La ciudadanía por nacimiento volvió al centro del debate nacional este miércoles 1 de abril, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos revisó un caso que podría redefinir quién es ciudadano estadounidense al nacer. En esta disputa, Washington figura entre los estados que rechazan la interpretación impulsada por el presidente Donald Trump.
Durante más de un siglo y medio, la regla ha sido clara: casi toda persona nacida en suelo estadounidense adquiere la ciudadanía. Sin embargo, la nueva ofensiva legal busca limitar ese principio para hijos de personas que se encuentran en el país sin estatus legal permanente o con permisos temporales.
Qué se discute en la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento
El caso gira en torno a la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, que establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en el país, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas. El texto oficial puede consultarse en el National Constitution Center (Enmienda 14).
La administración Trump sostiene que la frase “sujetas a su jurisdicción” no cubre automáticamente a todos los nacidos en el país. Bajo esa lectura, algunos bebés dejarían de ser reconocidos como ciudadanos si sus padres están en el país de forma irregular o temporal.
No obstante, varios tribunales federales rechazaron esa interpretación y bloquearon la orden ejecutiva. Un juez federal en Washington incluso la calificó de “manifiestamente inconstitucional”.
Trump hizo acto de presencia
Trump, el primer presidente en funciones en asistir a alegatos ante la Corte Suprema, estuvo poco más de una hora en la sala escuchando al procurador general D. John Sauer.
La orden sobre ciudadanía por nacimiento, que Trump firmó el primer día de su segundo mandato, forma parte de la amplia ofensiva de su administración contra la inmigración.
Sin embargo, la Corte Suprema expresó dudas durante la audiencia del miércoles sobre el intento de Trump de poner fin a la ciudadanía automática por nacimiento,
Por qué Washington se involucró en el caso
El estado de Washington fue uno de los primeros en demandar para frenar la medida. El fiscal general Nick Brown y otros funcionarios estatales sostienen que la palabra jurisdicción no significa “lealtad política”, sino estar sujeto a las leyes del país.
Ese argumento también aparece en documentos judiciales presentados por una coalición de 22 estados y el Distrito de Columbia. Según esa postura, tanto inmigrantes documentados como indocumentados deben obedecer las leyes estadounidenses. Por eso, sus hijos nacidos en el país sí entrarían en la protección constitucional.
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Qué consecuencias tendría eliminar la ciudadanía por nacimiento
Funcionarios de Seattle y del condado de King advirtieron ante la Corte que esta medida tendría efectos inmediatos y profundos. Según sus argumentos, la orden abriría la puerta a una nueva categoría de residentes sin protección plena y con derechos severamente limitados.
De acuerdo con estimaciones citadas en los escritos judiciales, hasta 255,000 bebés por año podrían perder el acceso a la ciudadanía si la medida entra en vigor. Eso afectaría su derecho a votar en el futuro, integrar un jurado federal o aspirar a ciertos cargos públicos.
Riesgo de crear una población sin patria
Uno de los puntos más delicados del debate es la posibilidad de que algunos niños queden sin nacionalidad reconocida. En ciertos casos, su situación dependería de las leyes del país de origen de sus padres. Si ese país no les concede ciudadanía automática, podrían quedar en un limbo legal.
Los funcionarios locales argumentan que eso crearía una subclase permanente de personas nacidas en Estados Unidos, pero sin un estatus legal claro. También advierten que ese escenario aumentaría la vulnerabilidad social y jurídica de miles de familias inmigrantes.
Qué dijo la delegación de Washington en el Congreso
Varios miembros demócratas de la delegación federal de Washington también intervinieron ante la Corte. Entre ellos figuran la senadora Patty Murray y representantes como Pramila Jayapal, Adam Smith y Suzan DelBene.
Su argumento principal es que gran parte del sistema migratorio moderno de Estados Unidos se construyó sobre la base de la ciudadanía por nacimiento. Si la Corte adopta la nueva definición, afirman, muchas normas migratorias quedarían en conflicto o perderían coherencia.
Un fallo con impacto nacional
Aunque la administración ha dicho que no pretende aplicar el cambio de forma retroactiva, legisladores y juristas sostienen que un fallo favorable podría alterar la base legal de millones de personas ya nacidas en el país.
Por eso, el caso no solo tiene implicaciones constitucionales. También podría redefinir la política migratoria en Estados Unidos, el acceso a documentos oficiales y la estabilidad legal de familias enteras.
El caso y su importancia más allá del estado de Washington
Aunque el litigio tiene actores locales, el alcance es nacional. Lo que resuelva la Corte Suprema podría marcar el futuro de la ciudadanía estadounidense y del debate migratorio en todo el país.
Además, el caso toca un principio histórico que ha definido durante generaciones quién pertenece legalmente a la nación. Por eso, el fallo será seguido de cerca por gobiernos estatales, organizaciones civiles y comunidades inmigrantes.
¿Qué establece la Enmienda 14 sobre la ciudadanía?
La Enmienda 14 dice que las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas del país y del estado donde viven.
¿Qué busca cambiar la propuesta de Trump?
La propuesta intenta negar la ciudadanía por nacimiento a ciertos bebés nacidos en Estados Unidos si sus padres no tienen estatus migratorio permanente o legal.
¿Cómo afectaría esto a las familias inmigrantes?
Podría dejar a miles de niños sin reconocimiento automático como ciudadanos, lo que complicaría su acceso a derechos, documentos y protección legal.
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