Spokane y anunció que buscará revertirla mediante una apelación.
En un comunicado oficial, Wagner sostuvo que su principal responsabilidad es proteger a los residentes del condado de Adams y cuestionó las restricciones que Washington impone a la colaboración entre las policías locales y las autoridades federales de inmigración.
Wagner insistió en que su postura no está relacionada con la raza ni con la situación migratoria de las personas, sino con la capacidad de las agencias policiales para trabajar conjuntamente.
“Respeto el proceso judicial, pero respetar ese proceso no significa que debamos estar de acuerdo con todas las decisiones”, declaró.
El sheriff aseguró que continuará apoyando a sus agentes y prestando servicios policiales a todos los residentes del condado mientras busca impugnar el fallo.
Aunque Wagner sostiene que las restricciones estatales pueden permitir que personas peligrosas regresen a las comunidades, su comunicado no presenta datos ni casos específicos que demuestren esa afirmación.
Fiscalía General celebra la decisión judicial
El fiscal general Nick Brown calificó el fallo como una victoria para los derechos de los residentes de Washington y para la independencia de las agencias policiales locales frente a las políticas federales de inmigración.
“Esta es una victoria para los derechos y la dignidad de todos los habitantes de Washington, independientemente de dónde hayan nacido, y una reafirmación de que el gobierno federal no puede apropiarse de las fuerzas policiales locales”, declaró Brown en un comunicado difundido por su oficina.
El fiscal agregó que la decisión permite continuar fortaleciendo la confianza entre las autoridades policiales y las comunidades inmigrantes, mientras cuestionó las políticas migratorias de la administración federal.
La Fiscalía General destacó que la jueza también confirmó la constitucionalidad de la ley Keep Washington Working Act, una conclusión importante para otras agencias policiales del estado que deben cumplir sus disposiciones.
La legislación, aprobada con apoyo de legisladores republicanos y demócratas en 2019, busca evitar que la participación de policías locales en actividades migratorias civiles desaliente a las personas inmigrantes de denunciar delitos, solicitar ayuda o colaborar con investigaciones.
El fallo podría servir como referencia para otros departamentos policiales de Washington, aunque Wagner ya anunció su intención de impugnarlo.
Mientras tanto, la Oficina del Sheriff del condado de Adams deberá ajustar sus procedimientos a las restricciones establecidas por la legislación estatal y la orden judicial.
¿Qué determinó la jueza sobre la Oficina del Sheriff de Adams?
La jueza Marla Polin concluyó que el condado violó la ley Keep Washington Working Act al colaborar con autoridades federales de inmigración mediante prácticas prohibidas por la legislación estatal. También confirmó que la ley es constitucional.
¿Qué respondió el sheriff Dale Wagner a la sentencia?
Wagner rechazó el fallo y anunció que buscará apelarlo. El alguacil sostiene que las restricciones estatales dificultan la colaboración policial y afectan la seguridad pública.
¿Qué cambios deberá realizar la Oficina del Sheriff?
El departamento deberá dejar de realizar las prácticas declaradas ilegales, actualizar sus políticas internas y capacitar a sus agentes para cumplir las disposiciones de la ley Keep Washington Working Act.
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