A menos de un mes de las elecciones legislativas en Estados Unidos, las posibles restricciones a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han generado dudas sobre un cambio de estrategia del gobierno de Donald Trump.
Las instrucciones contradictorias a los agentes, las nuevas reglas para realizar operativos y el creciente rechazo a las deportaciones plantean una pregunta: ¿está la Casa Blanca intentando reducir el impacto electoral de su política migratoria?
Por ahora, no hay evidencia de una suspensión general —ni siquiera parcial— de las detenciones de ICE.
Sin embargo, los reportes muestran tensiones internas sobre las prioridades de arresto y cambios en algunas tácticas
Las órdenes contradictorias sobre las detenciones de ICE
El 26 de septiembre, el medio conservador The Daily Wire informó que agentes migratorios habían recibido instrucciones verbales para suspender temporalmente los arrestos de personas sin condenas ni cargos penales.
La medida también habría incluido las llamadas detenciones colaterales, que ocurren cuando los agentes arrestan a personas que encuentran durante un operativo dirigido contra alguien más.
“Están tratando de calmar las cosas antes de las elecciones”, declaró al medio un agente que solicitó el anonimato.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó que existiera esa suspensión y aseguró que ninguna persona quedaba excluida de posibles arrestos.
Dos días después, The Daily Wire publicó que los agentes habían recibido nuevas instrucciones para continuar las detenciones de personas sin antecedentes penales.
Un funcionario de la Casa Blanca confirmó al medio que algunos oficiales habían recibido las órdenes iniciales, pero atribuyó la situación a una confusión sobre las prioridades de arresto.
Tom Homan, responsable de la política fronteriza de la administración, sostuvo ante NewsNation que ICE continuaría dando prioridad a los delincuentes considerados más peligrosos, aunque aclaró que las personas sin antecedentes también podían ser detenidas.
El vicepresidente J. D. Vance explicó que esa prioridad respondía a los recursos disponibles y no representaba un cambio en la política de deportaciones.
Homan insistió posteriormente, durante una entrevista del 29 de septiembre con Fox Across America, en que la política migratoria seguía sin modificaciones.
La mayoría de los detenidos por ICE no tenía antecedentes penales
Las estadísticas disponibles muestran una diferencia entre el discurso oficial y las personas afectadas por los operativos.
Un análisis del Deportation Data Project, publicado el 8 de septiembre con registros de ICE, encontró que solo el 27 % de los arrestos que terminaron en detención durante julio correspondía a personas con antecedentes penales.
El resto no tenía condenas, aunque algunos podían enfrentar cargos pendientes. Los datos tampoco permiten determinar cuántas personas condenadas habían cometido delitos violentos.
Los investigadores identificaron además un aumento de arrestos durante junio y julio, incluso cuando la agencia reducía algunos de sus despliegues más visibles.
Esto indica que una menor presencia de grandes redadas no necesariamente significa menos detenciones.
No obstante, las cifras corresponden a un período anterior a las instrucciones de finales de septiembre. Todavía se necesitan registros posteriores para establecer si los arrestos disminuyeron.
Nuevas restricciones para las operaciones vehiculares
Un memorando del 30 de septiembre, obtenido por The Associated Press (AP), establece restricciones concretas para los agentes de inmigración.
El documento prohíbe perseguir vehículos cuyos conductores no se detengan y limita las intervenciones vehiculares a oficiales con capacitación específica.
También exige utilizar cámaras corporales y vehículos identificables mediante luces y sirenas.
Estas medidas modifican ciertos procedimientos operativos, pero no eliminan la facultad de ICE para realizar arrestos migratorios.
Las encuestas muestran un creciente rechazo a la política migratoria de Trump
La cercanía de las elecciones no demuestra que los cambios respondan a motivos electorales. Sin embargo, varios sondeos reflejan un desgaste político.
Una encuesta de AP-KFF encontró que aproximadamente un tercio de los votantes rurales considera que las políticas migratorias de Trump han perjudicado a sus comunidades.
Otro estudio de AP-NORC, realizado en septiembre, reveló que el 55 % de los adultos estadounidenses considera que el presidente ha ido demasiado lejos con las deportaciones o las restricciones a la inmigración legal.
El rechazo también se observa entre los votantes latinos.
Una encuesta nacional de NBC News/Telemundo, realizada entre el 21 y el 28 de septiembre, encontró que solamente el 27 % de los votantes hispanos aprueba la gestión presidencial, mientras que el 69 % la desaprueba.
El descontento abarca distintas áreas: el 69 % desaprueba su manejo de la inmigración, el 74 % su gestión económica y el 78 % las medidas relacionadas con el costo de vida.
Además, dos tercios consideran que el control migratorio ha ido demasiado lejos.
La encuesta también muestra una diferencia importante: el 83 % apoya deportar a inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos graves, pero solo el 37 % respalda deportar a todos los indocumentados.
La combinación del descontento económico y las críticas a las deportaciones podría afectar las posibilidades del partido de conservar el control del Congreso.
¿Volverán a intensificarse las redadas de ICE después de las elecciones?
La posibilidad de que las restricciones sean temporales sigue abierta.
En un editorial publicado el lunes, The Washington Post señaló que la agencia parece estar adoptando un perfil menos visible antes de las elecciones, pero advirtió que los operativos podrían intensificarse después de los comicios.
El periódico mencionó los planes de contratar 5,000 agentes adicionales como una señal de que la administración mantiene su intención de ampliar las operaciones migratorias.
Hasta ahora, las nuevas restricciones no representan una suspensión de la política de deportaciones. Tampoco existe evidencia suficiente para afirmar que el gobierno haya ordenado reducir los arrestos con fines electorales.
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