Seattle, WA — Una jueza federal emitió este miércoles 7 de mayo una orden de restricción temporal que impide a la administración Trump imponer nuevas condiciones no autorizadas a subvenciones previamente aprobadas. La decisión protege millones de dólares destinados a servicios esenciales como el transporte público y la atención a personas sin hogar en King County y otras siete jurisdicciones del país.
La medida responde a la demanda presentada el lunes 5 de mayo por King County y una coalición de gobiernos locales, incluyendo los condados de Pierce y Snohomish, además de San Francisco, Santa Clara (California), Columbus (Ohio), Boston y la ciudad de Nueva York. La querella denuncia que las condiciones impuestas por los Departamentos de Vivienda (HUD) y Transporte (FTA) son inconstitucionales y buscan forzar a las autoridades locales a eliminar programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), además de adoptar posiciones contrarias a leyes y valores locales.
En marzo, el secretario de Vivienda, Scott Turner, publicó en X que los nuevos requisitos para recibir fondos federales contra la falta de vivienda incluían no “promover DEI, imponer ‘ideología de género’, apoyar el aborto, subsidiar la inmigración ilegal ni discriminar a grupos religiosos”. Por su parte, el secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió en una carta del 24 de abril que perseguir metas de equidad podría considerarse “discriminación” y exigió a las agencias locales cooperar con la aplicación de leyes migratorias federales.
“King County celebra que la jueza Rothstein haya concedido esta orden de restricción temporal, reconociendo la urgencia de nuestro reclamo,” afirmó la ejecutiva del condado, Shannon Braddock. “Este fallo es un primer paso positivo en nuestra lucha contra los abusos de poder federal. Continuaremos defendiendo a nuestras comunidades y los servicios fundamentales que dependen de estos fondos.”
Con esta medida judicial, King County podrá avanzar con los acuerdos de subvención sin acatar condiciones que contradicen sus leyes, compromisos con la equidad o protección a comunidades vulnerables. El tribunal evaluará próximamente una solicitud de orden judicial preliminar que podría extender esta protección mientras se resuelve el caso en los tribunales.
