TRI-CITIES, WA — La mitad de las 132 personas arrestadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la región de Tri-Cities, entre enero de 2025 y julio de 2026, no tenía antecedentes penales ni cargos criminales pendientes registrados, según una investigación publicada el domingo 18 de octubre por el Tri-City Herald.
El análisis, realizado por la periodista Nicol León, se basa en registros federales obtenidos mediante procesos judiciales y recopilados por el Deportation Data Project.
Los resultados muestran que las operaciones migratorias en esta región del este de Washington no se han limitado a personas con antecedentes delictivos, pese a que la administración Trump ha destacado la detención de delincuentes como una de sus prioridades.
De los 132 arrestos documentados, ICE clasificó a 66 personas, equivalentes al 50%, como individuos con infracciones migratorias, pero sin condenas ni acusaciones penales pendientes registradas.
Otras 54 tenían condenas y 12 enfrentaban cargos criminales pendientes.
Entre las 54 personas con condenas, al menos 45 tenían antecedentes por delitos no violentos, de acuerdo con la investigación.
Es importante distinguir entre una infracción migratoria y un delito penal
Una persona puede enfrentar un procedimiento de deportación por incumplir las leyes migratorias sin haber cometido un delito criminal. Asimismo, la existencia de cargos pendientes no significa que una persona haya sido declarada culpable.
Richland concentra la mayoría de los arrestos
Los registros de ICE muestran que Richland encabezó la lista de ciudades con 72 arrestos durante el período analizado, seguida de Pasco con 36, Kennewick con 22 y Benton City con dos.
Los ciudadanos mexicanos representaron aproximadamente el 54% de las personas arrestadas, una proporción significativa en una región donde la población latina tiene una presencia importante en la agricultura y otras actividades económicas.
Otro dato relevante es el lugar donde ocurrieron las detenciones. De los arrestos cuyo método pudo identificarse, 99 se realizaron fuera de centros de detención, lo que indica que una parte considerable de las operaciones ocurrió en la comunidad y no mediante transferencias desde cárceles.
Las detenciones también afectan la estabilidad económica de las familias
Más allá de las cifras, la investigación del Tri-City Herald documenta las consecuencias económicas que enfrentan algunas familias después de que ICE detiene a uno de sus integrantes.
Cuando la persona arrestada es el principal sostén económico del hogar, la pérdida repentina de ingresos puede dificultar el pago del alquiler, los servicios básicos y otros gastos esenciales.
El periódico documentó el caso de una familia que terminó perdiendo su vivienda después de una detención migratoria.
Estas consecuencias plantean interrogantes sobre la disponibilidad de asistencia económica, asesoría legal y apoyo comunitario para los hogares afectados.
Sin embargo, los registros analizados no permiten determinar cuántas familias de Tri-Cities han perdido ingresos o vivienda como consecuencia directa de las detenciones.
Traslados fuera de la región complican el contacto con familiares
La investigación también señala las dificultades que enfrentan las familias cuando las autoridades migratorias trasladan a las personas detenidas fuera de Tri-Cities.
Las autoridades migratorias trasladan inicialmente a algunos inmigrantes a centros de detención en Tacoma y posteriormente a otros estados.
Estos movimientos pueden complicar las visitas familiares, la comunicación con abogados y el seguimiento de los procedimientos migratorios. Y es particularmente difícil cuando los familiares carecen de recursos para viajar.
Para las familias que permanecen en Tri-Cities, la distancia puede convertirse en una barrera adicional durante un proceso legal que ya implica incertidumbre.
Organizaciones ofrecen asistencia a familias afectadas
La Tri-Cities Immigrant Coalition ha comenzado a ofrecer ayuda económica de emergencia a familias que cumplen sus requisitos, con aportaciones únicas de entre $200 y $800, según explicó Sonee Wilson al Tri-City Herald.
Wilson relató el caso de un padre de familia detenido durante una parada de tránsito en el este de Pasco. Después de perder su principal fuente de ingresos, su esposa e hijos fueron desalojados y tuvieron que trasladarse a un refugio.
La Red de Solidaridad con Inmigrantes de Washington (WAISN) también recibió reportes de familias que enfrentan dificultades para pagar alimentos y vivienda tras una detención.
Entre enero de 2025 y julio de 2026, la organización recibió 81 llamadas procedentes del condado de Benton y otras 81 del condado de Franklin. Durante ese período, recibió reportes directos de 20 detenciones en Tri-Cities. Estas cifras no representan necesariamente todos los arrestos ocurridos en la región.
El Northwest Immigrant Rights Project también presta servicios legales de inmigración a personas de bajos ingresos en los condados de Benton y Franklin.
Si detecta algún error en esta información, escríbanos a: info@latinoherald.com