El gobernador de Washington, Bob Ferguson, firmó en las últimas horas una orden ejecutiva para reforzar la prevención del fraude con fondos públicos. La medida crea un nuevo cargo estatal encargado de supervisar los controles en programas de salud y servicios sociales, además de establecer un grupo de trabajo para coordinar las acciones de distintas agencias.
Ferguson también anunció que solicitará a la Legislatura ampliar una ley que actualmente permite perseguir reclamaciones fraudulentas relacionadas con Medicaid, de manera que abarque otros casos de fraude contra el estado.
“Washington se toma el fraude en serio”, afirmó el gobernador. Agregó que, ante las dificultades presupuestarias y los recortes de fondos federales, resulta más importante que nunca proteger los recursos públicos.
Washington tendrá un responsable de prevenir el fraude en programas estatales
La orden crea el puesto de director de prevención del fraude en salud y servicios humanos, cuya función será mejorar la vigilancia, detección, investigación y recuperación de fondos utilizados de manera fraudulenta.
El funcionario coordinará esfuerzos entre varias agencias, incluidas la Autoridad de Atención Médica y los departamentos de Salud, Servicios Sociales y de Salud, Labor e Industrias, y Niños, Jóvenes y Familias.
Según la Oficina del Gobernador, esta iniciativa se desarrollará con los recursos existentes, sin establecer inicialmente un presupuesto adicional.
El nuevo puesto será independiente de la Oficina del Auditor del Estado de Washington, que ya investiga denuncias de fraude y realiza auditorías. Ambas oficinas trabajarán conjuntamente, aunque el nuevo funcionario se concentrará especialmente en evitar las irregularidades antes de que ocurran.
La auditora estatal, Pat McCarthy, respaldó la medida y advirtió que la pérdida de recursos públicos debilita la confianza de la población en el gobierno.
Nuevos controles para proteger los fondos públicos
La orden también establece un grupo de trabajo integrado por representantes de distintas agencias estatales. Su objetivo será compartir información, mejorar los controles y aplicar estrategias que hayan demostrado resultados.
El grupo deberá presentar, a más tardar el 30 de junio de 2027, un plan estatal que establezca procedimientos comunes para prevenir, detectar, denunciar e investigar el fraude, además de recuperar recursos y exigir responsabilidades.
Entre sus tareas estará evaluar posibles cambios legales, mecanismos para proteger a quienes denuncien irregularidades y medidas para impedir que contratistas involucrados en fraude sigan recibiendo contratos públicos.
También estudiará la creación de un tablero digital accesible al público, con información sobre investigaciones, fondos recuperados, medidas correctivas y avances en prevención de fraude.
Ferguson buscará ampliar las sanciones por reclamaciones fraudulentas
Actualmente, Washington cuenta con una ley contra reclamaciones falsas vinculadas a Medicaid. Ferguson pretende ampliar su alcance para incluir reclamaciones fraudulentas contra el gobierno estatal en otras áreas.
La propuesta abarcaría conductas como cobrar de más por bienes o servicios, obtener contratos mediante engaños o presentar información falsa para conseguir préstamos y subvenciones gubernamentales.
De aprobarse, los responsables podrían enfrentar sanciones civiles de hasta tres veces el perjuicio económico causado al estado, además de multas adicionales por cada reclamación falsa.
La iniciativa contempla que particulares puedan presentar demandas para denunciar estos casos. Quienes lo hagan tendrían derecho a recibir un porcentaje de las cantidades otorgadas por los tribunales, mientras que el resto correspondería al estado.
La oficina del gobernador señaló que 25 estados cuentan con leyes de este tipo. Asimismo, señalan que Washington figura entre los cinco cuya legislación se limita actualmente a Medicaid.
Capacitación para empleados e investigadores estatales
La orden de Ferguson también dispone desarrollar nuevos programas de capacitación para trabajadores del gobierno.
La Oficina de Administración Financiera, el Departamento de Servicios Empresariales, la Patrulla Estatal de Washington y la Comisión Estatal de Capacitación en Justicia Penal estarán a cargo de preparar los cursos.
La formación incluirá identificación de posibles fraudes, principios éticos, técnicas de prevención y capacitación especializada en delitos financieros.
Además, el gobierno buscará establecer oportunidades de desarrollo profesional para los empleados que trabajan en la prevención e investigación de irregularidades.
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