Washington D.C. – Un juez federal en Washington, D.C., abrió la puerta a posibles procedimientos de desacato criminal contra varios funcionarios de la administración Trump, luego de que se ignorara una orden judicial que prohibía deportaciones de migrantes venezolanos bajo una controvertida aplicación de una ley de tiempos de guerra. El magistrado James E. Boasberg afirmó que existen indicios suficientes para investigar si se violó deliberadamente su mandato.
La disputa legal gira en torno al uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, un instrumento legal que rara vez ha sido invocado y cuya última aplicación significativa ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Según el juez, el gobierno habría seguido con las expulsiones a pesar de que su fallo ordenaba suspender cualquier traslado y regresar los vuelos ya en curso.
En su dictamen, Boasberg señaló que el Ejecutivo no ofreció respuestas satisfactorias respecto a por qué más de un centenar de ciudadanos venezolanos fueron enviados a un centro penitenciario en El Salvador sin pasar por un debido proceso. Agregó que las explicaciones dadas hasta el momento por el Departamento de Justicia han sido insuficientes o evasivas.
Los representantes legales del gobierno defendieron su proceder al alegar que la orden judicial inicial fue verbal y que, una vez los vuelos abandonaron el espacio aéreo estadounidense, la instrucción perdía vigencia. Posteriormente, la administración Trump invocó el privilegio de seguridad nacional para retener detalles sobre la operación, argumento que el juez ha cuestionado por falta de sustento.
Durante las audiencias, Boasberg mostró su determinación de esclarecer lo ocurrido y sugirió que los responsables actuaron intencionalmente. Aunque las sanciones por desacato criminal son inusuales, expertos en derecho sostienen que podrían imponerse si se demuestra que hubo desobediencia consciente de la autoridad judicial. El tribunal continuará evaluando si procede formalmente con las acusaciones.
