Seattle, WA – Un juez federal en Seattle emitió el jueves 23 de enero, una orden temporal que frena la implementación de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, la cual buscaba restringir el derecho a la ciudadanía automática por nacimiento en Estados Unidos. Según el fallo, la medida presidencial es «flagrantemente inconstitucional» y permanecerá suspendida mientras se evalúa su legalidad en los tribunales.
El juez John Coughenour, nombrado por Ronald Reagan y con sede en Seattle, concedió la solicitud del fiscal general de Washington, Nick Brown.
La decisión fue emitida por el juez John Coughenour tras una solicitud de los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón, que argumentaron que la orden ejecutiva contradice la cláusula de ciudadanía de la 14.ª Enmienda. Este apartado de la Constitución establece que todas las personas nacidas en territorio estadounidense son automáticamente ciudadanos del país.
El Procurador General de Washington, Nick Brown, celebró la decisión judicial que protege a familias inmigrantes de todo el país de cualquier amenaza inmediata. “Es de esperar que esta orden ejecutiva inconstitucional y antiestadounidense nunca entre en vigor gracias a las medidas que están adoptando los estados en nombre de sus residentes”, afirmó. Brown añadió que el derecho a la ciudadanía no puede estar condicionado a la raza, etnia o el origen de los padres, subrayando que la ley es clara y ha sido respaldada por generaciones de juristas y legisladores.
La orden ejecutiva de Trump, firmada apenas en su primer día de mandato, buscaba negar la ciudadanía a niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres no fueran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales. Según el fallo del juez Coughenour, permitir que esta orden entrara en vigor podría causar un daño irreparable a miles de familias inmigrantes y sus hijos.
El Departamento de Justicia, por su parte, defendió la constitucionalidad de la medida, argumentando que es una parte esencial de los esfuerzos del presidente para reformar el sistema migratorio. Sin embargo, el tribunal concedió la orden de restricción temporal, bloqueando la aplicación de la orden ejecutiva a nivel nacional por al menos 14 días, mientras se evalúa la posibilidad de emitir un mandato judicial permanente.
