Washington, D.C.— La Corte Suprema de Estados Unidos levantó este lunes un bloqueo temporal que impedía al gobierno de Donald Trump usar una controvertida ley de tiempos de guerra para deportar a presuntos miembros de una pandilla venezolana. La decisión, tomada con una votación de 5 a 4, no resolvió el fondo del caso, pero sí abrió la puerta para que continúe la política mientras se litiga en tribunales estatales.
El caso fue presentado por cinco inmigrantes venezolanos que se encuentran detenidos en Texas. Ellos impugnaron la medida en una corte federal en el Distrito de Columbia, pero los jueces del alto tribunal señalaron que ese no era el lugar adecuado para presentar la demanda. “Los detenidos están confinados en Texas, por lo tanto, el tribunal del Distrito de Columbia no es el foro apropiado”, escribieron los magistrados. “Como resultado, es probable que el Gobierno tenga éxito en el fondo de esta acción”.
La decisión permite al gobierno avanzar con las deportaciones bajo la Alien Enemies Act de 1798, una ley que permite la expulsión de ciudadanos de países con los que Estados Unidos esté en guerra. Trump declaró que la presencia de la pandilla venezolana Tren de Aragua en territorio estadounidense constituía una “invasión”, lo que le permitió invocar esta ley.
Aunque la Corte no resolvió los aspectos legales centrales del caso —dejando abierta la posibilidad de que los migrantes presenten una nueva demanda en Texas—, la decisión de este lunes también limita la jurisdicción del juez federal James E. Boasberg, quien había emitido la orden temporal que bloqueaba las deportaciones. Esa decisión previa motivó llamados de figuras afines a Trump para que el juez fuera sometido a juicio político.
Los tres jueces liberales de la Corte votaron en contra, y se les unió parcialmente la jueza conservadora Amy Coney Barrett. En su disenso, advirtieron sobre las posibles consecuencias “de vida o muerte” de la decisión y criticaron duramente al resto de la Corte por actuar de manera precipitada. “Esta decisión ignora límites bien establecidos, crea nueva jurisprudencia en el expediente de emergencia y elude la grave amenaza que nuestra intervención representa para la vida de los detenidos”, escribieron.
La aplicación de esta ley a ciudadanos venezolanos ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que temen que sea utilizada para justificar deportaciones sin el debido proceso legal.
