Una propuesta que reabre un debate delicado
En Washington comenzó a tomar fuerza una iniciativa que hasta hace poco parecía improbable: conceder al presidente de Estados Unidos el poder de ordenar el uso de tropas contra organizaciones del narcotráfico en América Latina, incluso si los países afectados no lo aprueban.
El proyecto, presentado por el congresista republicano Cory Mills, de Florida, plantea un marco legal que habilitaría al Ejecutivo para lanzar operaciones militares directas, tanto en aguas internacionales como eventualmente en territorio extranjero, contra grupos considerados por Washington como “narco-terroristas”.
Cambios en la definición de amenaza
La propuesta también introduce una nueva forma de entender la “actividad narco-terrorista”. Ya no se limita únicamente al tráfico de drogas, sino que abarca cualquier vínculo con sustancias controladas que se relacione con el terrorismo, la violencia o amenazas a la seguridad nacional e internacional.
Bajo esta categoría entrarían no solo los cárteles mexicanos —declarados terroristas por el Departamento de Estado— sino también estructuras como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, al que Washington vincula directamente con el presidente venezolano Nicolás Maduro. La medida alcanzaría además a grupos colombianos como las disidencias de las FARC-EP, el ELN y la Segunda Marquetalia.
Documentos en preparación en el Departamento de Estado
Paralelamente, diplomáticos y abogados del Departamento de Estado trabajan en la elaboración de memorandos y esquemas jurídicos destinados a reforzar la propuesta ante el Congreso. Según fuentes legislativas, el objetivo es dar respaldo legal a posibles operativos que de otra forma se ubicarían en un terreno incierto dentro del derecho internacional y la normativa estadounidense.
Contexto: operativos recientes en el Caribe
El debate no surge de la nada. En los últimos meses, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques contra embarcaciones en aguas del Caribe, que según Washington transportaban drogas y estaban controladas por miembros del Tren de Aragua. En esas acciones murieron al menos 14 personas.
Estos episodios encendieron la discusión sobre la legitimidad de usar la fuerza fuera del territorio estadounidense sin contar con la autorización de la ONU o del país afectado, algo que el derecho internacional solo permite en casos de legítima defensa.
Preocupaciones sobre consecuencias regionales
Juristas y expertos en seguridad alertan que, de aprobarse, esta legislación podría generar fricciones diplomáticas con países de la región, además de riesgos de víctimas civiles y una escalada de violencia. Señalan también que hoy no existe en la legislación federal un permiso explícito para desplegar militares contra cárteles fuera del país.
Mientras los promotores aseguran que la iniciativa brindaría rapidez y flexibilidad para enfrentar a grupos que —afirman— amenazan directamente a ciudadanos estadounidenses. Cabe destacar que los críticos advierten que se trataría de una cesión riesgosa de poderes de guerra.
Una decisión en manos del Congreso
El futuro de la propuesta se decidirá en un congreso polarizado, donde conviven sectores que reclaman respuestas contundentes contra el narcotráfico y otros que insisten en mantener el respeto a la soberanía de los países latinoamericanos. Lo que está en juego no es solo un cambio legislativo, sino una de las decisiones más significativas de la política exterior de EE. UU. en la región en tiempos recientes.
¿Qué busca el proyecto de ley del representante Cory Mills?
El proyecto busca dar al presidente de Estados Unidos autorización explícita para usar fuerza militar contra organizaciones «narco-terroristas» en otros países.
¿Qué grupos podrían ser afectados por esta medida?
Afectaría a carteles de la droga que han sido designados como grupos terroristas, incluyendo organizaciones mexicanas, venezolanas y grupos colombianos.
¿Cuáles son los riesgos de la intervención militar sin autorización?
Los críticos de la propuesta advierten sobre las posibles consecuencias, incluyendo fuertes incidentes diplomáticos, una espiral de violencia y la muerte de civiles, además de la erosión del derecho internacional.
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