El Presidente Donald Trump solicitó este viernes a la Corte Suprema de Justicia que revoque una orden judicial que impide al gobierno federal utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma del siglo XVIII, para llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes venezolanos acusados de pertenecer a la pandilla criminal Tren de Aragua.
La apelación de emergencia fue presentada luego de que el juez federal de distrito James Boasberg bloqueara la expulsión de más de 200 venezolanos a una cárcel en El Salvador, alegando que no se respetaron sus derechos al debido proceso. La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia había confirmado previamente la decisión del juez, manteniendo la suspensión temporal de las deportaciones bajo esta controvertida ley, que no se había invocado desde la Segunda Guerra Mundial.
El Departamento de Justicia apeló el fallo después de que Boasberg ordenara el regreso a Estados Unidos de dos aviones con migrantes ya deportados, medida que el gobierno de Trump no acató. En medio de la disputa legal, el Ejecutivo invocó el “privilegio de secretos de Estado” para no proporcionar más información al tribunal.
Los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentaron una demanda en nombre de cinco venezolanos detenidos en Texas. El juez Boasberg sostuvo que los migrantes tienen derecho a impugnar su designación como supuestos miembros de pandillas y advirtió sobre el riesgo de deportaciones erróneas sin el debido proceso legal.
El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros ha generado fuertes tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Trump y sus aliados han pedido la destitución del juez Boasberg, mientras que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, defendió la independencia judicial, subrayando que el juicio político “no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial”.
Esta semana, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, sugirió públicamente la posibilidad de limitar el poder de los tribunales federales inferiores, lo que podría socavar el delicado equilibrio del sistema de pesos y contrapesos en el país. Sus declaraciones no parecen ser casuales, ya que se produjeron en medio de una serie de fallos judiciales que, al menos temporalmente, han frenado varias acciones impulsadas por la administración Trump. Entre estas se encuentran los intentos de utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar extranjeros, poner fin a la ciudadanía por nacimiento, despedir a trabajadores federales y detener ciertos gastos públicos.
Trump ha justificado el uso de la ley de 1798 argumentando que Estados Unidos enfrenta una “invasión” en su frontera sur. “Como comandante en jefe, mi mayor responsabilidad es defender a nuestro país de amenazas e invasiones”, declaró, reiterando que su gobierno usará todos los recursos legales para combatir las pandillas extranjeras.
Observadores legales consideran que este enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Ejecutivo podría escalar hacia una crisis constitucional.
