Nota del editor:
Latino Herald entrevistó al ejecutivo del condado de King, Girmay Zahilay, y al concejal Jorge L. Barón sobre las medidas que el gobierno local está tomando ante el impacto de las políticas federales de inmigración y, especialmente, sobre qué puede hacer el condado —y cuáles son sus límites— para proteger a las comunidades inmigrantes y refugiadas.
Por la amplitud de los temas abordados, la entrevista se publicará en dos entregas. Esta primera parte aborda los recursos y protecciones disponibles para las familias inmigrantes y los límites de la autoridad local frente al gobierno federal.
La segunda explicará específicamente la situación de los vuelos de deportación desde King County International Airport-Boeing Field, por qué el condado no puede impedirlos y qué medidas ha tomado para supervisarlos.
Qué significa para King County respaldar a las comunidades inmigrantes
El gobierno del condado de King asegura que las familias inmigrantes pueden acudir a muchos de sus servicios sin temor a que las autoridades locales actúen como agentes de inmigración. Sin embargo, sus principales líderes reconocen que existen límites claros sobre lo que el gobierno local puede hacer frente a las autoridades federales.
Durante la entrevista con José Luis González, de Latino Herald, Zahilay y Barón explicaron qué significa en la práctica que King County se considere un “condado que da la bienvenida” o “Welcoming County”.
“No importa dónde empieces, sino dónde termines”, dijo Zahilay.
“Deberías poder vivir una vida segura, saludable y digna, en la que puedas mantenerte a ti mismo, a tu familia y a tus seres queridos”
Barón, quien al igual que Zahilay nació fuera de Estados Unidos, señaló que el concepto busca contrarrestar la idea de que la inmigración representa una amenaza y destacar, en cambio, su contribución económica y social.
“Vemos el valor que la inmigración aporta a este país y cómo nos enriquece”, afirmó.
Un condado que respalda a los inmigrantes no significa que pueda detener a ICE
Ambos funcionarios hicieron una distinción que consideran fundamental para evitar falsas expectativas entre las familias inmigrantes.
King County puede establecer políticas para sus agencias, empleados, propiedades y recursos, pero no puede impedir todas las acciones del gobierno federal relacionadas con inmigración.
Zahilay explicó que esa es una de las razones para utilizar el término “Welcoming County” en lugar de ofrecer una promesa que el gobierno local legalmente no puede cumplir.
“Vamos a hacer todo lo que esté dentro de nuestro poder legal para proteger a nuestras comunidades”, dijo. Sin embargo, cuando el gobierno federal actúa dentro de su jurisdicción, reconoció, resulta muy difícil para el condado impedirlo.
Barón coincidió en que las autoridades locales deben ser claras con los residentes.
“Me encantaría decir que podemos proteger a todo el mundo y que podemos detener algunas de las acciones del gobierno federal”, señaló.
“Pero la realidad es que eso sería deshonesto con la comunidad”
Protecciones para quienes necesitan servicios
Una de las principales preocupaciones abordadas durante la entrevista fue el temor de algunas familias a acudir a clínicas, centros de cuidado infantil y otros servicios por miedo a que su información pueda llegar a las autoridades migratorias.
Ese temor aumentó después de que la administración Trump eliminara en 2025 las restricciones federales que durante años habían limitado determinadas acciones migratorias en lugares considerados sensibles.
Aunque King County no puede prohibir que ICE actúe cuando tiene autoridad legal para hacerlo, sí puede establecer condiciones para las organizaciones que reciben fondos del condado.
Barón explicó que los proveedores financiados por King County deben cumplir las protecciones establecidas localmente, incluidas restricciones relacionadas con compartir información con autoridades migratorias y permitir el acceso a áreas privadas.
Muchas organizaciones probablemente ya seguían esas prácticas, aclaró, pero ahora existe una obligación explícita para los proveedores que reciben esos recursos.
“Si una persona más va a esa clínica de salud, si una persona más va a hacerse una prueba de detección de cáncer de mama porque esa política le da confianza para acceder a esos servicios, para mí eso es importante”, dijo Barón.
$2 millones para vivienda, alimentos y asistencia legal
King County también destinó $2 millones adicionales para responder a las necesidades de inmigrantes y refugiados afectados por las acciones federales de inmigración.
Zahilay explicó que los recursos se concentran en tres áreas: estabilidad de vivienda, asistencia alimentaria y ayuda legal.
Aproximadamente $1 millón está destinado a vivienda, incluida asistencia para el alquiler. El resto se distribuye entre acceso a alimentos y servicios legales a través de organizaciones comunitarias que ya trabajan con el condado.
Barón destacó que esos $2 millones representan recursos adicionales y no la totalidad de las inversiones del condado que benefician a las comunidades inmigrantes.
Servicios independientemente del estatus migratorio
Zahilay y Barón también destacaron que numerosos servicios financiados con recursos locales están disponibles independientemente del estatus migratorio, aunque algunos programas que dependen de fondos federales pueden estar sujetos a otras restricciones.
Entre ellos se encuentran servicios relacionados con salud, vivienda, salud conductual, transporte, parques y seguridad pública.
Barón puso como ejemplo programas de salud conductual que permiten atender a algunas personas que no califican para Medicaid debido a restricciones federales.
La intención, explicó, es que las diferencias en las fuentes de financiamiento se resuelvan dentro del sistema y no se conviertan automáticamente en una barrera para la persona que busca ayuda.
El apoyo privado también forma parte de la respuesta
Durante la conversación, González planteó si empresas, fundaciones o particulares podrían contribuir a ampliar los recursos disponibles para las comunidades afectadas.
Los funcionarios explicaron que ya existen alianzas entre el gobierno y organizaciones comunitarias que reciben apoyo privado.
Zahilay citó como ejemplo una inversión de $900,000 en colaboración con Renton Regional Community Foundation, dirigida especialmente a comunidades inmigrantes y refugiadas del sur del condado King.
Los recursos apoyan áreas como necesidades básicas, capacitación para respuesta rápida, educación sobre seguridad, salud mental y atención comunitaria.
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El Sheriff no realiza arrestos migratorios civiles
Zahilay quiso enfatizar otro punto que, según dijo, sigue generando temor entre algunos residentes: los agentes de la Oficina del Sheriff del condado de King no son agentes de ICE.
El ejecutivo explicó que algunas personas sienten miedo cuando encuentran a un agente local porque desconocen cuál es su función frente a las leyes migratorias.
“Quiero dejar claro y que la gente sepa que nuestros agentes del Sheriff no están allí para hacer cumplir las leyes de inmigración”, dijo Zahilay.
La legislación estatal Keep Washington Working Act limita la participación de agencias policiales estatales y locales en la aplicación de las leyes federales de inmigración.
Zahilay aseguró además que las cárceles del condado no mantienen detenida a una persona únicamente por asuntos migratorios civiles y que los sistemas del condado no deben entregar información personal a ICE para esos fines, dentro de los límites establecidos por la ley.
La batalla también llega a los tribunales
Otra herramienta utilizada por King County son las demandas judiciales contra determinadas políticas federales.
Barón mencionó la participación del condado en una impugnación relacionada con la política federal de “carga pública”, que puede influir en determinadas decisiones migratorias relacionadas con el uso de beneficios públicos.
El concejal señaló que el temor a posibles consecuencias migratorias puede provocar que algunas familias eviten servicios a los que tienen derecho.
Zahilay defendió las acciones judiciales como una herramienta menos visible, pero potencialmente importante para proteger programas y recursos locales.
Para ambos funcionarios, esas acciones forman parte de una estrategia más amplia: utilizar las facultades que sí tiene King County sin prometer a los residentes poderes que el gobierno local no posee.
Ese límite se hace especialmente evidente en otro asunto que genera dudas entre miembros de la comunidad: los vuelos de deportación que utilizan King County International Airport-Boeing Field.
Ese será el tema de la segunda parte de esta entrevista de Latino Herald.
¿Puede King County impedir que ICE realice operativos migratorios dentro del condado?
No de manera general. El condado puede establecer políticas para sus propias agencias, empleados, propiedades y recursos, pero las autoridades federales conservan facultades para aplicar las leyes federales de inmigración.
¿Puede el Sheriff del condado de King arrestar a una persona solamente por su estatus migratorio?
Las autoridades locales no realizan arrestos por infracciones migratorias civiles. La legislación de Washington limita la participación de las agencias policiales estatales y locales en la aplicación de las leyes federales de inmigración civil.
¿Para qué son los $2 millones destinados a inmigrantes y refugiados?
Los recursos están dirigidos principalmente a estabilidad de vivienda, asistencia alimentaria y servicios legales para comunidades inmigrantes y refugiadas.
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