Las autoridades federales de inmigración están afirmando un alcance mucho más amplio para ingresar por la fuerza a viviendas sin una orden firmada por un juez, de acuerdo con un memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) obtenido por The Associated Press. El documento marca un cambio significativo frente a directrices históricas diseñadas para respetar los límites constitucionales en los registros domiciliarios.
Nuevo criterio de ICE sobre entradas forzadas a domicilios
El memorando autoriza a los agentes de ICE a entrar a una residencia utilizando la fuerza únicamente con una orden administrativa de arresto, siempre que la persona tenga una orden final de deportación. Esta directriz elimina la exigencia de una orden judicial, lo que, según defensores legales, entra en conflicto directo con la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Especialistas en derecho migratorio advierten que esta política representa un giro drástico respecto a prácticas anteriores, en las que se reconocía que el ingreso a un hogar requería la autorización explícita de un juez.
Impacto en comunidades inmigrantes y asesoría legal previa
Durante años, organizaciones de defensa de inmigrantes, grupos de asistencia legal y gobiernos locales han recomendado a las personas no abrir la puerta a agentes migratorios sin una orden judicial válida. Esta orientación se basa en decisiones de la Corte Suprema, que establecen límites claros a las entradas sin consentimiento en viviendas privadas.
La nueva instrucción de ICE debilita directamente ese consejo, generando confusión y preocupación entre comunidades que históricamente han sido informadas sobre sus derechos constitucionales frente a operativos migratorios.
El memorando, que según medios fue firmado por el director interino del ICE, Todd Lyons, con fecha del 12 de mayo de 2025, dice:
Aunque el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) no ha dependido históricamente de órdenes administrativas para arrestar a extranjeros sujetos a órdenes finales de expulsión en su lugar de residencia, la Oficina del Asesor Jurídico del DHS ha determinado recientemente que la Constitución de los Estados Unidos, la Ley de Inmigración y Nacionalidad y las regulaciones de inmigración no prohíben el uso de órdenes administrativas para este fin.
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Aumento de arrestos bajo la política migratoria federal
El cambio ocurre mientras la administración Trump intensifica los arrestos migratorios a nivel nacional, desplegando miles de agentes como parte de una campaña de deportaciones masivas. Estas acciones ya están modificando las tácticas de cumplimiento de la ley en ciudades como Minneapolis/St.Paul. En las ciudades gemelas se ha reportado una presencia reforzada de agentes federales.
Expertos señalan que esta expansión operativa podría tener efectos duraderos en la relación entre autoridades federales y gobiernos locales así como en la percepción de seguridad de las familias inmigrantes.
Cuestionamientos constitucionales y reacciones legales
Abogados y defensores de derechos civiles sostienen que permitir entradas forzadas sin una orden judicial firmada podría abrir la puerta a impugnaciones legales. Aumentando el escrutinio de los tribunales federales. Argumentan que una orden administrativa no equivale a una autorización judicial y no cumple con los estándares establecidos para proteger la privacidad del hogar.
Para mayor contexto sobre los derechos constitucionales relacionados con registros y arrestos, se puede consultar información en:
- La Corte Suprema de Estados Unidos (SUPREME COURT))
- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
¿Qué es una orden administrativa de ICE y en qué se diferencia de una orden judicial?
Una orden administrativa es emitida por la propia agencia migratoria y no por un juez. A diferencia de una orden judicial, no ha sido revisada por un tribunal independiente.
¿Puede ICE entrar a una vivienda sin consentimiento del residente?
Según el memorando interno, ICE sostiene que puede hacerlo si existe una orden administrativa y una orden final de deportación. Aunque esta postura es cuestionada por abogados constitucionalistas.
¿Qué recomiendan los expertos legales ante esta política?
Especialistas sugieren informarse sobre los derechos constitucionales, buscar asesoría legal confiable y consultar recursos de organizaciones reconocidas como la AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION (ACLU).
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