El Departamento de Justicia se enfoca en la desnaturalización
La administración Trump ha codificado sus esfuerzos para despojar a algunos estadounidenses de su ciudadanía en un memorando del Departamento de Justicia publicado recientemente. Dicho memorando ordena a los abogados priorizar la desnaturalización de los ciudadanos naturalizados que cometan ciertos delitos. Este es un giro importante en la política migratoria del país.
El memorando, publicado el 11 de junio, insta a los abogados del departamento a iniciar procedimientos civiles para revocar la ciudadanía estadounidense de una persona si esta “obtuvo ilegalmente” la naturalización o la obtuvo mediante “la ocultación de un hecho material o mediante tergiversación deliberada”. La medida afecta potencialmente a 25 millones de ciudadanos estadounidenses que inmigraron al país después de haber nacido en el extranjero, según datos de 2023 del Migration Policy Institute. Se enumeran 10 categorías de prioridad diferentes para la desnaturalización.
Según el memorando, quienes están sujetos a procedimientos civiles no tienen derecho a un abogado como en los casos penales. Además, el gobierno tiene una carga de la prueba más ligera en los casos civiles que en los penales. Este cambio facilita al gobierno el proceso de despojar de la ciudadanía.
Enfoque de la desnaturalización y discreción legal
El memorándum afirma que dichos esfuerzos se centrarán en aquellos que estén involucrados “en la comisión de crímenes de guerra, ejecuciones extrajudiciales u otros graves abusos de los derechos humanos… [y] criminales naturalizados, miembros de pandillas o, de hecho, cualquier individuo condenado por delitos que represente una amenaza constante para los Estados Unidos”.
De acuerdo con un articulo de The Guardian, la directiva otorga a los abogados del Departamento de Justicia una mayor discreción sobre cuándo solicitar la desnaturalización. Incluso en casos de mentiras en formularios de inmigración, casos en los que hay fraude financiero o fraude médico contra los EE. UU. o contra individuos privados; y casos remitidos por una oficina del fiscal de los EE. UU. o en conexión con cargos criminales pendientes. Esto representa una ampliación del poder discrecional para aplicar la desnaturalización.
Implicaciones y controversias relacionadas
La división de derechos civiles del Departamento de Justicia ha sido colocada al frente de los objetivos políticos de Trump, incluyendo poner fin a los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) dentro del gobierno, así como poner fin a los tratamientos para personas transgénero, entre otras iniciativas. Esto muestra un cambio en las prioridades de la división.
