Detalles del caso y antecedentes del acusado
Un ciudadano mexicano de 42 años fue sentenciado a tres años de prisión en un Tribunal en Seattle por posesión de imágenes de explotación sexual infantil, informó el fiscal federal Charles Neil Floyd.
Jaime Neri-Soto fue arrestado por detectives de la Policía de Bothell en marzo de 2025 tras denuncias al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC).
De acuerdo con el comunicado emitido por el DOJ recientemente, gracias a estas denuncias, los investigadores identificaron a Neri-Soto como propietario de dispositivos electrónicos que contenían imágenes de abuso sexual infantil. La jueza de distrito Tana Lin indicó durante la sentencia que la explotación infantil deja cicatrices de por vida. Además, señaló que Neri-Soto probablemente será deportado nuevamente tras cumplir su condena.
Investigación y hallazgos de las autoridades
Alertas cibernéticas: WhatsApp lo denunció
En octubre de 2024, WhatsApp alertó al NCMEC sobre un usuario que había subido imágenes de explotación sexual infantil. El Departamento de Policía de Bothell recibió la denuncia en enero de 2025 e identificó el número de teléfono y la dirección IP vinculados al acusado. Gracias al análisis de los dispositivos y los proveedores de servicios de internet, las autoridades confirmaron la ubicación del teléfono y la identidad de Neri-Soto.
Arresto y antecedentes penales
Tras un periodo de vigilancia, las autoridades arrestaron a Neri-Soto. Al tomarle las huellas dactilares, descubrieron que era un delincuente sexual registrado, y que las autoridades federales habían cancelado su registro como agresor sexual en 2017 al entregarlo a inmigración para ser deportado.
Evidencia forense y acusaciones
El FBI y las autoridades locales analizaron los dispositivos electrónicos del acusado, hallando numerosas imágenes de abuso infantil. A nivel federal, las autoridades acusaron a Neri-Soto por posesión de estas imágenes. La fiscalía indicó que no era la primera condena del acusado relacionada con material de explotación sexual infantil.
Impacto y consecuencias: Sentencia y libertad vigilada
Neri-Soto recibió tres años de prisión y cinco años de libertad vigilada tras cumplir la pena. La jueza Lin subrayó que su conducta alimentaba la industria de la explotación infantil, causando daños irreparables a los menores.
Colaboración entre agencias
La Policía de Bothell y el FBI investigaron el caso, mientras que la fiscal adjunta, Cecelia Gregson, dirigió la imputación de cargos.
Proyecto Infancia Segura y contexto nacional
El caso se enmarca dentro del Proyecto Infancia Segura, lanzado en mayo de 2006 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para combatir la explotación y abuso sexual infantil. Este programa moviliza recursos federales, estatales y locales para localizar, detener y enjuiciar a los responsables, así como rescatar a las víctimas.
Información académica y fuentes consultadas
El caso forma parte de iniciativas del NCMEC y el Departamento de Justicia, que documentan y combaten la explotación sexual infantil.
Más información puede consultarse en la página oficial del Departamento de Justicia de EE. UU.: justice.gov.
Consecuencias legales y futuras acciones
Tras cumplir la pena, el acusado enfrenta deportación y libertad vigilada. La investigación resalta cómo las alertas cibernéticas y la coordinación entre instituciones permiten sancionar a quienes distribuyen material de abuso sexual infantil.
Medidas preventivas y rol de la comunidad
El caso enfatiza la importancia de que la comunidad reporte contenido ilegal, y que las familias, escuelas y plataformas digitales colaboren para proteger a los menores de la explotación sexual infantil.
¿Qué es la explotación sexual infantil y cómo se identifica?
La explotación sexual infantil incluye cualquier actividad que involucre abuso sexual de menores, producción o posesión de material con contenido sexual. Las autoridades recomiendan reportar inmediatamente cualquier indicio.
¿Cómo se coordina la acción entre agencias?
Programas como el Proyecto Infancia Segura permiten la colaboración entre agencias federales, estatales y locales, compartiendo información y recursos para identificar a los responsables y rescatar a las víctimas.
¿Qué medidas legales enfrenta un acusado de posesión de imágenes de abuso?
Los acusados pueden recibir condenas federales de prisión, libertad vigilada y deportación. Las sanciones buscan proteger a los menores y desmantelar la industria de explotación infantil..
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