Cuatro sheriffs del estado de Washington presentaron una demanda contra el gobernador Bob Ferguson, la Legislatura y el estado, tras la aprobación de una nueva ley que vincula el ejercicio del cargo con la certificación policial estatal.
La disputa gira en torno a la ley SB 5974, firmada esta semana, que modifica los requisitos para ocupar puestos de liderazgo en agencias policiales. Los demandantes sostienen que la medida podría permitir la salida de un sheriff electo sin pasar por el voto popular, lo que, según alegan, afecta derechos constitucionales y la voluntad de los electores.
Qué establece la nueva ley SB 5974 en Washington
La nueva legislación introduce cambios para sheriffs, jefes de policía y otros mandos policiales en Washington. Entre otras cosas, exige mantener una certificación como agente del orden para continuar en funciones.
Además, fija requisitos mínimos para quienes aspiren a esos cargos. Entre ellos, se incluyen al menos cinco años de experiencia en las fuerzas del orden, una edad mínima de 25 años y una revisión de antecedentes.
Según el resumen de la medida publicado por la Legislatura Estatal Washington State Legislature, la norma también aclara qué ocurre si una autoridad policial pierde esa certificación estata.
Quiénes presentaron la demanda
La demanda fue presentada en el condado de Pend Oreille por cuatro sheriffs del este del estado:
- Glenn Blakeslee, sheriff del condado Pend Oreille
- John Nowels, sheriff del condado Spokane
- Brad Manke, sheriff del condado Stevens
- Ray Maycumber, sheriff del condado Ferry
Los funcionarios argumentan que la nueva ley crea un mecanismo para apartar del cargo a un sheriff electo sin recurrir a una elección revocatoria.
En otras palabras, sostienen que la norma traslada una decisión política y electoral a un proceso administrativo ligado a la certificación profesional.
El centro del conflicto: certificación policial y cargo electo
Antes de esta reforma, la ley estatal no definía con claridad qué ocurría si un sheriff o jefe policial perdía su certificación.
En Washington, todos los agentes del orden deben estar certificados por la Comisión de Capacitación en Justicia Penal (CJTC), la agencia encargada de la formación y certificación policial en el estado (CJTC).
De acuerdo con el Seattle Times, aunque la comisión no “destituye” directamente a un funcionario, sí puede revocar su certificación por mala conducta. Bajo la nueva ley, perder esa certificación podría abrir la puerta a una vacante en el cargo.
Ese punto es, precisamente, uno de los ejes de la demanda.
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Lo que alegan los sheriffs en la demanda
Los demandantes piden al tribunal una orden judicial preliminar para impedir que la ley entre en vigor mientras se resuelve el caso.
También solicitan que la corte declare que partes de la norma violan la Primera Enmienda, la Decimocuarta Enmienda y disposiciones de la Constitución estatal.
Entre sus argumentos, señalan que la ley modifica quién puede competir por el cargo, quién puede asumirlo y quién puede conservarlo. Además, cuestionan un requisito que obliga a los candidatos a firmar una declaración jurada afirmando que cumplen con las condiciones para postularse.
Sus abogados también sostienen que el lenguaje de la ley no ofrece una notificación clara sobre qué conductas podrían impedir a una persona postularse o continuar en el puesto.
Qué dicen los promotores de la ley
El senador estatal John Lovick, demócrata de Mill Creek y principal impulsor del proyecto, había defendido previamente la medida como una forma de igualar las reglas entre los agentes de base y sus superiores.
La legislación, además, se presentó como una actualización a normas que durante años dejaron vacíos sobre los estándares de elegibilidad y supervisión para altos mandos policiales.
De acuerdo con el historial oficial del proyecto, la ley fue aprobada por la Legislatura y firmada por el gobernador como parte de la sesión legislativa de 2026 (Washington State Legislature – historial del proyecto).
La postura de Bob Ferguson y el estado
Hasta ahora, el gobernador Bob Ferguson no ha comentado directamente sobre el fondo del litigio.
Según reportes públicos posteriores a la firma, Ferguson reconoció que tenía algunas reservas sobre el proyecto antes de convertirlo en ley, aunque finalmente decidió aprobarlo tras conversaciones con sus promotores.
Por su parte, la oficina del fiscal general del estado indicó que ya revisa la demanda, pero no ofreció más detalles sobre el proceso judicial.
Lo que sigue en el caso
La audiencia sobre las primeras mociones del caso está programada para el 16 de abril.
Mientras tanto, el litigio abre una discusión más amplia sobre el equilibrio entre la rendición de cuentas policial, los requisitos profesionales para ocupar cargos de autoridad y el peso del voto popular en posiciones electas como la de sheriff.
¿Por qué es importante este caso?
El caso podría definir hasta dónde puede llegar el estado al imponer requisitos de elegibilidad y permanencia para funcionarios policiales electos. También podría sentar un precedente sobre la relación entre la certificación policial, la supervisión estatal y la autonomía de los votantes a nivel local.
¿La ley ya está vigente?
La ley ya fue firmada, pero los demandantes buscan frenarla temporalmente mientras avanza el juicio. Si el tribunal concede la medida cautelar, algunas disposiciones podrían quedar suspendidas de forma provisional.
¿Qué está en juego para los votantes?
La disputa no solo afecta a sheriffs y autoridades policiales. También plantea una pregunta de fondo: si una autoridad electa puede perder el cargo por una decisión administrativa, o si esa decisión debe quedar exclusivamente en manos de los votantes.
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