Tacoma, WA. — Un grupo de 13 congresistas de Washington y Oregon exige explicaciones al gobierno federal ante la posibilidad de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) compre el centro de detención migratoria de Tacoma, actualmente administrado por la empresa privada GEO Group.
La preocupación surge porque el contrato de operación del Northwest ICE Processing Center, también conocido como Northwest Detention Center, está previsto que venza en octubre de 2026.
Los legisladores temen que el gobierno federal aproveche ese momento para adquirir las instalaciones y dificultar las inspecciones que las autoridades de Washington intentan realizar.
Las congresistas demócratas Pramila Jayapal y Emily Randall encabezaron la solicitud dirigida al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), según un comunicado publicado el miércoles 14 de octubre.
Randall representa al sexto distrito de Washington, donde se encuentra el centro de detención.
Hasta el momento, no existe confirmación pública de que ICE haya decidido comprar las instalaciones de Tacoma. Sin embargo, el gobierno federal ya ha realizado operaciones similares en otros estados.
ICE ha gastado miles de millones en centros de detención privados
La preocupación de los congresistas se basa en una serie de compras recientes realizadas por ICE.
En octubre, la agencia adquirió tres instalaciones de GEO Group en Adelanto, California, por aproximadamente 950 millones de dólares. Aunque el gobierno federal pasó a ser propietario, la empresa privada continuará administrándolas.
Durante el verano, ICE también compró dos centros de detención de la empresa CoreCivic en California por 1,500 millones de dólares, además de instalaciones en Kansas y Minnesota por otros 734 millones.
Según el comunicado de Jayapal, GEO Group ha señalado que ICE considera adquirir al menos otras diez instalaciones de la compañía.
Esto significa que el gobierno federal podría convertirse en propietario de centros que actualmente pertenecen a empresas privadas, sin necesariamente cambiar quién los administra ni quién se encarga de las personas detenidas.
Más de 3,500 quejas sobre las condiciones en Tacoma
La posible compra preocupa especialmente en Washington, donde las autoridades estatales mantienen una disputa para poder inspeccionar el centro de Tacoma.
Según los congresistas, hasta marzo de 2026 el Departamento de Salud de Washington había recibido más de 3,500 quejas relacionadas con las condiciones dentro de las instalaciones.
Entre las denuncias se encuentran alimentos que presuntamente contenían gusanos, cabello y fragmentos de metal, agua potable en malas condiciones, moho negro en las duchas y atención médica insuficiente.
Los legisladores también mencionaron denuncias de agresión sexual por parte de un funcionario dentro de las instalaciones.
Estas acusaciones forman parte de las quejas recibidas por las autoridades y no significan que todas hayan sido verificadas individualmente.
Ante las dificultades para acceder al centro, el gobernador Bob Ferguson y el fiscal general Nick Brown acudieron a un tribunal federal para solicitar una orden que permita a los inspectores estatales ingresar y revisar las condiciones sanitarias.
¿Qué cambiaría si ICE compra la cárcel migratoria Tacoma?
La principal preocupación es que, si las instalaciones pasan a ser propiedad del gobierno federal, las autoridades de Washington enfrenten nuevos obstáculos legales para supervisarlas.
Actualmente, el estado busca inspeccionar aspectos relacionados con la salud y seguridad de las personas detenidas. Esto incluye los alimentos, el agua, la limpieza y los servicios médicos.
Una compra federal podría permitir que ICE argumente que determinadas inspecciones estatales no pueden aplicarse a una instalación propiedad del gobierno de Estados Unidos.
Sin embargo, la compra no eliminaría automáticamente todas las facultades de supervisión del estado. El alcance de esas facultades dependería de las leyes aplicables, los términos del acuerdo y las decisiones de los tribunales.
Para las personas detenidas, tampoco significaría necesariamente un cambio inmediato en la administración, los servicios médicos o las condiciones de alojamiento. En las instalaciones adquiridas recientemente, las empresas privadas han continuado encargándose de las operaciones.
Los congresistas sostienen que las compras podrían utilizarse para evitar la supervisión estatal y reducir la responsabilidad de las empresas que administran los centros.
En su comunicación al DHS, los legisladores expresaron su preocupación porque consideran que las adquisiciones podrían servir para eludir los mecanismos de inspección y rendición de cuentas.
Congresistas exigen respuestas sobre el futuro del contrato
La solicitud encabezada por Jayapal y Randall también cuenta con el respaldo de otros once congresistas: Suzan DelBene, Marie Gluesenkamp Perez, Rick Larsen, Kim Schrier, Adam Smith y Marilyn Strickland, de Washington; y Suzanne Bonamici, Maxine Dexter, Val Hoyle, Janelle Bynum y Andrea Salinas, de Oregon.
Los legisladores buscan conocer los planes de ICE para adquirir instalaciones privadas y las consecuencias que esas operaciones tendrían sobre la supervisión de los centros de detención.
El vencimiento previsto del contrato de GEO Group convierte a Tacoma en un caso especialmente importante, aunque todavía no se ha confirmado si la agencia federal negocia su compra.
Por ahora, tampoco se ha anunciado públicamente si ICE renovará el contrato de GEO Group, modificará sus condiciones o adoptará otro modelo para mantener funcionando el centro.
La respuesta del Departamento de Seguridad Nacional será clave para determinar si Tacoma forma parte de los planes de adquisición y si una eventual compra podría afectar las inspecciones de salud que Washington intenta realizar.
ICE tiene hasta el 27 de octubre para responder
En la carta enviada el 13 de octubre, los congresistas establecieron el 27 de octubre como fecha límite para recibir respuestas.
El documento confirma que ICE solicitó información en julio sobre posibles compras de centros de detención. Asimismo, confirna que la cárcel migratoria de Tacoma reúne características incluidas en esa búsqueda, como la ubicación y la capacidad de alojamiento. Sin embargo, no demuestra que ya exista un acuerdo para adquirirlo.
Los legisladores también señalaron que un tribunal federal había ordenado permitir las inspecciones de salud en Tacoma. Sin embargo, esa decisión se encuentra temporalmente suspendida mientras el caso continúa ante una corte de apelaciones.
La carta pide aclarar si ICE renovará el contrato de GEO Group, cuál es el estado de las negociaciones y qué instalaciones pretende comprar. También exige conocer cómo se determinarán los precios y si las empresas privadas seguirán administrando los centros después de su adquisición.
Si detecta algún error en esta información, escríbanos a: info@latinoherald.com