Cómo el fraude de seguros avanza hacia una nueva definición estatal
El Senado de Washington recientemente aprobó por unanimidad una propuesta para actualizar la forma en que el estado combate el fraude de seguros. La iniciativa, impulsada por la Comisionada de Seguros Patty Kuderer, busca modernizar herramientas de investigación y fortalecer la respuesta ante esquemas complejos que afectan a consumidores y aseguradoras.
Qué cambios introduce el proyecto de ley 6031
El Proyecto de Ley del Senado 6031 mantiene la clasificación del fraude de seguros como delito grave de clase B. Sin embargo, amplía y precisa los actos que pueden ser procesados. Entre ellos se incluyen cobrarpor servicios que no existen, usar la identidad de otra persona para solicitar reclamos y quedarse con pagos destinados a primas o al financiamiento de pólizas.
Herramientas modernas para investigaciones especializadas
La Unidad de Investigaciones Criminales de la Oficina del Comisionado de Seguros, creada en 2006, operaba bajo parámetros que no se habían actualizado. Kuderer explicó que la medida proporciona instrumentos acordes con prácticas delictivas actuales, lo que permitirá concentrarse en esquemas sofisticados y no en estafas menores.
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Impacto económico y alcance para consumidores
De acuerdo con un comunicado emitido por la Oficina del Comisionado de Seguros del Estado de Washington, el fraude de seguros genera pérdidas millonarias. Estimaciones nacionales calculan que este delito provoca un costo anual de 300 mil millones de dólares, cifra que termina reflejada en primas más altas para los asegurados. La legislación busca reducir ese impacto al ampliar quiénes pueden ser reconocidos como víctimas.
Nuevos grupos considerados como víctimas
La propuesta extiende la categoría de “víctimas de fraude de seguros” a consumidores y beneficiarios. Este cambio permitiría que personas afectadas puedan acceder a indemnización penal en situaciones donde el fraude perjudica sus intereses directos.
Obligaciones de reporte y participación de más sectores
El proyecto también amplía las entidades que deben informar sobre sospechas de fraude. A reguladores de profesiones de la salud y servicios financieros se suman ahora agencias policiales y organismos de seguridad pública. Con ello se pretende mejorar la detección temprana de prácticas ilícitas.
Próximos pasos para la iniciativa
Tras la aprobación unánime en el senado, la propuesta pasará a la cámara de representantes. Ahí continuará el proceso legislativo antes de convertirse en ley estatal. La medida forma parte de los esfuerzos del estado para reforzar la protección al consumidor y actualizar normas frente a delitos económicos de alto impacto.
¿Qué delitos abarca actualmente fraude de seguros?
Incluye facturar servicios no prestados, suplantar identidades o apropiarse de pagos destinados a pólizas o financiamiento de primas.
¿Por qué se busca actualizar la legislación sobre fraude?
El objetivo es dotar a la unidad investigadora de herramientas modernas que permitan enfrentar esquemas más complejos y proteger a los consumidores.
¿Qué sigue después de la aprobación en el Senado?
El proyecto pasa a la cámara de representantes, donde continuará el proceso legislativo antes de una posible implementación estatal.
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