Avanza el caso en el que el gobierno de Trump demanda a una migrante
El gobierno de Trump demandó a una mujer de Virginia por una cifra que se acerca al millón de dólares. La acción judicial sostiene que la mujer permaneció en Estados Unidos durante más de tres años después de recibir una orden de salida definitiva. La querella, presentada ante el Tribunal de Distrito en Richmond, exige $941,114 más intereses acumulados.
Origen de la sanción económica
De acuerdo con el medio Politico, la multa se calculó a partir de un cargo diario de $998 aplicado durante 943 días. Ese periodo corresponde al tiempo transcurrido desde que la Junta de Apelaciones de Inmigración rechazó su apelación en 2022 hasta que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas emitió una factura formal. Abogados que monitorean estos procesos aseguran que este caso figura entre los montos más altos solicitados recientemente.
Observaciones de especialistas
Expertos en derecho migratorio afirman que estas sanciones suelen dirigirse a personas que, aun cumpliendo con actualizaciones de dirección y registros oficiales, permanecieron en el país mientras seguían procesos legales. Según su análisis, muchas de estas personas intentaron obtener un estatus migratorio válido mediante los canales formales.
Marco legal detrás de esta política
La denuncia describe a Marta Alicia Ramírez Veliz como residente del condado Chesterfield, en Virginia. No especifica su nacionalidad ni detalla sus argumentos legales previos. Un vocero del Departamento de Justicia manifestó que esta sería la primera demanda de este tipo presentada en ese distrito, aunque registros muestran acciones similares en estados como Florida, Texas y California.
Ley que habilita las sanciones
La autoridad para imponer estas multas proviene de una ley aprobada en 1996, la cual permite sanciones para quienes no abandonan el país de manera voluntaria luego de recibir instrucciones migratorias. Aunque la norma permaneció sin uso durante años, el primer mandato de Donald Trump reactivó su aplicación. Miles de cargos surgieron a partir de una orden ejecutiva emitida al inicio de su segundo mandato.
La expansión nacional de las multas migratorias
Las sanciones crecieron rápidamente. Datos citados por el Wall Street Journal indican que para agosto las multas superaban los seis mil millones de dólares. Grupos de defensa de inmigrantes aseguran que los montos resultan desproporcionados, especialmente entre personas que trabajan en empleos con salario mínimo y no pueden asumir cifras tan elevadas.
Litigantes federales argumentan que el sistema actual vulnera derechos básicos y no distingue entre permanencias voluntarias y situaciones condicionadas por trámites administrativos o factores familiares. Una demanda colectiva presentada en Boston sostiene que el mecanismo regulatorio actual niega el debido proceso a quienes reciben estas sanciones.
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Medidas que puede tomar el gobierno para cobrar estas multas
Además de iniciar demandas, el gobierno tiene herramientas para hacer cumplir los pagos. Entre ellas figuran embargos de salario, incautación de bienes y uso de empresas privadas de cobro. También puede exigir el pago de multas acumuladas a personas deportadas si eventualmente logran retornar a Estados Unidos.
Posturas de organizaciones de derechos civiles
Grupos de defensa aseguran que las sanciones funcionan más como un mecanismo de presión que como un incentivo real para el cumplimiento de órdenes de salida. Consideran que el sistema genera incertidumbre y temor entre familias que buscan resolver su situación migratoria mediante trámites legales.
Cifras recientes y alcance nacional
Demandas en diversos estados muestran montos que oscilan entre $3,000 y $300,000. El caso de Ramírez Veliz destaca como uno de los más altos documentados hasta ahora. Estas cifras evidencian el impacto de las nuevas regulaciones que permiten imponer multas de manera más rápida y masiva.
Acciones posibles para personas afectadas
Quienes reciben sanciones pueden responder con recursos legales, presentar evidencia de circunstancias excepcionales o argumentar que su permanencia no fue voluntaria. También pueden pedir revisiones administrativas dentro del sistema migratorio federal.
Situación actual del proceso judicial
El caso continúa activo en el Tribunal del Distrito Este de Virginia. Expertos legales anticipan que las disputas se centrarán en la interpretación de la voluntariedad, la proporcionalidad de la sanción y la legalidad del mecanismo utilizado para imponer las multas.
Consecuencias potenciales del fallo
Un fallo favorable al gobierno permitiría activar procesos de cobro más estrictos y abriría la puerta a medidas adicionales para recuperar la sanción impuesta.
¿Qué motivó la demanda del gobierno de Trump?
La demanda surge de un mecanismo federal establecido en 1996 que sanciona la permanencia voluntaria después de recibir una orden de salida definitiva emitida por autoridades migratorias.
¿Por qué estas multas alcanzan montos tan altos?
La ley permite imponer cargos diarios fijos. Con el paso del tiempo, esos montos se acumulan y pueden acercarse o superar cifras millonarias.
¿Cómo puede responder una persona sancionada?
Las personas pueden impugnar la multa ante tribunales federales, solicitar una revisión administrativa o presentar evidencia que demuestre que su permanencia no fue voluntaria.
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