Olympia, WA – El estado de Washington podría enfrentar una transformación significativa en su sistema de reciclaje con el Proyecto de Ley 1150, conocido como Ley de Reforma del Reciclaje, actualmente en discusión en el Comité de Medio Ambiente y Energía de la Cámara de Representantes. Impulsado por la senadora Liz Lovelett (D-Anacortes) y la representante Liz Berry (D-Seattle), el proyecto busca responsabilizar a los productores de envases y papel, estableciendo estándares más estrictos para la gestión de residuos.
De acuerdo con datos de los demócratas del Senado, el 58% de las jurisdicciones de Washington ya cuentan con servicios de reciclaje en la acera. Sin embargo, más de la mitad de los envases plásticos, de vidrio y los materiales de papel aún terminan en vertederos, lo que subraya la necesidad de un enfoque más eficiente y sostenible. Con esta legislación, los productores deberán formar una organización dedicada a financiar y gestionar un programa de reciclaje a nivel estatal antes de 2026.
El Departamento de Ecología supervisará el programa y se encargará de regularlo, financiándose mediante tarifas anuales que deberán cubrir los productores. Además, para garantizar resultados, se requerirá la presentación de planes estratégicos cada cinco ańos a partir de 2028, detallando objetivos específicos de reducción de residuos y mejora del reciclaje. Según la representante Berry, este proyecto busca no solo promover la transparencia, sino también garantizar que los productos se empaquen y reciclen de manera responsable.
El proyecto de ley también se basa en experiencias previas de estados como Maine, Oregón, California, Colorado y Minnesota, donde legislaciones similares ya han sido aprobadas con éxito. Sin embargo, Washington tiene un historial complicado, pues iniciativas de este tipo no han logrado prosperar en el pasado. Esta vez, los legisladores confían en que la urgencia medioambiental impulsará su aprobación.
La discusión sobre esta propuesta continuará en los próximos días, en medio de un llamado a la acción para que productores y consumidores se comprometan con la reducción de desechos y la protección del medio ambiente. Si se aprueba, la ley entraría en vigor a partir de 2026, marcando un paso importante hacia un sistema más sostenible y eficiente.
