Última actualización el 14 de noviembre de 2024
Olympia, WA – La corte suprema del estado de Washington dictaminó que el fiscal general Bob Ferguson tiene amplia autoridad para emprender acciones legales en defensa de los derechos civiles y constitucionales de los habitantes del estado.
De acuerdo con un comunicado de prensa emitido el jueves 20 de junio por la oficina Bob Ferguson, la decisión permite al fiscal general impugnar un patrón de desalojos ilegales llevado a cabo por la policía en la ciudad de Sunnyside. La demanda presentada por Ferguson alega que Sunnyside abusó del programa de vivienda de alquiler libre de crimen al desalojar a inquilinos sin una orden judicial, por acusaciones infundadas de delitos o molestias. Vale la pena destacar que en el comunicado se indica que estos desalojos afectaron principalmente a latinos, mujeres y familias con niños.
De acuerdo con la oficina de Ferguson la demanda busca detener las prácticas policiales ilegales y obtener una compensación para los residentes desalojados injustamente. Ferguson presentó la denuncia en febrero de 2020, señalando que el departamento de policía de Sunnyside utilizó el programa para desalojar a inquilinos sin el debido proceso y de manera discriminatoria.
La investigación ha documentado al menos 123 casos en los que la policía de Sunnyside hizo cumplir la ordenanza local contra inquilinos, resultando en desalojos ilegales de al menos 43 personas, principalmente latinos, mujeres o familias con niños. El programa ha estado en funcionamiento durante años, lo que pone en riesgo a los 16,000 residentes de Sunnyside que alquilan sus viviendas. La Oficina del Procurador General instó repetidamente a la ciudad a modificar el programa para cumplir con las leyes estatales y federales, pero la ciudad no actuó en consecuencia.
Ferguson afirmó que la ciudad de Sunnyside y sus funcionarios llevaron a cabo los desalojos ilegales bajo el pretexto de hacer cumplir el programa de vivienda de alquiler libre de crimen. La ley establece que una ordenanza local no puede anular las leyes estatales y federales de derechos civiles. Los agentes de policía deben cumplir con las constituciones federales y estatales, así como con la ley federal de vivienda justa y la ley de Washington contra la discriminación.
Entre los casos documentados se encuentra el de una latina embarazada y madre de tres hijos, desalojada tras una pelea en el estacionamiento de su edificio, a pesar de no enfrentar cargos penales. Otro caso involucra a una madre, una abuela y siete hijos, desalojados sin orden judicial tras rechazar insinuaciones sexuales del propietario. Un tercer caso menciona a una pareja desalojada sin procedimientos judiciales ni cargos penales, siendo forzada a abandonar la ciudad en menos de un día. La oficina de Ferguson continúa trabajando en nombre de los residentes de Washington para detener estas prácticas ilegales y proteger sus derechos.
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