Un proyecto de ley en la Legislatura del Estado de Washington propone ampliar las protecciones de privacidad y seguridad personal en escuelas, centros de cuidado infantil, instalaciones de salud, universidades y oficinas electorales, estableciendo límites claros a la actuación de agencias de control migratorio en estos espacios.
La iniciativa, identificada como SB 5906, también conocida como la Secure And Accountable Federal Enforcement Act (SAFE Act), se encuentra en revisión legislativa y ha generado atención por su alcance en áreas consideradas sensibles para la comunidad.
Qué establece la SB 5906 en Washington
La SB 5906 define reglas específicas sobre cuándo y cómo pueden ingresar agentes de inmigración a espacios no públicos, priorizando el uso de órdenes judiciales válidas y reforzando la confidencialidad de la información personal.
El objetivo central es proteger a residentes y familias, independientemente de su estatus migratorio, dentro de instituciones esenciales para la vida diaria.
Requisitos para el ingreso de agentes migratorios
Orden judicial como requisito obligatorio
El proyecto establece que oficiales de inmigración solo podrían acceder a áreas no públicas si presentan una orden judicial, subpoena judicial o orden de un tribunal.
Esto excluye el uso de órdenes administrativas, que no cuentan con la misma revisión judicial.
Esta disposición aplica a:
- Centros de educación inicial y guarderías
- Escuelas K-12
- Instituciones de educación superior
- Hospitales y clínicas
- Oficinas electorales
Impacto en escuelas y programas educativos
Limitaciones sobre recopilación y divulgación de datos
En el ámbito educativo, la SB 5906 prohíbe que personal escolar recopile información sobre estatus migratorio o ciudadanía de estudiantes y sus familias, salvo cuando la ley lo exija expresamente.
También restringe la entrega de registros educativos o datos personales a agencias de inmigración sin autorización judicial, en concordancia con leyes de privacidad educativa.
Además, se contempla que los distritos escolares informen a padres y tutores sobre el derecho a la educación pública, sin importar la situación migratoria, incorporando materiales de “conozca sus derechos” elaborados por la Fiscalía General del Estado de Washington.
Protecciones en centros de salud
Confidencialidad médica frente a control migratorio
La propuesta refuerza que proveedores de salud no pueden compartir información médica con fines de control migratorio, excepto cuando exista una obligación legal clara.
Asimismo, las áreas donde se brinda atención médica se consideran zonas no públicas, y el acceso por motivos migratorios requeriría una orden judicial específica.
Universidades y colegios: medidas adicionales
En el nivel de educación superior, la iniciativa impulsa políticas para:
- Limitar la divulgación de información personal de estudiantes y empleados
- Designar personal de contacto ante situaciones de operativos migratorios
- Notificar a la comunidad universitaria cuando se confirme presencia de agentes de inmigración, sin revelar datos identificables
También se promueve la difusión de recursos legales y orientación sobre derechos migratorios.
Oficinas electorales como áreas protegidas
Durante elecciones primarias, generales o especiales, los espacios donde se procesan y cuentan boletas serían clasificados como áreas no públicas, restringiendo el acceso de agentes migratorios sin orden judicial.
Esta medida busca garantizar la integridad del proceso electoral y la seguridad del personal y voluntarios.
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Qué es la SB 5906 y a quién aplica
La SB 5906 es un proyecto de ley estatal que establece límites a la actuación de agencias de inmigración en espacios sensibles y aplica a instituciones educativas, de salud y electorales en Washington.
ICE puede ingresar a escuelas o hospitales sin orden judicial
De acuerdo con la propuesta, no. El ingreso a áreas no públicas requeriría una orden judicial válida, no solo una orden administrativa.
El proyecto impide toda cooperación con autoridades federales
No. La iniciativa aclara que no bloquea el intercambio de información cuando lo exige la ley federal, pero sí eleva los estándares de protección y privacidad.
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