Última actualización el 14 de noviembre de 2024
Washington D.C. – El martes 19 de marzo, la corte suprema de Estados Unidos autorizó a los funcionarios de Texas para encarcelar y procesar a migrantes sospechosos de cruzar la frontera sur del país sin autorización. Esta decisión da paso a la aplicación de la ley estatal de inmigración conocida como SB4, a pesar de las objeciones presentadas por la administración Biden, que ha calificado esta medida como inconstitucional.
Al rechazar una solicitud presentada por el departamento de justicia, el tribunal supremo permitió que la controvertida ley de Texas entrara en vigor mientras la corte de apelaciones del quinto circuito de Estados Unidos evalúa la legalidad de la medida. La SB4, aprobada por la legislatura de Texas el año pasado, penaliza la migración no autorizada a nivel estatal, convirtiendo el acto de ingresar a Estados Unidos fuera de un puerto de entrada en un delito estatal.
La decisión del tribunal superior ha generado un debate sobre el equilibrio de poder federal-estatal en materia de inmigración. Mientras que la administración Biden y los jueces liberales han expresado preocupaciones sobre la constitucionalidad y las implicaciones de esta ley, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha defendido la SB4 como una medida necesaria para combatir la inmigración ilegal.
La SB4 faculta a los funcionarios de Texas para detener, encarcelar y procesar a migrantes por cargos de entrada y reentrada ilegal, así como para ordenar su retorno a México como alternativa a continuar con su procesamiento. Esta medida ha sido criticada por su impacto potencial en las relaciones exteriores y en los esfuerzos federales de aplicación de la ley.
La decisión de la Corte Suprema refleja la división ideológica dentro del tribunal, con los jueces conservadores respaldando la implementación de la SB4 y los jueces liberales expresando preocupaciones sobre sus posibles consecuencias negativas. La SB4 continuará siendo objeto de escrutinio mientras se desarrollan los procedimientos legales y las disputas sobre su constitucionalidad.
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