Personas hacen fila frente al Tribunal de Inmigración en octubre de 2025, en San Francisco. (Foto de AP/Jeff Chiu)
Personas hacen fila frente al Tribunal de Inmigración en octubre de 2025, en San Francisco. (Foto de AP/Jeff Chiu)

Muchas familias están quedando atrapadas en el sistema migratorio de Estados Unidos después de pagar tarifas migratorias por procesos que el gobierno no está resolviendo. El problema afecta tanto a inmigrantes legales como a ciudadanos estadounidenses que patrocinan a sus familiares.

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Según el análisis del Instituto CATO, la administración federal sigue cobrando dinero por visas de inmigrante, permisos de trabajo, ajustes de estatus y otros trámites, aunque varios de esos casos están detenidos sin fecha clara de respuesta.


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Qué está pasando con las tasas migratorias

La crítica no habla solo de demoras. Según este señalamiento, las agencias reciben solicitudes, cobran las tarifas y luego dejan muchos expedientes en pausa. En algunos casos, incluso se acusa al gobierno de no avisar con claridad a los solicitantes que su trámite está bloqueado por nuevas restricciones.

Por eso, quienes cuestionan estas medidas dicen que no se trata solo de una política dura, sino de un sistema que cobra por servicios que después no presta.

Las políticas que estarían frenando los trámites

Restricciones para personas de 40 países

Una de las medidas más señaladas es la proclamación presidencial que restringe la entrada legal y la mayoría de las visas para ciudadanos de 40 países, incluidos territorios palestinos. Esa facultad se apoya en la sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que puede consultarse en el texto oficial del INA del Congreso de EE.UU..

Entre los países mencionados están Cuba, Venezuela, Nigeria, Irán y Haití, todos con peso importante en la migración legal hacia Estados Unidos.

Suspensión de beneficios para personas ya presentes en EE.UU.

Otra medida habría extendido el freno a personas que ya están dentro del país. Eso incluiría trámites como permisos de trabajo, solicitudes de residencia permanente y otros beneficios migratorios.

Según la denuncia, esta política también alcanza a personas que llevan años viviendo en Estados Unidos y que dependen de esos documentos para trabajar, viajar o ajustar su estatus.

Pausa en visas de inmigrante para 75 países

Además, el Departamento de Estado habría congelado solicitudes de visa de inmigrante para ciudadanos de 75 países. La justificación pública sería que algunos grupos usan más ayuda social que otros.

Sin embargo, los críticos dicen que la ley no permite bloquear a personas por nacionalidad de forma general. La información oficial sobre visas está disponible en el portal del Departamento de Estado de EE.UU..


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Por qué esta justificación genera dudas

La regla de carga pública se supone que debe revisarse caso por caso. No fue creada para cerrar la puerta a nacionalidades enteras.

Además, casi todas las personas que piden una visa de inmigrante deben probar que pueden mantenerse económicamente. En muchos casos, también tienen un patrocinador que promete respaldo financiero.

Por eso, la crítica principal es que el gobierno estaría cobrando tasas migratorias mientras deja los casos congelados sin una revisión real.

Cuántas personas habrían quedado afectadas

La combinación de estas políticas habría cerrado el acceso a ciudadanos de 92 países, incluida Palestina. Según las cifras citadas en el análisis, más de 320 mil personas que esperaban una visa de inmigrante desde el extranjero quedaron bloqueadas.

Si se suman quienes ya estaban dentro del país intentando ajustar su situación, la cifra podría llegar a 561 mil posibles residentes permanentes legales.

A esto también se suma la lotería de visas de diversidad. Aunque el programa sigue aceptando pasos del proceso, el propio gobierno ha indicado que no está emitiendo esas visas. La información oficial puede verse en la página del Diversity Visa Program.

Cuánto dinero habría recibido el gobierno

El costo de los trámites migratorios

Migrar legalmente a Estados Unidos no es barato. Para casi cualquier trámite hay que pagar. Y cuando se trata de procesos familiares, los costos suben rápido.

Por ejemplo, un ciudadano estadounidense que quiere pedir a su cónyuge puede terminar pagando miles de dólares entre la solicitud inicial, el ajuste de estatus y el permiso de trabajo.

El cuestionamiento es claro: si el gobierno acepta esos pagos, debería procesar los casos o dar una respuesta formal, no dejarlos congelados.

La estimación de más de mil millones de dólares

El cálculo presentado sostiene que unas 2 millones de solicitudes afectadas por estas medidas habrían generado más de mil millones de dólares en tarifas migratorias.

La mayor parte de ese dinero vendría de trámites ligados a permisos de trabajo, residencia permanente y visas de inmigrante, que son clave para quienes buscan vivir legalmente en el país.

Qué grupos aparecen entre los más golpeados

Los cubanos encabezan la lista de los grupos más afectados, con casi un millón de solicitudes y un costo estimado de 543 millones de dólares.

Después aparecen los venezolanos, con unas 239 mil solicitudes y alrededor de 138 millones de dólares en tarifas. También figuran entre los más afectados solicitantes de Nigeria, Afganistán, Haití e Irán.

Esto muestra que el golpe recae con fuerza sobre nacionalidades que ya tenían una vía activa de migración legal hacia Estados Unidos.

Qué piden quienes critican estas medidas

Quienes cuestionan estas políticas dicen que el gobierno debe retomar el procesamiento de solicitudes y revisar cada expediente con base en la ley, no en la nacionalidad.

También sostienen que, si una persona no cumple con los requisitos, el gobierno puede negarle el beneficio. Lo que no debería hacer, afirman, es quedarse con el dinero y no resolver el trámite.

¿Por qué esto preocupa tanto a las familias?

Porque detrás de cada expediente detenido hay familias separadas, permisos pendientes, procesos de reunificación frenados y personas que pagaron esperando una respuesta justa.

En otras palabras, no es solo un tema de oficina. También tiene un efecto humano, económico y legal.


¿Qué significa esto para los patrocinadores estadounidenses?

Para muchos ciudadanos o residentes que hacen peticiones familiares, el problema también pega al bolsillo. Ellos pagan tarifas oficiales para iniciar un proceso migratorio, no para que el caso quede guardado sin avance.

Por eso, el debate no es solo sobre inmigración. También toca temas de transparencia, trato justo y uso correcto de fondos públicos.

¿Qué podrían hacer las personas afectadas?

Todo depende del tipo de caso y del país de origen. Aun así, las personas afectadas pueden revisar el estado de sus expedientes con USCIS o consultar la información consular oficial antes de pagar nuevas tarifas o acudir a entrevistas.

Es importante guardar recibos, avisos y documentos del trámite para tener un registro completo.

¿Por qué se habla de un fraude de mil millones de dólares?

Porque la acusación central dice que el gobierno cobró tasas migratorias por millones de solicitudes que, bajo estas políticas, no estaría procesando de forma normal.


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