La acusación contra Pedro Gómez, quien fungiera como empleado de la ciudad de Seattle, no avanzará en el sistema penal, luego de que la fiscalía del condado King concluyera que el caso no cumple con los requisitos legales para presentar cargos formales bajo la ley del estado de Washington.
La denuncia fue presentada por Cheryl Delostrinos, organizadora comunitaria del South End de Seattle, quien acusó a Gómez de una agresión sexual que habría ocurrido en junio de 2024. En ese momento, Gómez se desempeñaba como director de asuntos externos en la administración del entonces alcalde de Seattle, Bruce Harrell. Gómez era una figura muy cercana e influyente de la administración Harrell.
Motivo de la denuncia
Delostrinos afirmó que acudió a una reunión de carácter estrictamente profesional con Gómez. Según su relato, tras consumir alcohol, despertó desorientada mientras él realizaba actos sexuales sin su consentimiento.
Indicó que expresó verbalmente su negativa en repetidas ocasiones y que, aun así, Gómez continuó el contacto físico, obligándola a permanecer en la cama. Posteriormente, presentó una denuncia policial y se sometió a un examen forense por agresión sexual.
La acusación contra Pedro Gómez y la decisión fiscal
Según el reporte del medio local The Strager, Tras más de un año de revisión, la fiscalía del condado King decidió no presentar cargos penales. En un memorando confidencial, los fiscales señalaron que el caso era “legalmente insuficiente”, aunque enfatizaron que no ponen en duda la credibilidad de la denunciante.
La decisión se basó en los límites que impone la legislación estatal sobre consentimiento y la carga probatoria exigida en casos penales.
Límites legales sobre consentimiento e intoxicación
Bajo la ley de Washington, la intoxicación por alcohol no es suficiente para sustentar cargos penales por agresión sexual. La fiscalía debe demostrar que la víctima estaba claramente incapacitada, con signos evidentes como pérdida recurrente de conciencia o imposibilidad de moverse o comunicarse con normalidad.
Aunque Delostrinos afirmó haber perdido la consciencia y luego decir “no” al darse cuenta de lo que ocurría, los fiscales concluyeron que la evidencia disponible no alcanzaba el umbral requerido por la ley.
Duda razonable y viabilidad ante un jurado
The Strager, indica que la investigación confirmó que hubo contacto sexual. Sin embargo, la fiscalía anticipó que la defensa podría presentar escenarios alternativos que generaran duda razonable, como grabaciones de seguridad, llamadas telefónicas posteriores y otros elementos circunstanciales.
En el sistema penal, la posibilidad de que un jurado tenga una duda razonable basta para impedir una acusación formal.
Impacto en la denunciante y críticas al sistema
Delostrinos señaló que la decisión refuerza su escepticismo sobre la capacidad del sistema penal para responder a muchos casos de violencia sexual, especialmente aquellos que no encajan en definiciones legales estrictas.
Indicó que acudió al proceso penal para establecer responsabilidad, alertar a su comunidad y evitar que Gómez continuara ocupando posiciones de poder. Ahora evalúa otras vías, incluida una posible acción civil.
Lo que sigue tras la decisión
Aunque el caso no llegará a juicio penal, ha reabierto el debate sobre las limitaciones estructurales del sistema de justicia en casos de agresión sexual y sobre el acceso real a la rendición de cuentas para las personas perjudicadas.
¿Por qué la fiscalía no presentó cargos penales?
Porque concluyó que no podía probar la acusación más allá de una duda razonable, como exige la ley penal.
¿La fiscalía dudó del testimonio de la denunciante?
No. Las autoridades afirmaron que consideran creíble su relato, pero que la ley le impide avanzar.
¿Existen otras opciones legales disponibles?
Sí. La denunciante puede explorar acciones civiles u otras formas de rendición de cuentas fuera del sistema penal.
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