Una mujer de Kent condenada por fraude recibió una pena federal tras fingir una discapacidad durante años. El caso expone cómo se desviaron fondos destinados a veteranos con necesidades reales.

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Detalles del fraude al Departamento de Asuntos de Veteranos

La Fiscalía del Distrito Oeste del Estado de Washington, indicó el martes 17 de marzo, que la acusada, Kelly M. Lee-Carroll, de 58 años, fue sentenciada a 17 meses de prisión en el Tribunal de Distrito en Seattle.


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Durante el proceso, el tribunal determinó que ejecutó un fraude prolongado que superó el millón de dólares en beneficios provenientes del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA). Para ello, afirmó que no podía caminar ni cuidarse por sí misma.

Sin embargo, la investigación comprobó que sí podía movilizarse con normalidad. Incluso realizó viajes internacionales y adquirió una vivienda adicional en Las Vegas.

Cómo operaba el esquema fraudulento

Reclutamiento familiar y falsos cuidadores

La acusada involucró a su hijo y a su hermana en el plan. Ambos fueron registrados como cuidadores para recibir pagos del VA.

Mientras afirmaban atenderla, en realidad mantenían otros empleos. En varios casos, la mujer se encontraba fuera del país o viajando dentro de Estados Unidos sin asistencia.

Declaraciones falsas sobre discapacidad

Lee-Carroll declaró que estaba postrada en cama y que necesitaba una silla de ruedas. También aseguró tener parálisis en extremidades.

No obstante, las autoridades concluyeron que podía usar sus manos y desplazarse sin ayuda. Estas inconsistencias fueron clave para demostrar el fraude en beneficios de discapacidad.

Sentencias adicionales y restitución

El fraude al Departamento de Asuntos de Veteranos generó pérdidas superiores a 1,1 millones de dólares.

Como resultado:

  • La acusada deberá pagar $932.142 dólares en restitución.
  • Su hijo fue condenado a 14 meses de prisión y deberá devolver $282.698 dólares.
  • Su hermana recibió libertad supervisada y una orden de restitución de $293.787 dólares.

Todos se declararon culpables de conspiración para robo de propiedad gubernamental y fraude al sector salud.

Inicio del esquema

Los documentos judiciales indican que el fraude comenzó en 2012 y se extendió hasta 2024. Durante ese periodo, la acusada recibió pagos mensuales que superaban los 11.000 dólares.

Aunque calificaba para ciertos beneficios, no tenía derecho al monto total recibido.

Su estilo de vida

Según los fiscales, los fondos obtenidos mediante engaño se usaron para adquirir propiedades, vehículos, viajes internacionales y actividades recreativas como apuestas.


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Investigación y proceso judicial

El caso fue investigado por la Oficina del Inspector General del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA-OIG). La fiscal federal Yunah Chung lidera el proceso judicial.

Las autoridades destacaron que continuarán persiguiendo delitos relacionados con el uso indebido de fondos públicos.

Veteranos afectados por fraude sostenido y planificado

El juez federal James L. Robart señaló que la conducta representó una traición a la confianza de otros veteranos. Además, subrayó que el esquema fue intencional y sostenido en el tiempo.

Por su parte, el fiscal Charles Neil Floyd calificó el caso como grave, ya que los fondos debían destinarse a atención médica y cuidadores legítimos.

Impacto del fraude en los programas para veteranos

Este caso resalta cómo el fraude al Departamento de Asuntos de Veteranos afecta directamente a quienes dependen de estos recursos.

Las autoridades recalcan que estos beneficios están diseñados para veteranos con discapacidades severas. Desviarlos reduce la disponibilidad de apoyo para quienes realmente lo necesitan.

Además, este tipo de delitos puede investigarse bajo normas federales. Más información sobre estos procesos está disponible en el Departamento de Justicia de Estados Unidos.


¿Qué agencias participaron en la investigación?

Participaron investigadores del VA-OIG y fiscales federales del Distrito Oeste del Estado de Washington.

¿Por qué este caso es relevante?

El caso envía un mensaje claro sobre las consecuencias del fraude en programas públicos. También refuerza la supervisión de los beneficios para veteranos.

¿Qué penas enfrentan quienes cometen este tipo de fraude?

Las sanciones pueden incluir prisión, restitución económica y antecedentes penales federales, dependiendo de la gravedad del delito.


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