CULIACÁN, México (AP) — El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el alcalde de la capital de ese estado anunciaron su separación del cargo temporalmente mientras la Fiscalía General de México avanza en las investigaciones sobre las acusaciones que les hizo la fiscalía de Nueva York por narcotráfico y tenencia ilícita de armas.
Los anuncios se dieron horas después que la Fiscalía General de la República negó las solicitudes de detención provisional con fines de extradición de los 10 funcionarios mexicanos que pidió Estados Unidos, y anunció que solicitará a las autoridades estadounidenses que presenten pruebas de las acusaciones.
En una acción sorpresiva, Rocha Moya, de 76 años, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez —ambos del partido gobernante Morena—, presentaron el viernes cerca de la medianoche las solicitudes de licencia para separarse de sus cargos de manera temporal, a fin de facilitar las investigaciones que se iniciaron en México sobre el caso.
Durante una sesión extraordinaria, el Congreso de Sinaloa aprobó el sábado la licencia de separación del cargo por más de 30 días que pidió Rocha Moya, y designó a la oficialista Yeraldine Bonilla Valverde —actual secretaria general del gobierno local— para dirigir el estado de manera interina. De igual forma, el Cabildo de Cualicán nombró el viernes alcaldesa interina a Ana Miriam Ramos Villarreal, actual síndica procuradora.
El miércoles, la fiscalía de Nueva York hizo pública una acusación por narcotráfico y tenencia ilícita de armas contra Rocha Moya, Gámez y otros ocho funcionarios mexicanos, entre ellos un senador de Morena, el vicefiscal de Sinaloa y policías activos y retirados.
En la acusación se señala a los 10 funcionarios de desempeñar un papel fundamental en ayudar al cártel de Sinaloa a introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos, y dice también que algunas de las personas citadas han participado personalmente en la campaña de violencia y represalias del cártel.
La crisis de Sinaloa se profundiza
La decisión de Rocha Moya, quien es uno de los líderes regionales más reconocidos de Morena y un político cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), sacudió el estamento político y acrecentó la controversia que ha golpeado al partido gobernante a escasas horas de la elección de sus nuevas autoridades.
Mientras que algunas figuras del oficialismo salieron el sábado a respaldar a Rocha Moya, el anuncio elevó las preocupaciones entre los pobladores de Culiacán, que desde hace veinte meses viven entre el temor y la incertidumbre debido a una cruenta lucha que mantienen dos facciones del cártel de Sinaloa por el control del territorio.
“Estamos en un estado ingobernable», afirmó la doctora Raquel Campos, de 35 años, y aseguró que la crisis que enfrenta Sinaloa es consecuencia de que el gobernador «se vendió al dar rienda suelta a lo que viene siendo la situación de la violencia”.
Desde que el 2 de septiembre de 2024 estalló la pugna entre la facción del cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos”, dirigida por los hijos del capo encarcelado Joaquín “El Chapo” Guzmán, y la de los seguidores del capo Ismael “El Mayo” Zambada —que también está en prisión—, han muerto varios cientos de personas, especialmente en Culiacán, que se ha convertido en el epicentro de la violencia.
Pese a la compleja situación, Sergio Estrella, un comerciante de 42 años, dijo que espera que la salida de Rocha Moya lleve al gobierno oficialista de Sinaloa a “darse cuenta de qué tan metido está el narcotráfico en la política y definir quienes van a ser los actores” de cara a las elecciones regionales de 2027.
El laberinto legal de Rocha
Las opciones que le quedan a Rocha Moya aún no están del todo claras. Mientras que Estados Unidos solicitó esta semana su detención con fines de extradición, la Fiscalía General de México negó la petición, optó por dilatar la medida y la víspera anunció que pedirá las pruebas que respaldan las acusaciones contra los diez funcionarios imputados.
Rocha Moya se ha mostrado dispuesto a colaborar con el Ministerio Público, y el viernes aseguró que tiene la “conciencia tranquila” y que las acusaciones en su contra son “falsas y dolosas”.
La licencia temporal que le aprobó el Congreso de Sinaloa generó dudas sobre si aún tiene inmunidad o no para ser procesado. Al respecto, Arturo Zaldívar, coordinador general de política de la Presidencia y exmagistrado de la Suprema Corte de Justicia, expresó en su cuenta en la red social X que “quien obtiene una licencia ya no ejerce la función, por tanto, puede ser detenido”.
Información de AP.
